La mujer que trata de vivir y trabajar fuera de la mirada vigilante de la familia y la comunidad se expone a convertirse en blanco del comportamiento violento del hombre, constató el informe de la relatora especial de la ONU sobre violencia contra la mujer, Radhika Coomaraswamy.
Si se considera que la conducta sexual de una mujer es inapropiada con arreglo a los cánones comunitarios, esa mujer puede ser castigada. Las penas, precisó el informe, van desde la expulsión de la comunidad hasta el castigo físico, como azotes y lapidación, o muerte.
El estudio de la experta de Sri Lanka, que será presentado este jueves a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), se ocupó este año de la violencia contra la mujer en la comunidad.
La comunidad presenta una doble cara respecto de los derechos humanos de la mujer pues, por un lado, en ese ambiente se le deniegan sus derechos.
Tanto en las estructuras de las comunidades étnicas y religiosas, como en la institución social del matrimonio, la discriminación en el trabajo o en la enseñanza y el acoso sexual en los lugares públicos, la comunidad puede ser un entorno de brutalidad, violencia y discriminación contra la mujer.
Pero por el otro lado, la comunidad suele representar un espacio formador, que ofrece a las mujeres apoyo y solidaridad social, especialmente cuando se trata de obtener reparación del Estado.
Coomaraswamy analizó el caso de las mujeres que desean aumentar su capacidad económica trabajando fuera de la esfera doméstica o de la comunidad inmediata, como en las zonas de libre comercio o en otras áreas de uso intensivo de mano de obra poco calificada.
Esa categoría de mujeres suele ser considerada por los hombres como sexualmente promiscuas y, por lo tanto, sexualmente disponibles, concluyó.
En esas zonas, el acoso sexual de las trabajadoras es común, tanto en el camino de ida o de vuelta del trabajo, como en el mismo lugar de trabajo.
El informe acepta que para la mayoría de las mujeres, la comunidad constituye el marco para el disfrute de un espacio social.
Sin embargo, admite, puede ser también el ámbito que determina las restricciones a la sexualidad femenina y su regulación. En muchos casos, las mujeres y las niñas son víctimas de violencia en sus comunidades en razón de su sexualidad y su comportamiento sexual.
También dentro de la comunidad conviven las organizaciones de la sociedad civil que han sido las primeras en combatir la violencia contra la mujer y la discriminación, tanto la del Estado como la de otros grupos.
La comunidad suele ser el elemento regulador que brinda un apoyo solidario y seguro en los momentos de crisis a las mujeres víctimas de violencia.
Dentro de la comunidad actúan los grupos de promoción de la mujer para enfrentar y denunciar prácticas degradantes o discriminatorias de la mujer mediante una labor de sensibilización y movilización de las personas afectadas.
Coomaraswamy reclamó a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que la comunidad internacional preste apoyo a esas actividades.
El informe de la relatora especial pide a los estados que adopten medidas para consagrar el respeto a los derechos de la mujer.
El documento expone asimismo la situación internacional en temas como violación y violencia sexual contra la mujer, incluidos el acoso sexual, la trata de mujeres y prostitución forzada, la violencia contra trabajadoras migratorias y el extremismo religioso. (FIN/IPS/pc/ag/hd-pr/97
