Una propuesta de las Fuerzas Armadas de Colombia de armar civiles para tareas de seguridad fue recibida con cautela por el gobierno y abiertamente rechazada por sectores de izquierda que la consideran "una bomba de tiempo".
La propuesta fue formulada este miércoles por el comandante de las Fuerzas Armadas, Harold Bedoya, una semana después de que el ministro de Defensa designado Gilberto Echeverry anunciara como su prioridad la adopción de "una política de Estado para la paz".
Bedoya, quien ejerce funciones como ministro encargado de Defensa hasta que Echeverry asuma el cargo, pidió al Congreso que estudie la posibilidad de crear las "Milicias Nacionales", que serían similares a las Rondas Campesinas que existen en Perú.
Esas unidades estarían integradas por civiles armados y se ocuparían de la defensa interna del territorio en lo atinente a la vigilancia de la infraestructura petrolera (habitual blanco de la guerrilla), la seguridad externa de las cárceles y el apoyo en municipios donde no existen bases de la policía y el ejército.
En opinión del jefe militar "ellas (las milicias) son la expresión más democrática de la comunidad política, pues son organizaciones de la misma sociedad para su defensa".
Bedoya justificó la necesidad de estas milicias en el hecho de que serían colaboradoras de la Fuerza pública "en tareas puramente preventivas y defensivas" e inclusive en obras de desarrollo socioeconómico.
El comandante del ejército, Manuel Bonett, apoyó la propuesta de Bedoya y la calificó como "una vieja aspiración nacional".
Según dijo, existen experiencias similares "con diferentes nombres en muchas partes del mundo", como Estados Unidos donde se les denomina Guardia Nacional y están al mando de los gobernadores de los Estados, o en Cuba, donde hay varias organizaciones masivas con tareas de autodefensa.
El Ejecutivo debería presentar un proyecto de ley al Congreso que modifique el artículo 216 de la Constitución, según el cual la defensa nacional está en manos de "las Fuerzas Militares permanentes (Ejército, Armada, Fuerza Aérea) y la Policía".
Para el Consejero Presidencial para la Paz Daniel García-Peña, la propuesta de Bedoya debe ser "analizada con mucho detenimiento pues "en momentos tan críticos como los que vive el país" podría aumentar el conflicto bélico".
El ministro de Defensa designado, que se propone llevar a una misma mesa de negociaciones a la guerrilla, los paramilitares, los militares y a representantes de la sociedad civil, afirmó que la propuesta "es interesante para estudiarla".
A su vez, el ministro de Justicia, Carlos Medellín, indicó que "la guardia nacional existe en muchos países, pero habría que ver si se justifica o no en este momento" cuando Colombia tiene ya "una especie de guardia nacional que es la Policía".
Para Carlos Franco, presidente del ex guerrillero M-19, la iniciativa de Bedoya viola normas del Protocolo II de Ginebra sobre la protección de los civiles en caso de conflictos internos.
Jaime Caicedo, secretario del Partido Comunista de Colombia, señaló que la propuesta de Bedoya hay que interpretarla como "que para lograr la paz en Colombia hay que hacer la guerra".
Bedoya sostiene que los insurgentes, a los que llama "narcoguerrilleros", son delincuentes con los que no se puede negociar.
La "paz hay que conquistarla como a la salud: extirpando los males (la guerrilla y el narcotráfico) porque son un cáncer que tiene el país".
Para Caicedo, la propuesta de Bedoya recuerda la experiencia de la década de los 80, cuando se crearon grupos de "autodefensa" con apoyo del Ejército, para combatir a la guerrilla.
Esas organizaciones desataron una escalada de ataques a sectores sociales a los que acusaban de ser auxiliadores de la subversión.
En 1989 los grupos paramilitares fueron declarados ilegales por sus nexos con el narcotráfico y sus violaciones a los derechos humanos.
No obstante, la connivencia entre esos grupos ilegales y el ejército persiste, según lo indica el informa anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia presentado en noviembre por la organización internacional Human Rigts Watch.
Esa organización, al igual que Amnistía Internacional, pidieron al Congreso estadounidense suspender la ayuda militar a Colombia por los nexos que el ejército nacional mantiene con los paramilitares.
Otro informe estadounidense de febrero atribuye a los paramilitares 48 por ciento de los casos de violaciones de derechos humanos que ocurren en Colombia, donde se registran anualmente cerca de 30.000 muertes violentas. (FIN/IPS/yf/dg/ip/97
