Una ofensiva oficial contra todo tipo de manifestación ilegal vinculada a la ocupación, alquiler o compra venta de viviendas por parte de la población, cobró fuerza esta semana en la capital de Cuba.
El programa emprendido por el gobierno local pretende detectar las ocupaciones y construcciones ilícitas de vivienda, los actos fraudulentos de compra-venta y los créditos otorgados por el banco que permanecen sin pagar.
El levantamiento de la vivienda, realizado de forma piloto en un solo municipio de La Habana, se extendió a 12 más con el objetivo de detectar cualquier ilegalidad y actuar contra ella, según reportes de la Agencia de Información Nacional (AIN).
La Habana tiene 15 municipios donde viven 2,2 millones de personas. Fuentes oficiales aseguran que la capital concentra alrededor del 20 por ciento de la población de la isla en sólo el uno por ciento de su extensión territorial.
Esteban lazo, secretario del gobernante Partido Comunista para Ciudad de La Habana, dijo que las autoridades no deben permitir "la construcción de una casa o cuarto más sin la autorización debida".
"Ningún ilegal debe estar más de 24 horas en un inmueble", afirmó una fuente oficial citada por la emisora local Radio Reloj.
Las medidas afectarán a los miles de inmigrantes que llegan cada año a la capital de Cuba y a un gran número de habaneros que viven de alquilar cuartos o casas en dólares, una actividad no contemplada entre los trabajos por cuenta propia legales.
Las declaraciones fueron realizadas durante una reunión de dirigentes del partido y del gobierno en la ciudad para acordar un grupo de acciones que permitan enfrentar las ilegalidades en la vivienda.
Las medidas dan continuidad a un llamado del presidente Fidel Castro a combatir la indisciplina social, como migraciones internas descontroladas, asentamientos ilegales y alquiler de viviendas a turistas extranjeros.
El gobierno cubano emprendió el año pasado una campaña contra el desarrollo de la prostitución, el proxenitismo y la corrupción, que catalogó como ajenos a la ética del sistema socialista.
El proceso incluyó la firma por todos los funcionarios y dirigentes del Estado, incluído el propio Castro, de un Código de Etica que establecen las normas que debe cumplir toda persona vinculada a la dirección en cualquier entidad estatal.
"No se resuelve el problema de la vivienda, por muchas casas que se construyan, mientras la gente se tome la libertad de trasladarse hacia la capital cada vez que le de la gana y quedarse aquí", afirmó Castro.
Fuentes oficiales aseguran que el saldo migratorio, diferencia entre la cantidad de personas que llegaron a La Habana y aquellas que salieron de ella, fue de 13.000 en 1990, 16.000 en 1994, 22.000 en 1995 y 27.000 en 1996.
El aumento del flujo migratorio, vinculado a la crisis económica que vive la isla desde 1990, profundiza los problemas que enfrenta la capital para satisfacer la demanda de electricidad, gas, agua potable y la cobertura de alcantarillado.
"Entre 1989 y 1992, por cada trabajador que ganó la ciudad ingresaron 29,9 personas inactivas, predominando entre éstas los adultos en edad laboral que no buscaban trabajo", señaló Blanca Morejón, experta del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana.
Según el semanario Trabajadores, órgano oficial de la central sindical, de mantenerse esta tasa la capital incorporaría como carga social 27.000 personas inactivas por cada 900 personas que lleguen a trabajar en los sectores necesitados de fuerza de trabajo.
Castro aseguró que muchos de los que emigran a La Habana y se asientan ilegalmente no tienen empleo y se convierte en "delincuentes nómadas".
"Viven aquí, no roban aquí, pero se van al barrio del otro a robar", dijo el líder cubano.
Los inmigrantes ilegales llegan a una ciudad incapaz de satisfacer las necesidades de vivienda de sus habitantes y se van a vivir con sus familiares en casas que con capacidad para cuatro o cinco personas, empiezan a alojar a nueve o 10.
Un estudio realizado por la Academia de Ciencias de Cuba a fines de la década pasada arrojó que 57 por ciento de las familias cubanas residían en hogares que se encuentran por encima de los límites de ocupación.
La necesidad de obtener un apartamento o casa se convierte en la razón de parte de las irregularidades que el gobierno tratará de combatir con el levantamiento en curso en la capital.
En determinadas zonas de La Habana un apartamento pequeño puede costar unos 9.000 dólares mientras que una casa independiente se cotiza en varias decenas de miles de dólares.
A este negocio ilegal se suman las permutas de viviendas pequeñas y grandes que, en muchas ocasiones, sirven para enmarcarar ventas de inmuebles enteros o de algunas de sus habitaciones.
Por otra parte, el alquiler de viviendas o habitaciones aparece como una de las irregularidades más polémicas por las dificultades que implica su control y la existencia de un mercado de extranjeros.
El alquiler de un apartamento de una habitación puede superar los 100 dólares mensuales mientras que una habitación para un turista oscila alrededor de los 20 dólares diarios, una cifra mucho más baja que la cobrada por los hoteles.
La mayoría de las transacciones ilegales vinculadas a la vivienda se realizan sólo en dólares, que en las casas de cambio se cotizan a 22 pesos cubanos por unidad. (FIN/IPS/da/ag/ip/97
