Las elecciones locales de octubre están bajo la amenaza del mayor grupo guerrillero de Colombia, que anunció hoy que impedirá la realización de campañas proselitistas en los departamentos en los que ejerce influencia.
El comando del Bloque Sur de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunció que impedirá a los políticos hacer campaña en los sureños departamentos de Putumayo, Caquetá y Huila.
Los políticos de estos tres departamentos que "se encuentran abandonados por el Estado" no han defendido los intereses de la comunidad y "sólo aparecen en la época de campañas electorales para hacer lo de siempre: engañar al pueblo que vota por ellos", dijo el grupo guerrillero en un comunicado divulgado este sábado.
En los comicios de octubre se renovarán gobernadores, alcaldes, diputados a las asambleas departamentales y representantes a los concejos municipales.
En cuanto a Putumayo, las FARC señalaron que si bien es uno de los departamentos más ricos del país sus habitantes "viven en la más indescriptible pobreza debido al abandono estatal y al saqueo despiadado de las transnacionales del petróleo", que cuentan con la mirada complaciente de los gobernantes.
La situación de Caquetá es aún más delicada porque no tiene la riqueza petrolífera del primero y en Huila el campesinado se encuetra en ruina como resultado de la "equivocada política trazada por el gobierno para la caficultura", añadió.
Esta situación ha obligado a los campesinos empobrecidos en los tres departamentos a vivir directa o indirectamente del cultivo de la coca, según las FARC, la organización guerrillera más antigua de Colombia, que cuenta con 10.000 de los aproximadamente 14.000 insurgentes que hay en el país.
Varios estudios indican que en Caquetá, Putumayo y Guaviare (sudeste) se cultiva el 70 por ciento de la coca que sirve para el procesamiento de la cocaína.
Las FARC fueron señaladas por las Fuerzas Armadas como promotoras de las marchas campesinas del sur de Colombia en el segundo semestre de 1996, para reclamar al gobierno un plan integral para la erradicación de los cultivos de coca.
Estas "multitudinarias marchas pusieron de manifiesto el profundo desequilibrio social reinante en Colombia", donde el gobierno para ha dado un tratamiento policial a un problema de profundas y visibles raíces socioeconómicas, señaló la organización guerrillera.
La gobernadora de Caquetá, Amparo Ossa, manifestó su preocupación ante la advertencia de las FARC, pero anunció que buscaría los mecanismos para garantizar el desarrollo de las elecciones en ese departamento.
El comunicado de las FARC fue entregado para su difusión a los familiares de Julio Bahamon, diputado por el departamento de Huila, quien fue secuestrado en febrero y aún permanece en poder del grupo guerrillero.
El Frente Sur de las FARC mantiene también en su poder a 70 soldados que fueron capturados el 30 de agosto tras el ataque a una base militar en Putumayo, cuya liberación gestiona el gobierno.
"El botín político, administrativo y fiscal, es sin duda muy grande" y ante semejante perspectiva "los grupos armados ilegales están decididos a determinar los futuros resultados" de las elecciones departamentales y municipales, dijo el analista Alfredo Rangel.
Rangel estima que durante la próxima campaña electoral la guerrilla intentaría consolidar su influencia en más de 300 municipios cuyas administraciones son objeto de presión y, además, pretenda ampliar esa influencia a otros donde no tiene presencia significativa.
Directa o indirectamente la guerrilla ejerce influencia sobre más de 600 municipios, del total de 1.002 que tiene Colombia, señaló el analista Darío Restrepo, y coincidió con Rangel en que ha centrado su estrategia en copar el poder local, con lo que está supliendo su carencia de un proyecto político nacional.
Esta circunstancia haría que las FARC no estén interesadas en el nuevo diálogo de paz propuesto el gobierno del presidente Ernesto Samper, al que consideran "ilegítimo por hacer sido elegido con dinero del narcotráfico". (FIN/IPS/yf/ag/ip/97
