El gobierno de Colombia estudia decretar la "emergencia carcelaria" para enfrentar la crisis de hacinemiento de reclusos y los casos de corrupción, anunció hoy el ministro de Justicia, Carlos Medellín.
Entre las medidas a estudian está la liberación de más de 3.000 reclusos, entre ellos unas 800 mujeres cabezas de familia, detenidos por delitos menores.
Medellín enfatizó que no se trata de un indulto judicial sino de permitir la excarcelación de aquellas personas que han violado el código de policía y aclaró que en ningún caso se extendería a delitos como narcotráfico, secuestro, terrorismo y homicidios.
La emergencia sería adoptada tras el motín que se registró el 24 de marzo pasado en la cárcel Modelo de Bogotá, donde 2.800 reclusos protestaron por el hacinamiento, mal trato, insalubridad y la violación de sus derechos individuales.
En esa oportunidad, la Defensoría del Pueblo denunció que, con una capacidad para 28.000 reclusos, las cárceles registran en la actualidad una población de cerca de 70.000 detenidos.
Un recluso que cumplía condena por el asesinato del líder izquierdista Jaime Pardo murió este sábado en la cárcel La Picota de Bogotá, a causa de la explosión que se registró en su celda, en un hecho que las autoridades atribuyeron a una presunta venganza entre narcotraficantes.
En La Picota se encuentran recluidos los jefes de los carteles de Cali y Medellín.
Además, el defensor del pueblo, José Castro, dijo que recibió quejas de los reclusos, que acusaron a los guardias de cobrarles por cuidarles sus pertenencias, por el derecho a dormir e incluso por permitirles las visitas conyugales, que están permitidas en el sistema penitenciario.
Castro anunció que denunciará ante los organismos internacionales las violaciones de los derechos humanos de que están siendo objeto los reclusos en Colombia. (FIN/IPS/yf/ag/ip- hd/97
