Los defensores del pueblo (ombudsman) de la Comunidad Iberoamericana coincidieron en reclamar justicia y desarrollo social para permitir una paz real y el respeto a derechos fundamentales de los ciudadanos.
Los derechos de las mujeres, los indígenas, los niños y los inmigrantes, así como los ataques a la paz y la convivencia ciudadana fueron los temas más destacados del II Congreso de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), clausurado el miércoles 16 por los reyes de España tras tres días de debates.
La FIO aprobó la "Declaración de Toledo" en la que, además de tratar temas específicos, llama a todos los Estados y organismos internacionales a que consideren a los Defensores del Pueblo como "sujetos activos" en la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Los reunidos en Toledo demandaron potestades para actuar en sus países como un "contrapoder" capaz de recibir, canalizar y respaldar las demandas de los ciudadanos que se consideren afectados por acciones de cualquiera de los tres poderes clásicos: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
El congreso recomnedó a todas las defensorías del pueblo y procuradorías latinoamericanas que trabajen para lograr la competencia de fiscalizar la administración de justicia, esencial para lograr "un respeto más profundo de los derechos fundamentales" de las personas.
Una consideración particular mereció a la FIO la situación de los inmigrantes.
Según estableció, los trabajadores extranjeros deben poder circular, vivir dignamente y ejercer sus derechos a la libertad como personas, sea cual sea su situación jurídica, origen, etnia o lugar de nacimiento.
La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, Mireille Roccati Velázquez, y la Procuradora de El Salvador, Victoria Velásques de Avilús, reclamaron el rechazo a las leyes de inmigración de Estados Unidos, pues "exacerban el racismo y la xenofobia".
En la declaración fue incluida una condena a la violación de los derechos humanos en tres casos específicos: Perú, Colombia y España.
En Perú se menciona la crisis suscitada el 17 de diciembre de 1996 por la toma de la embajada japonesa en Lima por un grupo guerrillero, en Colombia la situación en algunas de las prisiones y en España el secuestro de dos ciudadanos por la organización separatista vasca ETA.
José Castro Caycedo, defensor del pueblo colombiano, consideró que esa institución puede mediar para poner fin a los enfrentamientos armados en su país.
"Colombia está en medio de una guerra de varios sectores armados, con la población civil como víctima y a la que no se respeta su derecho de neutralidad", dijo.
Por otro lado, opinó que la única solución para la violencia en su país es el diálogo y que su objetivo desde que asumió el cargo es la paz, "porque si hay derechos humanos se puede vivir en paz, y si hay paz habrá derechos humanos".
Castro Caycedo subrayó asimismi que para la existencia de una democracia digna de tal nombre "se requiere un desarrollo sustentable integral, justicia social y plena vigencia de los derechos humanos".
El director adjunto de la Comisión Europea para América Latina, Santiago Gómez Reino, quien participó como invitado, dijo que la consolidación y el fortalecimiento de los ombudsman en esa región goza de la atención preferente de la Unión Europea.
"Nuestro objetivo no es sólo apoyar la consolidación de la democracia, sino también la lucha contra la marginación, la exclusión social y la pobreza extrema", añadió.
Al Congreso asistieron representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Holanda, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.
Cuba no participó porque "declinó la invitación", según fuentes de la organización del Congreso. En la embajada de ese país en Madrid se abstuvieron de comentar el hecho.
El Congreso eligió presidente de la FIE al defensor del pueblo de España Fernando Alvarez de Miranda y resolvió reunirse nuevamente en Perú, en 1998. (FIN/IPS/td/dg/ip-hd/97)
