El nuevo ministro de Defensa de Colombia, Gilberto Echeverri, planea desarrollar una estrategia de paz "permanente", independiente de los gobiernos de turno y manejada desde una instancia multipartita creada por ley.
La instancia propuesta por Echeverri tendría participación de representantes del gobierno, la sociedad civil, la Iglesia Católica, la guerrilla, los paramilitares y el ejército.
La idea concitó ya el apoyo del empresariado, la Iglesia y sectores de izquierda, así como de sectores de la guerrilla.
En consonancia con esa estrategia se podría celebrar antes de fin de año un plebiscito en el que la población se pronunciaría a favor o en contra de una negociación permanente con la guerrilla.
La iniciativa del plebiscito surgió del encuentro nacional de la Red de Iniciativas por la Paz (Redepaz) celebrado en 1996, y su realización contaría con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Ana Teresa Bernal, directora de Redepaz, que integran 20 organizaciones no gubernamentales, afirmó que la convocatoria a la consulta popular, que será presentada oficialmente el día 16, recoge la experiencia de la jornada "El mandato de los niños por la paz" realizado en octubre de 1996.
En esa oportunidad 2,7 millones de niños de 330 municipios que representan 30 por ciento del total del territorio nacional pidieron la paz y el respeto a sus derechos.
Según Bernal, el plebiscito se realizaría en octubre, junto a las elecciones para alcaldes y gobernadores, y precedería a una marcha nacional en favor de la paz.
Según el ex canciller Augusto Ramírez, "ya todo el mundo reconoce que el país está en guerra y todos están involucrados voluntaria o involuntariamente en ese proceso. La sociedad civil, que es la víctima principal de esta guerra, debe hacer parte fundamental del proceso".
Ramírez participó en la comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que lideró el proceso de paz en El Salvador.
En 1996 una "estrategia nacional contra la violencia" desarrollada por el presidente Ernesto Samper se diluyó porque, pese a que fue acogida por la Iglesia, los partidos y el empresariado, no tuvo en cuenta a la guerrilla.
La Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG) afirmó entonces que no tenía intención de negociar con el gobierno de Samper, que consideraba "ilegítimo por haber sido elegido con dinero del narcotráfico".
La CNG cuenta con entre 10.000 y 14.000 combatientes militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación.
Raúl Reyes, portavoz internacional de las FARC, dio desde México su respaldo a la iniciativa de Echeverri, aunque indicó que su organización no dialogará con los grupos paramilitares, ya que esta función deberá asumirla directamente el gobierno.
Según Alejo Vargas, investigador de la Universidad Nacional, la posición del nuevo ministro de Defensa responde "a la evidencia pragmática de que en un par de meses no se puede terminar un conflicto de 40 años que ha generado múltiples odios" entre los colombianos. (FIN/IPS/yf/dg/ip/97
