La Policía Militar de Brasil parece hoy acorralada por denuncias y una generalizada condena de sus métodos violentos por la opinión pública.
La mayor red de televisión nacional, la Globo, exhibió en su principal noticiero, la noche del lunes, imágenes de 11 ciudadanos de Rio de Janeiro apaleados por cinco policías militares en una calle.
El incidente ocurrió el 23 de marzo en Jacarepaguá, un barrio del oeste de la ciudad.
Registrado por un camarógrafo aficionado, constituyó la repetición de un incidente similar ocurrido en Sao Paulo, cuando una persona murió en manos de un agente. La escena fue exhibida una semana antes por el mismo canal, desatando la rebelión de la opinión pública contra la policía brasileña.
El informe, divulgado el martes por la mayor organización no gubernamental de derechos humanos del continente, dibuja un panorama tenebroso de la acción de las policías militar y civil, que responden a los gobiernos estaduales.
En Sao Paulo, la policía militar, ahora blanco de las mayores denuncias, fue responsable de 20 homicidios entre marzo y mayo de 1996, mientras la civil mató a cuatro personas.
Pero es esta última la que más actos de tortura cometió, 24 casos contra 16 de los militares, así como más casos configurados como abuso de autoridad, 35 a 21.
El estudio de Human Rights Watch/Americas comprendió estadísticas y testimonios sobre la violencia policial en siete capitales estaduales y sus áreas metropolitanas.
Una de sus críticas más contundentes condena es dirigida al sistema adoptado por la gobernación de Rio de Janeiro, que aumenta la remuneración de policías por "actos de bravura" desde 1995, estimulando la matanza de sospechosos, según la ONG.
Esa práctica produjo un aumento de 500 por ciento en el promedio de ciudadanos muertos por la policía militar de Rio de Janeiro, que pasó de 3,2 por mes en enero-mayo de 1995 a 20,55 en el período de junio de 1995 a febrero de 1996, luego de ponerse en vigencia tal regla.
La violencia policial es en parte una herencia del régimen militar, que se prolongó de 1964 a 1985 en Brasil, ya que las policías militares estuvieron bajo control del Ejercito en las tres décadas pasadas, según la Human Rights Watch/Americas.
La divulgación del informe irritó al secretario de Seguridad Pública de Rio de Janeiro, Nilton Cerqueira, un general retirado del Ejército que se hizo famoso por su acción durante el régimen militar, como jefe de la operación que mató en 1971 al líder guerrillero Carlos Lamarca, ex capitán del Ejército.
Cerqueira acusó James Cavallaro, director de la ONG en Brasil, de "alienígena" y de intentar una "intervención colonialista" al pretender dictar leyes y criterios sobre que es correcto o no en el país.
El general agregó que lecciones de derechos humanos deberían impartirse en Estados Unidos, donde hubo "un genocidio de indios y negros" y cuya embajada niega visas con criterios "racistas".
Cavallaro recordó que Brasil firmó y ratificó, "por su libre voluntad", convenciones sobre derechos humanos, asumiendo compromisos ante la comunidad internacional cuyo cumplimiento puede ser exigido por organismos y representantes externos.
En consecuencia, el secretario de Seguridad Pública de Rio de Janeiro "tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que no está cumpliendo", acusó Cavallaro.
Las denuncias de arbitrariedades policiales a través de teléfonos y organismos disponibles para ese fin aumentaron por lo menos 50 por ciento en los últimos días.
El impacto de esa ola de indignación contra la violencia policial llevó el gobierno a crear la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, nombrando como su primer titular a José Gregori, veterano abogado y militante de esa área.
El Congreso pasó repentinamente a conceder prioridad a la cuestión y aprobó finalmente la ley que reconoce la tortura como crimen, penado en hasta 20 años de cárcel y sin posibilidad de excarcelación bajo fianza.
Además se aceleraron los trámites para la aprobación de otras leyes contra la impunidad de delitos policiales, que de ahora en adelante serán juzgados por la justicia civil y no por la militar, y la centralización de crímenes contra derechos humanos en la justicia federal. (FIN/IPS/mo/dg/ip-hd/97
