La violencia policial urbana exhibida en el noticiero de mayor audiencia de la televisión brasileña dio un empujón a proyectos impulsados de larga data y sin éxito por el movimiento de derechos humanos.
La Comisión de Constitución y Justicia del Senado, instancia inicial de nuevas leyes, aprobó este miércoles por unanimidad el proyecto que define y establece castigos para el delito de tortura.
Ese proyecto, una de las prioridades del Programa Nacional de Derechos Humanos, se aprobó en la Cámara de Diputados y "hace seis meses estaba paralizado en el Senado, no se sabe por qué", señaló el diputado Helio Bicudo, un abogado y veterano militante de la lucha contra la violencia y arbitrariedad policial.
La legislación brasileña omite el delito de tortura, aunque el país firmó convenciones internacionales comprometiéndose a combatir esa práctica común de la policía.
Los torturadores solo pueden ser condenados por "lesiones corporales" cuando son científicamente comprobadas, explicó Bicudo.
Ese tipo de leyes y otras propuestas contra la violencia ganaron fuerza después de la conmoción nacional provocada por imágenes de policías torturando, humillando y matando sin ningún motivo a personas que pasaban por una calle de un barrio pobre en Diadema, en la periferia de Sao Paulo.
Esas acciones, filmadas por un cineasta amateur en las madrugadas de 3, 5 y 7 de marzo, fueron exhibidas por la red de televisión O Globo en la noche de este lunes. Entrevistas con sobrevivientes de la "barbarie" y la viuda de un obrero asesinado ampliaron la repercusión de los hechos.
Por lo menos 11 hombres, la mayoría jóvenes, sufrieron las arbitrariedades policiales filmadas. Cuatro fueron apaleados en la madrugada del 3 de marzo, pese a no presentar resistencia.
Minutos después, otras dos personas fueron sacadas del interior de un automóvil y torturadas. Una de las víctimas recibió un tiro de gracia y fue abandonada, como muerto, pero logró sobrevivir.
Escenas filamadas dos dias más tarde registran la agresión y extorsión practicada por un policía contra otro conductor de un vehículo. En la misma calle, el 6 de marzo, un hombre recibió de agentes de policía 34 bastonazos en tres minutos.
Entre los agredidos el 6 de marzo se contaba Mario José Josino, un mecánico en vacaciones, que visitaba un amigo en la Favela Naval, un barrio pobre de Diadema.
Tras varios minutos de tortura, Josino y sus dos amigos fueron autorizados a volver a su automóvil, pero un policía apodado "Rambo" les disparó varias veces.
Alcanzado por un balazo, Josino murió dos horas después en un hospital.
Dos jefes de la Policía Militar, responsables del área de Diadema y de la disciplina interna, fueron destituídos de sus cargos por el gobierno estadual de Sao Paulo.
La prensa descubrió que cinco de los diez polícias que practicaron las brutalidades ya habían sido acusados de otros delitos, incluso homicidios.
La Policía Militar de Sao Paulo es conocida como una de las más violentas en Brasil. Hace cinco años dio muerte a 111 presos, para poner fin a un motín en una cárcel.
El gobernador del estado, Mario Covas, y su secretario de Seguridad Pública, José Afonso da Silva, intentan desde 1995 acabar con la política de exterminio de presuntos delincuentes estimulada por sus predecesores,
Esa política se había traducido en un promedio anual de 1.000 personas muertas en supuestos enfrentamientos con la policía.
El esfuerzo de Covas y Da Silva por terminar con la violencia y mejorar la capacitación de los agentes de orden público redujo a menos de la mitad la cantidad de víctimas de la policía.
Pero paralelamente, aumentaron las víctimas de los escuadrones de la muerte. O sea, el exterminio de presuntos delincuentes continúa, aunque de modo informal.
Michel Temer, presidente de la Cámara de Diputados y ex Secretario de Seguridad Pública de Sao Paulo. calificó los episodios filamdos de actos de "salvajismo", y "barbarie" fué el adjetivo empleado por otros, como Guido Andrade, presidente del Colegio de Abogados de Sao Paulo.
El ministro de Justicia, Nelson Jobim, exigió un castigo ejemplar para los responsables de la violencia "monstruosa", pero opinó que se trata de un "caso aislado" en la policía. Defensores de los derechos humanos y juristas cuestionaron esa última afirmación.
Jose Anibal Pontes, líder del oficialista Partido Socialdemócrata en la Cámara de Diputados, propuso la "reorganización de la Policía Militar", porque "el caso, que no es aislado, revela un profundo deterioro en la cultura policial".
Desmilitarizar la policía es una necesidad, ante tantas brutalidades cometidas regularmente y que sólo se conocen casi por azar, como en el caso actual, registrado en vídeo por un aficionado, señaló el abogado Guido Andrade.
La indignación nacional fortaleció propuestas de disolución de la Policía Militar. Una larga tradición de masacres y crímenes mancha la historia de esos cuerpos creados por los gobiernos estaduales en el inicio de este siglo.
Fueron policías militares que mataron a 19 campesinos sin tierra que reclamaban reforma agraria hace un año en Eldorado de Carajás, en el norte de Brasil.
En 1992 protagonizaron la masacre de 111 presos en Sao Paulo y en 1995 de otros diez campesinos en Corumbiara, al noroeste.
No se justifica que la función de policía, que es civil, sea ejercida por gente con entrenamiento militar que tiende a ver a la población como enemiga, argumentó Dalmo Dallari, conocido jurista de la Universidad de Sao Paulo.
Por presión de los defensores de derechos humanos se aprobó el año pasado una ley con la que se pretendía eliminar un privilegio de esos policías, cuyos delitos son juzgados por un tribunal militar, en general benevolentes con miembros de la corporación.
El Senado modificó el proyecto inicial, pasando a la justicia civil sólo algunos crímenes claramente intencionales, anulando el objetivo de desterrar la violencia policial.
El diputado Bicudo ya presentó en la Cámara un proyecto que apunta a corregir esa distorsión a través de la reducción del poder de la Justicia Militar. Además propuso incorporar a esa policía al cuerpo de seguridad civil.
Esos proyectos, paralizados en el Congreso, pueden ganar nuevo impulso con los escándalos divulgados esta semana.
Para poner fin a la impunidad que estimula esa violencia es indispensable también aprobar un programa nacional de protección a los testigos, destacó James Cavallaro, director de Human Rights Watch, organización no gubernamental internacional de fuerte actuación en Brasil.
"Se sabe que torturas, asesinatos y arbitrariedades de la policía son generalizados en el país, pero sus víctimas y testigos temen denunciarlos porque sus vidas correrían riesgo", destacó Cavallaro. Sin ofrecer seguridad a esas personas no se podrá castigar los crímenes, concluyó. (FIN/IPS/mo/dg-ff-mj/ip hd/97
