La sociedad latinoamericana vive actualmente un dramático dilema: confía cada vez menos en los cuerpos policiales encargados constitucionalmente de protergerla y al mismo tiempo se siente cada vez más amenazada por el aumento de la delincuencia urbana.
Recientes episodios en Sao Paulo y Río de Janeiro, las dos principales ciudades de Brasil, han plasmado ante los ojos de millones de espectadores de televisión lo que las encuestas de opinión ya expresaron en números: menos de 10 por ciento de la población confía en la policía.
Videos de camarógrafos amateurs documentaron palizas y humillaciones a habitantes de los barrios de Diadema, en Sao Paulo, y Ciudad de Dios, en Río.
En Diadema un hombre fue asesinado a sangre fría por policías militares, que no se dieron cuenta de que estaban siendo filmados.
En Brasil hay consenso de que incidentes como esos son rutinarios en las noches de la gran mayoría de los barrios pobres de las grandes ciudades, pero el hecho de ver lo que todos saben logró sacudir a la opinión publica.
Las policías de Río y Sao Paulo, consideradas las más violentas y arbitrarias de América Latina por la organización no gubernamental estadounidense Americas Watch, no son una excepción en el continente.
En Argentina, Colombia, México, El Salvador, Jamaica, Guatemala, Honduras y hasta en la pacífica Costa Rica la prensa ha registrado con alarmante frecuencia denuncias de malos tratos, torturas, secuestrod y hasta asesinatos de civiles inocentes y, en su abrumadora mayoría, pobres.
Acostumbrados durante décadas a la impunidad y a la ausencia de control por las autoridades civiles, las policías de América Latina se han convertido en un problema social y político gravísimo, según el Instituto Latinoamericano de Prevención al Delito, órgano de las Naciones Unidas.
En Argentina, datos del Centro de Estudios legales y Sociales indican que el número de víctimas civiles de la violencia policial aumentó 57 por ciento desde 1995.
En Sao Paulo, la revista Veja indicó que uno por ciento de los 73.000 policías locales ya estuvo involucrado en algún episodio de violencia injustificada contra civiles.
Se trata del mismo porcentaje de la policía de Nueva York, pero en la ciudad estadounidense el promedio de civiles muertos cada año en incidentes con las fuerzas de seguridad pública es de 25, mientras en Sao Paulo llega a 520.
El fenómeno ha afectado incluso a los costarricenses, que se enorgullecen de no tener Fuerzas Armadas hace casi medio siglo. La Defensoría de los Habitantes de ese país denunció las torturas practicadas en unidades policiales para obtener la confesión de sospechosos de actos criminales.
"Las unidades policiales, con raras excepciones, están contaminadas por la corrupción, el descontrol, la frustración, el menosprecio por la ley y la justicia", sostuvo Paulo Sergio Pinheiro, del Núcleo de Estudios de la Violencia de la Universidad de Sao Paulo y consultor de Naciones Unidas.
"Están casi en la condición de marginales uniformados", estimó.
En Sao Paulo, por lo menos 20 policías han sido acusados de matar a 50 civiles cada uno.
El problema es aún más critico en un contexto en que la opinión publica clama por más seguridad contra la delincuencia común alimentada por la miseria, mientras los gobiernos cuentan con cada vez menos recursos para la preservación del orden y la tranquilidad públicos.
"Puesta en esos términos, los problemas de la policía y de la delincuencia no tienen solución a corto plazo", afirma Ruben Cesar Fernández, del movimiento Viva Río, una iniciativa no gubernamental para reducir la inseguridad urbana en Río de Janeiro.
"La única forma de evitar ese dramático callejón sin salida es la intervención de la sociedad civil, pero ese es un proceso lento y complejo", concluyó. (FIN/IPS/cc/dg/pr-ip-hd/97
