Los habitantes de Brasilia disponen de servicios de denuncias de abusos cometidos por integrantes de la Policía Militar (PM) como los registrados en vídeo en las últimas semanas en Sao Paulo y Río de Janeiro.
De las 167 investigaciones iniciadas el año pasado, se proceso a 162 agentes, pero en los tres primeros meses de este año se iniciaron 82 investigaciones de los cuales concluyeron 43, con 24 procesamientos y la aplicación de 11 sanciones disciplinarias.
La "Corregedoría" de la PM de brasilia funciona desde octubre de 1996, con el objetivo de investigar denuncias que involucren a funcionarios policiales.
Ese mismo mes, la fiscalía creó una oficina de Promoción de Control Externo de la Actividad Policial, que, si bien no está funcionando aún a pleno, ya investiga la legitimidad de todas las acciones denunciadas.
En enero de este año, se creó la Policía Comunitaria, una alianza entre la PM de la capital de Brasil y organizaciones de la comunidad para la realización de vigilancia confines de prevención.
Por último, la Segunda Compañía de Policía Militar Independiente de Samambaia en el Distrito Federal, pionera en materia de policía comunitaria, lanzó a comienzos de mes un "documento de ciudadanía" que tiene el objetivo de hacer valer los derechos constitucionales de presos y detenidos.
Los agentes policiales que efectúen la eventual detención deberán entregar al arrestado ese documento de forma obligatoria. En el carné están impresos los derechos de los detenidos a permanecer callado y a comunicarse de inmediato con sus familiares y abogados.
En el documento deberá anotarse la causa del arresto y el nombre del comandante de la guarnición policial a cargo del operativo.
Allí también figura un número que deberá ser escrito en todos los trámites relativos a la detención, lo cual supone la garantía de que el documento será entregado a la persona arrestada.
"Todos los derechos del preso o el detenido serán respetados de acuerdo con lo que dispone la constitución federal", afirmó el mayor Eduardo Ferreira, comandante de la Policía Comunitaria de Samambaia.
En caso de que se registren quejas de los detenidos, la "corregedoría" está a cargo de las denuncias por delitos que cometan agentes de la PM, que podrán ser efectuadas por cualquier ciudadano ante el Comando General de la fuerza policial.
El corregidor, coronel Belisio Mota, afirmó que toda denuncia será investigada excepto aquéllas que no contengan suficiente información para que se inicie la pesquisa.
El resto de los casos son investigados, así se cuente con información mínima.
Cuando existe evidencia de crímenes cometidos por policías militares, se abre la denominada "investigación policial militar". En caso que se compruebe la existencia de un delito, el caso pasa a la justicia militar.
Las gestiones, que son efectuadas por la policía civil para evitar influencias nocivas, pueden relacionarse también con la comisión de delitos comunes por parte de agentes de la PM, como el uso de armas fuera de operativos. (FIN/IPS/mj/ip/97
