El ex marino Adolfo Scilingo, que conmovió a la opinión pública argentina hace dos años por sus revelaciones sobre el destino de miles de desaparecidos durante la dictadura militar, identificó hoy a los marinos que trasladaron a Europa los archivos de la represión.
Entretanto, la Cámara Federal libró este viernes una serie de exhortos a la justicia de España y de Suiza para que remitan a Buenos Aires toda la información que puedan recoger sobre el paradero final de los desaparecidos, a fin de atender el derecho de los familiares a la verdad y al duelo.
Los responsables de la represión ilegal no pueden ser condenados en Argentina debido a las leyes de punto final, la obediencia debida y por último el indulto que dejó sin efecto la condena que purgaban en prisión los ex comandantes. Pero los familiares insisten en conocer la verdad.
En este sentido, el ministro del Interior, Carlos Corach, pidió a los medios periodísticos cautela ante las versiones para evitar crear falsas expectativas en los familiares. "Vamos a hacer lo que sea necesario, pero con mucho cuidado porque es un tema muy delicado", advirtió.
Desde la prisión, donde está detenido sin condena por una presunta estafa, Scilingo confirmó la información difundida en España por el diario "El Mundo" de Madrid, que en su edición de este jueves reveló que los servicios de inteligencia españoles tienen copias de esos archivos.
La información de archivo consiste en fichas individuales de cada una de las víctimas, su paradero durante la detención ilegal y su destino final. Scilingo aseguró que los que tienen una letra "T" fueron "trasladados", que en la jerga de los represores significa asesinados.
"Allí se verá que hay muchos inocentes", advirtió Scilingo, quien admite estar avergonzado por haber participado en los llamados "vuelos de la muerte", cuando miles de detenidos fueron arrojados vivos al mar desde aviones militares.
Scilingo aseguró que en 1983 la Armada decidió proteger unas 5.500 fichas personales con datos sobre la represión ilegal en la Escuela de Mecánica de la Armada, que actuó como una prisión clandestina, y luego hizo tres copias en microfilms para trasladarlas a España y a un banco Suizo.
Según el ex marino, el traslado estuvo a cargo de los capitanes Jorge Acosta, Raúl Scheler y Luis D'Imperio, quienes habrían actuado bajo las órdenes del entonces comandante en jefe de la Armada, almirante Rubén Franco.
La información de Scilingo coincide con la versión de El Mundo según la cual el traslado corrió por cuenta de oficiales de segunda línea de la Armada.
Los periodistas basaron su investigación en el relato de un ex militar argentino y de ex agentes del Centro Superior de Informaciones para la Defensa (CESID)).
Scilingo explicó que el CESID, acusado de haber intervenido en la represión ilegal contra miembros del grupo separatista vasco ETA, estaba vinculado con la Armada argentina y sus agentes manifestaban admiración por la forma en que los militares de este país habían actuado durante la dictadura (1976-83).
Por eso, se decidió pedir la colaboración del CESID a fin de que permita guardar una copia de los archivos. La otra copia, según la revelación de El Mundo confirmada por Scilingo, estaría en un banco en Lugano, Suiza.
Scilingo reveló también que el ex comandante Emilio Massera, que fue condenado por graves violaciones a los derechos humanos y liberado con el indulto, "sigue manejando la Armada", y aseguró que "una llave" de los archivos está en manos del actual jefe del arma, que la recibió a su vez de sus antecesores.
"La Armada es una organización muy verticalista, muy ordenada, que anota todo y después no tira ningún papel", aseguró.
Además, sostuvo que en el momento en que se decidió guardar esos datos, en 1983, comenzaba el gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín, que era considerado "el demonio" para los militares.
Alfonsín ordenó juzgar a los ex comandantes que fueron procesados durante su gobierno. Pero luego impulsó las leyes de obediencia debida y punto final que liberó de proceso a los oficiales de menor rango.
Su vocero, Simón Lázara, dijo este viernes que en 1983 había versiones sobre la existencia de listas de desaparecidos pero ninguna se pudo confirmar, y negó que Alfonsn hubiera sido advertido de una nómina que hubiera sido guardada en Suiza. (FIN/IPS/mv/dg/ip-hd/97)
