Una leyenda sobre un muro de la Facultad de Medicina en la capital de Uruguay bien puede ser considerada como una constante para todo el Mercosur: "Alerta, la policía está suelta".
El humor negro, utilizado tiempo atrás para rechazar la represión policial contra manifestaciones de estudiantes, cobró ahora vigencia ante una sucesión de hechos en la región, donde la policía está sentada en el banquillo de los acusados.
En Buenos Aires, la justicia comprobó que existió conexión policial en el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas de la revista Noticias, una publicación que estaba investigando una red de asaltos en balnearios de la costa atlántica argentina.
La revista habría descubierto que esa banda estaba integrada por policías y delincuentes comunes, que habrían decidido secuestrar y asesinar a Cabezas para amedrentar a la publicación.
El fotógrafo fue asesinado el 25 de enero y su cadáver abandonado dentro de un automóvil que incendiaron.
El periodista Raúl Kollmann, del diario Página 12 de Buenos Aires, puso en evidencia la intervención policial en numerosos hechos delictivos, al comentar las detenciones por el homicidio de Cabezas.
Estas "vuelven a demostrar que cuando una investigación se profundiza, encuentra, casi invariablemente, personal policial involucrado en uno o varios delitos, incluyendo el asesinato, el robo y el tráfico de drogas", dijo en una nota titulada "Como Dios, la (Policía) bonaerense está en todas partes".
La corrupción policial en Argentina se ha transformado en noticia de primera plana con inusual frencuencia. Pero en todos lados la justicia requiere pruebas para condenar a un acusado y éstas muchas veces no aparecen, porque la policía, auxliar de la justicia, es la encargada de aportarlas.
En Brasil no fue posible ocultarlas. Videos caseros grabados en los últimos días, pusieron en evidencia dos hechos de brutalidad policial que, emitidos por una cadena de televisión conmovieron a la opinión pública local e internacional.
Ciudadanos de San Pablo y Río de Janeiro fueron apaleados por integrantes de la Policía Militar y el gobierno asumió su responsabilidad.
La organización humanitaria Human Rights Watch/Américas dijo en Washington que las golpizas, los robos y los asesinatos cometidos por la policía militar son "demasiado comunes" en las ciudades de Brasil.
Ante estos hechos, la policía encubre sus propios crímenes mediante informes falsos en los que describe sus asesinatos como "tiroteos con peligrosos elementos criminales o mediante la alteración de pruebas físicas".
"Las unidades policiales con raras excepciones están contaminadas por la corrupción, el descontrol, la frustración y el menosprecio por la ley y la justicia", dijo Paul Aergio Pinheiro, del Núcleo de Estudios de la Violencia de la Universidad de San Pablo y consultor de las Naciones Unidas.
La situación no parece ser diferente en Uruguay. De acuerdo con datos oficiales, entre 1995 y 1996 casi dos por ciento de los funcionarios policiales fueron sometido a la justicia por una variedad de delitos que incluyen lesiones, atentado al pudor, violaciones, robo, encubrimiento y homicidio.
Muchos de los procesados continúan en servicio activo, ya que sus jerarcas no les iniciaron el sumario administrativo que prevén las normas vigentes, como comienzo para su destitución.
El ministro uruguayo del Interior, Didier Opertti, reconoció ante una comisión de diputados que muchos de esos funcionarios no tienen sumario, pero se negó a precisar esa situación, sucedida durante la gestión de sus predecesores.
Un informe de la revista Posdata de Montevideo señaló que la actual situación está generando un alto grado de desconfianza en los ciudadanos.
Según una encuesta mencionada por la publicación, 53 por ciento de los uruguayos "confía poco o nada en las fuerzas del orden" y un altísimo porcentaje -56 por ciento en la capital y 36 por ciento en el resto del país- entiene que la policía está erosionada por la corrupción.
En Uruguay un policía del menor grado del escalafón cobra 300 dólares y uno del grado más alto apenas supera los 1.000.
En Paraguay, pese al proceso de consolidación democrática inciado hace una década, la situación no es diferente. Diversas denuncias continúan vinculado a funcionarios policiales con maniobras de contrabando y narcotráfico.
Durante un "autoasalto" de 4,7 millones de dólares a una empresa transportadora de caudales cometido el año pasado se constató una negligente actuación policial que ni siquiera tomó huellas en el lugar de los hechos, dijeron informantes de IPS como ejemplo de la pasividad de los funcionarios.
Ante este panorama, el Consejo de Jefes Nacionales de Policía del Mercosur, Chile y Bolivia resolvió el día 5 en Uruguay gestionar antes los gobiernos el nombramiento de agregados policiales en embajadas o consulados de esos países en la región.
El Consejo, que lleva adelante un análisis doctrinario para crear una policía regional, aprobó un proyecto de reglamento de funcionamiento que regirá sus futuras actividades.
Una de las acciones considerada esencial es la de constituir "un órgano de asesoramiento específico" para los gobiernos con relación a la seguridad pública regional. (FIN/IPS/rr/ag/ip-he/97
