Una fuerte tensión reina en la mina carbonífera de Lota, símbolo del proletariado minero de Chile, cuyo cierre fue decretado por el gobierno bajo la implacable lógica del mercado.
La clausura del yacimiento de la estatal Empresa Nacional del Carbón (Enacar), que contaba hasta este miércoles con 1.100 trabajadores, es "irreversible", puntualizó el ministro del Interior, Carlos Figueroa.
Pero los combativos sindicatos de la mina, así como los 50.000 habitantes del empobrecido municipio de Lota, situado unos 560 kilómetros al sur de Santiago, se niegan a aceptar de buenas a primeras la decisión oficial.
El cierre era previsible desde que en 1996 se intentó poner en marcha un plan de emergencia con el despido de 97 mineros, lo cual motivo una prolongada huelga de dos meses con ocupación de los piques submarinos, a 1.200 metros de profundidad.
Las autoridades tomaron todas las medidas para mantener en secreto el fin de Lota, hasta el anuncio oficial emitido este miércoles simultáneamente en Santiago y en el yacimiento, evitando así una nueva ocupación de los piques.
Jaime Tohá, un militante del cogobernante Partido Socialista que preside el directorio de Enacar, explicó que el yacimiento ya no tiene ninguna viabilidad económica, por la sencilla razón de que sus costos operativos superan ampliamente sus ingresos.
Las condiciones energéticas del carbón mineral de Lota son bajas y su extracción es difícil, lo cual eleva su precio y hace que los clientes de la mina opten por carbón importado, de mejor calidad y menor precio.
Felipe Sandoval, ministro de la Corporación de Fomento, de la cual depende Enacar, indicó que la tonelada de carbón importado tiene hoy un precio entre 35 y 40 dólares, mientras Lota estaba produciendo a un costo de 50 dólares.
La lógica del mercado hundió así a este yacimiento que llegó a contar con 15.000 operarios y fue la vanguardia de un combativo sindicalismo de izquierda desde la década de los 40, con una fuerte influencia del Partido Comunista.
Las primeras extracciones de carbón en Lota datan de 1824, cuando el área del mineral fue adquirida por el magnate Matías Cousiño, quien construyó en sus cercanías un hermoso parque donde hasta hoy deambulan pavos reales.
La riqueza generada por las minas en la zona del carbón tuvo su reverso en la creciente explotación de los mineros, que en la década de 1920 inspiró a Baldomero Lillo la novela "Subterra", obra emblemática de la literatura social chilena.
Los yacimientos de Lota y las vecinas localidades de Coronel y Arauco tuvieron sus días de gloria hace unos 40 años, antes de que irrumpiera el petróleo como fuente energética "abundante y barata" para apagar la demanda mundial de carbón.
El gobierno de Salvador Allende (1970-73) estatizó las minas e impulsó un plan de recuperación económica y social, con el entusiasta apoyo de los mineros y sus familias, identificados políticamente con los partidos Comunista y Socialista.
Tras el golpe del 11 de septiembre de 1973, la zona del carbón fue duramente reprimida y entre los primeros fusilados por la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90) estuvo el minero comunista Isidro Carrillo, alcalde sempiterno de Lota.
El régimen militar privatizó varias minas, aunque mantuvo a Lota en Enacar bajo sucesivas "racionalizaciones", con recorte de tareas y de personal.
En 1988, en la campaña para el plebiscito presidencial del 5 de octubre en que fue derrotado, Pinochet llegó también a Lota en busca de votos. "Quiero hacer de ustedes propietarios, en vez de proletarios", prometió a los mineros.
A más de siete años del restablecimiento de la democracia, Lota sigue siendo un reducto de la izquierda, pero con un notorio retroceso del Partido Comunista, que en los comicios municipales de octubre de 1996 no alcanzó a 15 por ciento de los votos.
La zona del carbón y particularmente Lota, donde los índices de pobreza y desempleo triplican el promedio nacional, está hoy políticamente más identificada con el Partido Socialista, aún cuando los propios mineros socialistas increparon a su correligionario Tohá tras el anuncio del cierre.
El presidente del directorio de Enacar fue incluso alcanzado por una pedrada en la sien derecha, pero se empeñó en restar gravedad al incidente, calificándolo de "normal" en el ambiente de tensión que se vive en la mina.
El gobierno ofreció jubilación anticipada a los 200 mineros más antiguos y propuso a los 900 restantes un plan de reinserción laboral, con 24 meses de salarios subsidiados y adiestramiento en otros oficios.
Se lanzó simultáneamente un plan de desarrollo para la zona, que prevé destinar 610 millones de dólares a obras de infraestructura económica y social, con el fin de atraer inversiones productivas.
Los parlamentarios de la región, así como la Central Unitaria de Trabajadores, cuestionan lo imprevisto de la medida del gobierno y piden diferir el cierre hasta diciembre, para abrir un proceso de diálogo con los mineros y la comunidad.
Los trabajadores, a su vez, rechazan la imposición "desde arriba" del cierre y de las fórmulas de reinserción laboral propuestas por el gobierno y se aprestan a definir una estrategia de movilizaciones que podría revivir la tensión de la huelga de 1996. (FIN/IPS/ggr/ff/lb/97
