El destino de los desaparecidos durante el régimen militar vuelve a sacudir a la sociedad uruguaya, 12 años después de la restauración de la democracia, y, por primera vez, los hechos parecen orientados a una búsqueda seria.
Un juez del fuero penal resolvió el martes investigar la presunta existencia de tumbas clandestinas en dos unidades militares, y su decisión generó reacciones en diversos sentidos.
Los militares retirados y en actividad cerraron filas ante la posibilidad de que se investiguen violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1985, cuando las Fuerzas Armadas controlaron el poder.
Muchos de los actuales jefes militares revistaron en los cuarteles en los que se supone están enterradas algunas de las 32 personas secuestradas y desaparecidas durante la dictadura.
Desde entonces, familiares de las víctimas y organizaciones humanitarias han intentado sin éxito conocer la verdad de los hechos.
Las investigaciones judiciales iniciadas en 1985 quedaron por el camino, cuando un año después, una ley anuló todas las investigaciones contra militares y policías acusados de violar los derechos humanos "hasta el 1 de marzo de 1985", el momento en que se instaló un gobierno democráticamente elegido.
La fecha señalada en la llamada ley de "Caducidad de la pretensión punitiva del Estado" para impedir toda investigación del pasado es, paradójicamente, la que permitió la decisión del juez Reyes.
El juez recogió una denuncia del senador Rafael Michelini, del centroizquierdista Nuevo Espacio. Michelini, hijo de un dirigente político uruguayo asesinado hace 21 años en Buenos Aires, destacó que, según sus informaciones, tumbas clandestinas en dos cuarteles habrían sido removidas después del 1 de marzo de 1985.
Reyes dijo que, por esa razón, los hechos deben investigarse, aunque la ley de amnistía de 1986 impide toda actuación contra los responsables de esos homicidios.
Al fallo del juez se unió un grupo de familiares de desaparecidos que el miércoles solicitó al presidente Julio Sanguinetti que realice "una investigación exhaustiva" para esclarecer "la suerte corrida" y el "paradero" de los desaparecidos.
Al mismo tiempo se lanzó una campaña de firmas para respaldar ese reclamo, que contó con el respaldo de dirigentes de organizaciones humanitarias y de dirigentes políticos, en particular del Nuevo Espacio y del izquierdista Frente Amplio.
Los militares están "monolícamente unidos" ante la situación y consideran que corresponde a los políticos decidir los pasos a seguirse si la justicia decide ingresar a los cuarteles en busca de las tumbas, dijeron fuentes castrenses.
Los lugares donde se enterraron varios cadáveres fueron señalados por el ex soldado Ariel López Silva, quien admitió que durante el régimen militar ayudó a cubrir con cal y a sepultar varios cuerpos en un cuartel.
El gobierno espera que la fiscal Ana María Merello apele el fallo del juez, con lo cual se iniciaría un largo camino en los estrados judiciales hasta la decisión final, que sólo se tendría entonces en los últimos días de este año.
Merello se había opuesto la semana pasada a la investigación, elegando la "imprecisión" de las fechas de los hechos y la vigencia de la ley de caducidad.
Pero Reyes pudo establecer inicialmente que la remoción de los cuerpos se produjo luego de la fecha límite establecida por la norma.
El abogado constitucionalista Miguel Semino, asesor de Sanguinetti, considera que el juez incurrió en un error jurídico porque se apegó a la letra de la ley y no a su espíritu, que era terminar con las investigaciones de este tipo.
La ley de caducidad fue ratificada en 1989 por los votantes en referendum.
"Para nosotros, el espíritu de la ley consiste en que no debemos volver al pasado. Esta es una ley de amnistía y es una ley especialísima para resolver un problema grande que tuvo el país", dijo Semino.
En un reportaje publicado este jueves por el semanario Búsqueda, el juez explicó que su intención no es volver al pasado, sino investigar la denunciada remoción de tumbas, aunque admitió una "sucesión histórica" entre los hechos.
"El centro de la denuncia plantea el tema de los restos, no el tema de las muertes o el de los apremios que llevaron a las muertes. El centro de la denuncia será el centro de la investigación. El resto está comprendido en la ley", declaró Reyes.
El magistrado se mostró confiado en que su eventual ingreso en los cuarteles no tenga trabas,,porque "estamos en un régimen democrático".
"Se van a agotar las medidas razonables. Si no se puede constatar la existencia de restos, se habrá hecho el esfuerzo", agregó.
Además de los 32 desaparecidos en Uruguay, 140 uruguayos exiliados fueron secuestrados en Argentina. (FIN/IPS/rr/ff/hd/97
