Argentina es el país de América Latina que más gasta en salud, pero el que mejor lo disimula. Este mes, la sociedad asiste a una paradoja: empresas de medicina privada se presentan a la justicia en rechazo a una nueva ley que las obliga a asistir a enfermos graves.
Hasta ahora, si un paciente contraía sida, cáncer o hemofilia, si manifestaba adicción a las drogas o al alcohol, si padecía una enfermedad psiquiátrica crónica o discapacidad física, si requería un trasplante o un tratamiento de diálisis, no podía exigir asistencia a las empresas privadas.
Los privados lograron atraer a mas de dos millones de clientes, que les reportan una facturación anual de 2.500 millones de dólares, con una atención cada vez de mayor calidad en atención primaria y confort. Pero cuando los problemas se agravan, terminaba su intervención.
Así, los pacientes con insuficiencia renal, por ejemplo, eran asistidos en la emergencia, pero para la diálisis debían consumir sus ahorros o terminar en el hospital público. Lo mismo sucedía con pacientes que requieren estancia prolongada en terapia intensiva, drogas oncológicas o terapia de radiación.
Ls empresas tampoco estaban obligadas a prestar asistencia en algunos casos menos serios, como tratamiento odontológico, de kinesiología, fisiatría, o esterilidad.
Los legisladores que impulsaron la reforma advirtieron que el Estado subsidiaba los servicios de salud privados en perjuicio de sectores de bajos recursos, que veían su asistencia complicada por la mayor afluencia de personas de clase media y alta a los hospitales públicos, único sitio de atención gratuita.
En Argentina se gastan casi 20.000 millones de dólares al año en salud. Los hospitales públicos consumen 4.000 millones, las obras sociales, administradas por los sindicatos y con cobertura para unas 15 millones de personas, manejan 6.700 millones.
En medicina privada se gastan 3.500 millones y en medicamentos 4.000 millones. El presupuesto total -siete por ciento del producto interno bruto- equivale a unos 600 dólares al año por persona, una proporción que ubica a Argentina en el primer lugar de América Latina por su inversión en salud.
Sin embargo, el sistema entró en crisis hace muchos años y uno de sus puntos débiles era la falta de regulación de la actividad privada. Con menos presupuesto, los sindicatos atienden toda clase de patologías en su fase preventiva y de tratamiento, mientras que con más dinero, las privadas se niegan a hacerlo.
Ante este panorama, una nueva ley que regula la actividad de más de 200 empresas de medicina privada, puesta en vigencia este mes, les exige una cobertura mínima de todo tipo de servicios, incluidos los llamados "caros".
Los empresarios rechazaron la obligación mediante más de un centenar de recursos de amparo presentados ante la justicia, por considerar que el Estado no puede intervenir en un contrato entre privados, ni legislar de manera retroactiva.
La ley tiene alcance sobre los contratos ya establecidos entre empresas de medicina y particulares. En esos contratos hay promesas de servicios caros que luego se dan, pero con enormes limitaciones.
Por ejemplo, una estancia en terapia intensiva o un tratamiento de diálisis son aceptados por algunas empresas sólo si se trata de sacar a un paciente de una crisis aguda, no si el problema se convierte en crónico.
Es así que las empresas comenzaron a competir por el mercado tratando de resaltar como "ofertas especiales" servicios que hoy la ley considera obligatorios.
Algunas señalan en su publicidad que su servicio "incluye trasplantes", y otras prometen "terapia intensiva sin límites", como si el "consumidor" de esas prestaciones pudiera saber de antemano cuál será la oferta que mejor se ajuste a su destino.
Teniendo en cuenta que las empresas privadas tienen derecho a no aceptar como clientes a personas enfermas, es casi imposible pensar qué clase de necesidades de asistencia tendrá el cliente en el futuro.
Por eso, los empresarios que en la publicidad aseguran estar movidos sólo por el inters sanitario, se preguntan ahora ante la justicia por qué tienen que ser obligados a atender pacientes que contraen enfermedades "voluntariamente". Se refieren de esa manera al sida y a las adicciones.
Entre tanto, los enfermos más comprometidos y sus familiares, desconcertados, se preguntan dónde están los 20.000 millones de dólares que Argentina desembolsa cada año para la salud de sus habitantes. (FIN/IPS/mv/ff/he/97
