Las golpizas, los robos y los asesinatos cometidos por la policía militar de Sao Paulo son "demasiado comunes" en las ciudades de Brasil, según la organización de derechos humanos Human Rights Watch/Americas.
Algunos de estos incidentes fueron capturados a comienzos de marzo por la cámara de un aficionado y difundidos la semana pasada por la televisión brasileña.
Hasta el momento, el hecho causó la detención de nueve policías militares, la renuncia de dos altos oficiales y la aprobación por el Senado de una ley que, por primera vez, califica a la tortura como delito.
Pero las autoridades brasileñas deben adoptar medidas mucho más duras para reducir la brutalidad policial, generalizada en las ciudades del país más grande de América Latina, exhortó Americas Watch en un informe titulado "Brutalidad Policial en el Brasil Urbano".
Aunque los recientes esfuerzos de la administración del presidente Fernando Henrique Cardoso y algunos gobiernos estaduales por controlar el problema son alentadores, no son suficientes, afirmó José Miguel Vivanco, director del grupo de derechos humanos con sede en Washington.
"Los incidentes de brutalidad policial no disminuirán hasta que se adopte y aplique una legislación efectiva en todo el territorio brasileño", advirtió Vivanco.
La brutalidad policial en Brasil fue por mucho tiempo una gran preocupación para los grupos defensores de los derechos humanos, incluido Americas Watch, que en la última década publicó cuatro estudios sobre el problema.
El último informe, lanzado este martes en Washington, cubre casi 40 casos de graves abusos policiales, incluyendo ejecuciones, disparos casi fatales y desapariciones.
Los casos descriptos tuvieron lugar en siete grandes ciudades brasileñas: Río de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Natal, Porto Alegre y Sao Paulo.
"La policía a menudo mata sin motivo en las principales áreas urbanas de Brasil", es la principal conclusión de Americas Watch.
Cuando eso ocurre, la policía también encubre sus propios crímenes mediante informes falsos en los que describe sus asesinatos como "tiroteos con peligrosos elementos criminales" o mediante la alteración de las pruebas físicas.
Por ejemplo, los cadáveres de las víctimas a veces son trasladados rápidamente a servicios hospitalarios de emergencia, imposibilitando a los investigadores un estudio adecuado de la escena del crimen, según Americas Watch.
Las prácticas difundidas la semana pasada son sólo la punta de un iceberg, aseguró el grupo. El vídeo, filmado en tres días, muestra una dura golpiza de cuatro hombres, la detención y tortura de dos motociclistas, uno de los cuales fue asesinado de un tiro en la cabeza, y la tortura de otras tres personas luego de ser obligadas a bajar de su vehículo.
En el último caso, un policía disparó su arma contra las víctimas mientras volvían a su automóvil, matando a Mario José Josino, un mecánico que se encontraba de visita con sus amigos en una "favela" de Sao Paulo.
Los vídeos desencadenaron un escándalo de grandes proporciones en Brasil, donde importantes políticos calificaron la conducta policial como "salvaje" y "bárbara".
La impunidad permite que estos abusos se reiteren, según el informe. Los investigadores policiales se rehúsan a investigar a sus colegas y los fiscales no prestan la atención debida a estos casos, en los cuales la documentación o las evidencias sólidas son escasas, afirmó Americas Watch.
En varios estados, las instituciones de seguridad adoptaron reglas que incentivan abusos, advirtieron los activistas.
Por ejemplo, las autoridades de Río de Janeiro ofrecieron premios en metálico a los oficiales que demostraran "valentía" en el cumplimiento del deber.
"En la práctica, los premios y ascensos fueron utilizados para recompensar a oficiales que asesinaron a sospechosos sin importar las circunstancias", de acuerdo con el informe.
Americas Watch examinó 92 incidentes ocurridos en Río de Janeiro en 1995 y 1996 que fueron esgrimidos como argumentos para ascensos de policías. El saldo de estos episodios fue de 72 civiles y seis policías muertos.
La organización concluyó que el número promedio de civiles asesinados cada mes por la policía en Río de Janeiro aumentó de 3,2 a más de 20 cuando las autoridades impusieron los nuevos mecanismos de ascenso.
De todos modos, el secretario de Seguridad Pública del estado, general Nilton Cerqueira, acusó a los críticos de este sistema de promoción de actuar en nombre de narcotraficantes.
Una comisión especial integrada por delegados de la fiscalía de Río Grande del Norte y de la Cámara de Diputados acusó en 1995 al subsecretario de Seguridad Pública de ese estado, Maurílio Pinto de Medeiros, de supervisar un escuadrón de la muerte.
Este grupo, reclutado entre los policías del estado, fue responsable de decenas de asesinatos, incidentes de violencia, actos de tortura y al menos una desaparición.
Pinto de Medeiros permaneció a cargo de la fuerza policial de Río Grande del Norte hasta su suspensión en octubre de 1996, luego del asesinato de un conocido abogado que investigaba las actividades del escuadrón de la muerte.
Actualmente, las autoridades del estado consideran su designación como jefe de la policía interestatal, según el informe.
Americas Watch señaló que algunos estados realizaron acciones para acabar con la brutalidad policial. Por ejemplo, el gobierno de Pernambuco creó un fondo para financiar un programa de protección de testigos desarrollado por una organización de defensa de los derechos humanos.
Las autoridades de Sao Paulo dispusieron la suspensión de los funcionarios acusados de homicidio en el ejercicio de sus funciones mientra se investigan esos casos. "Paradójicamente, Sao Paulo es uno de los estados cuyas autoridades han intentado poner fin a la violencia de la policía militar", dijo Vivanco.
El informe elogia el Plan Nacional de Derechos Humanos del gobierno de Cardoso divulgado en mayo de 1996, que contiene 200 medidas.
La adopción del plan, diseñado con la colaboración de organizaciones de derechos humanos brasileñas, "podría reducir en gran proporción la brutalidad policial", según Americas Watch.
Pero sólo algunos pasajes del programa fueron aprobados hasta ahora por las dos cámaras del Congreso, requisito necesario para convertirlo en ley.
Americas Watch reclamó medidas más enérgicas, entre ellas el establecimiento de una corte federal para el juzgamiento de violaciones graves contra los derechos humanos por parte de las policías estaduales.
Además, propuso el traslado de los casos de abuso policial contra civiles de la justicia militar a la ordinaria, así como la creación de oficinas de "defensoría del pueblo" o consejos de derechos humanos para supervisar la actividad policial.
Así mismo, la organización humanitaria exhortó al fortalecimiento de las fiscalías y otros organismos judiciales a cargo de investigaciones de casos de brutalidad policial. (FIN/IPS/tra-en/jl/yjc/ml-mj/hd/97
