La serie de escándalos estallados en los últimos años en Brasil alcanzó su pico esta semana, con la exhibición en la televisión de brutalidades cometidas por la policía.
El video sobre torturas, extorsiones y asesinatos perpetrados por 10 agentes de la Policia Militar (PM) contra pobladores de un barrio pobre de la periferia de Sao Paulo provocó una ola de rechazo y de denuncias de arbitrariedades de las fuerzas de seguridad en todo el país.
La reacción ante las escenas expuestas por la televisión fortaleció las propuestas de desmilitarización de las PM provinciales.
Esos efectivos protagonizaron numerosas masacres de repercusión internacional, y las víctimas fueron poblaciones pobres en Rio de Janeiro, presos en Sao Paulo y campesinos sin tierra en el norte.
Pero la misma sociedad que reacciona ahora con indignación, "escandalizada por la truculencia policial, es la misma que pide más violencia en el combate a la criminalidad", señaló Ricardo Ballestreri, presidente de la Sección Brasileña de Amnistía Internacional.
Eso queda evidente, sostuvo, en el gran apoyo popular a la propuesta de implantación de la pena de muerte y en la gran audiencia que tienen programas de radio y televisión que aplauden y estimulan la violencia de la policía.
La población de Rio de Janeiro reclamó en años anteriores la incorporación de las Fuerzas Armadas a la represión de la delincuencia a la criminalidad, y ese clamor llevó el Ejército a participar en operaciones contra las "favelas", barrios marginales de la ciudad.
Los periodistas, que pueden enorgullecerse de haber promovido el enjuiciamiento público de la policía, con la difusión de denuncias, también incitan a los agentes a asesinar, con noticieros sensacionalistas, observó Marcio Moreira Alves, columnista del diario O Globo, de Rio de Janeiro.
En respuesta a la demanda social de mayor represión para enfrentar el delito, el gobierno provincial de Rio de Janeiro concede premios pecuniarios por "actos de bravura", comprobados especialmente por la muerte de delincuentes o sospechosos.
En Sao Paulo, fue adoptada la política de "tolerancia mínima", que intensifica la represión de pequeños delitos y, según se sospecha, es causa de arbitrariedades contra inocentes.
Una fuga de presos con toma de rehenes de una prisión de la nororiental provincia de Fortaleza, acentuó esta semana la vieja convicción pública de que el sistema carcelario deber ser profundamente reformado.
Mientras, entró en la fase decisiva de audiencias la Comisión Parlamentaria de Investigaciones (CPI), que intenta esclarecer los delitos financieros cometidos con títulos de gobiernos provinciales y municipales en los últimos años.
Maniobras irregulares con esos títulos provocaron pérdidas de cerca de 1.000 millones de dólares, involucrando a autoridades, instituciones financieras y fondos de pensión de empresas estatales.
La Comisión interrogará ahora a políticos y banqueros importantes. También investigará las cuentas bancarias del alcalde de Sao Paulo, Celso Pitta, para averiguar si éste obtuvo ventajas personales de la venta irregular de títulos cuando era secretario de Finanzas del municipio.
Ese escándalo, además de poner en cuestión las reglas de todo el sistema financiero y el control de las cuentas gubernamentales, agravó la pérdida de credibilidad del Banco Central, ya afectada por casos de quiebra y fraude en varios grandes bancos privados en que falló su fiscalización.
Los títulos irregulares de gobiernos provinciales y municipales fueron emitidos con evaluación positiva o la omisión del Banco Central.
El Senado también enfrenta problemas por el escándalo, porque su comisión económica autorizó la emisión de los títulos, con el parecer favorable de 10 de sus miembros.
La impunidad de los responsables de la mayoria de esos delitos y escándalos de corrupción, desde el caso de Fernando Collor de Mello, destituido de la Presidencia en 1992, profundiza el descrédito del Poder Judicial.
Una disputa entre el gobierno y la justicia, por decisiones legales que afectan las cuentas públicas, completa la encrucijada institucional que enfrenta Brasil. (FIN/IPS/mo/ff/ip/97
