La propuesta del gobierno provisional de Ecuador de conformar una Subsecretaría para los Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Gobierno, generó críticas de organizaciones humanitarias.
"Todos los activistas por los derechos humanos sabemos que nuestras organizaciones deben tener total independencia de la estructura gubernamental", dijo el martes 8 Alexis Ponce, vocero de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH).
En Ecuador, el Ministerio de Gobierno (Interior) "es el órgano que controla a la Policía. ¿Cómo se pretenden tramitar imparcialmente las denuncias por abuso de autoridad, que van en contra de los miembros de las fuerzas del orden y del propio Ministerio?", se preguntó Ponce.
Según la APDH, en marzo se presentaron 30 denuncias de violaciones a los derechos humanos que requerían la atención del Ministerio de Gobierno, pues estaban involucradas las fuerzas policiales, y hasta ahora no se ha recibido una respuesta.
De esas denuncias cuatro son por la muerte de civiles en manos de la policía, dijo Elsie Monje, presidenta de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos, quien exhortó a las autoridades a iniciar investigaciones "con el nivel de seriedad que exige la ciudadanía".
Para el ministro de Gobierno, César Verduga, la subsecretaría daría continuidad a las políticas de seguridad ciudadana, "uno de los principales problemas del Ecuador".
Verduga es además representante de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU), una de las organizaciones humanitarias de mayor influencia en la región.
Hugo Venegas, miembro del Centro de Estudios y Atención Integral a Víctimas de la Violencia, comentó a IPS que en Ecuador se ha realizado gran número de denuncias contra la institución policial "y en el último mes han incrementado significativamente".
Para Venegas, la mejor fórmula que se ha encontrado en otros países "es la del defensor del pueblo, encargado de mantener una relación con las autoridades, con las organizaciones humanitarias y con la sociedad civil".
Pero "el defensor del pueblo no se ha nombrado hasta ahora, pese a que fue uno de los compromisos del gobierno. Las violaciones a los derechos fundamentales van en aumento", arguyó Ponce.
Esta situación ha llevado a diversas organizaciones humanitarias a presentar una denuncia a Amnistía Internacional, en la que se incluyen los informes levantados por la policía ecuatoriana.
"Los informes de la policía son surrealistas. En algunos casos, como el de un joven que murió prácticamente a palos en manos de agentes, el parte policial dice que los traumatismos encontrados en su cuerpo se produjeron después de su muerte, cuando se intentó subirlo a una camilla y cayó al piso", indicó.
Existe un "recrudecimiento de la represión policial en Ecuador, pero no podemos enfrascarnos en un debate de forma mientras lo que necesitamos son soluciones de fondo".
"Con las acciones de hemos desempeñado y con una verdadera voluntad política, más allá de si existe o no una nueva entidad que coordine el trabajo conjunto, podremos enfrentar este problema que nos agobia a todos", concluyó Monje. (FIN/IPS/mg/dg/ip-hd/97
