La privatización de los sistemas previsionales, en marcha en toda América Latina, está lejos de ser la panacea que muchos imaginaban para la formación de capital productivo y tiende a favorecer tendencias oligopólicas.
La supervisión de las administradoras de fondos de pensiones y la adecuada orientación de sus inversiones es uno de los desafíos básicos de las reformas previsionales en la región, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
La agencia regional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Santiago de Chile difundió las conclusiones centrales de un seminario sobre el tema que reunió en octubre de 1996 en esta capital a expertos de 11 países.
El encuentro, en que participaron autoridades gubernamentales, expertos de los sectores académico, público, empresarial y sindical, además de organismos de la ONU, es el mayor intento de análisis regional sobre reformas previsionales efectuado hasta la fecha.
Los 11 países presentes en el seminario están en diversos grados de desregulación de sus sistemas de pensiones, comenzando por el anfitrión, Chile, que en 1981 dio la señal de partida a esta gestión privatizadora, emulada hoy incluso en Europa.
Gunther Held y Andras Uthoff, asesores regionales de Cepal, indicaron que las reformas previsionales avanzan en casi toda la región, aunque con diferencias tanto en los tiempos como en las modalidades escogidas por los gobiernos que a partir de esta década se sumaron al ejemplo chileno.
Argentina, Colombia, Perú y Uruguay realizaron cambios previsionales en años recientes, en tanto Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras y Paraguay se encuentran en el inicio de reformas o aún en la etapa de diseño de éstas.
Los principales argumentos en favor de privatizar la administración de los fondos de pensiones se apoyan en la crisis de la gestión estatal en este ámbito y en la necesidad de los países latinoamericanos de aumentar el ahorro interno y la inversión productiva.
Bajo estos argumentos se plantea a los trabajadores que deben aceptar la sustitución del antiguo sistema solidario, en que todos contribuian con parte de su salario cada mes para financiar las pensiones de los jubilados, por un sistema de capitalización individual.
Con la nueva modalidad, cada trabajador es el financista de su propia pensión, sobre la base de que debe depositar cada mes un porcentaje predeterminado en las administradoras de fondos hasta completar la edad de retiro, pero que además puede aumentar voluntariamente esa contribución.
Las administradoras de fondos colocan los capitales así recaudados en títulos o acciones, obteniendo ganancias que favorecen directamente a sus depositantes, los cuales incluso están facultados para trasladar sus fondos de una administradora a otra en busca de una mejor rentabilidad.
El sistema así concebido ha funcionado con coherencia en Chile y se le atribuyen méritos como uno de los pilares de la solidez económica de este país, con tasas de crecimiento del producto interno bruto del orden de siete por ciento anual en esta década y una constante baja de la inflación.
La economía chilena, según se afirma, eludió el impacto combinado de las depresiones de 1995 en México y Argentina, los efectos "tequila" y "tango", gracias a su capacidad de ahorro interno, que contrarrestó la volatilidad de los llamados capitales "golondrinas".
Sin embargo, los análisis recogidos por Cepal, que se apoyan en gran parte en la experiencia chilena, por ser la más antigua, ponen en evidencia flancos del sistema, tanto en la calidad de las nuevas pensiones como en su aporte para el ahorro y la formación de capital productivo.
"Según las experiencias en marcha, las administradoras de fondos de pensiones han tendido hacia el oligopolio y los fondos de pensiones que administran han tendido a concentrarse en títulos de corto plazo y/o en valores públicos que apoyan poco la formación de capital real", advierte la agencia de la ONU.
"En consecuencia, se ha observado una alta concentración de los fondos en pocos instrumentos, altos costos administrativos, rentabilidades extremadamente sensibles a ciertos segmentos del mercado de capitales y, una vez que los afiliados han llegado a las edades de retiro, mercados de rentas vitalicias poco transparentes y con altos costos para el afiliado", agrega.
En 1996 las administradoras chilenas apostaron en forma mayoritaria al expansivo sector de los consorcios eléctricos, cuyos títulos se devaluaron al iniciarse proyectos de gasoductos para traer gas natural desde Argentina, con la consiguiente caída de su rentabilidad y de las pensiones de sus afiliados.
Otro desafío que enfrenta la región, además del de la administración de los fondos, es el de cuantificar la deuda previsional en el momento de las reformas y disponer si es el Estado, como en Chile, o los privados, el que se hará cargo de compensar a quienes pierden con el fin del reparto solidario.
Este aspecto se vincula con un tercer desafío, que es el de ampliar la cobertura previsional, ya que un sistema basado en la libre competencia del mercado tiende a dejar fuera a los estratos de menores ingresos y, en especial, a los indigentes que deben recibir pensiones asistenciales.
Estas y otras limitaciones explican el hecho de que pese a los publicitados logros del modelo previsional chileno, éste tiende a ser imitado con mayor fidelidad sólo en Perú y Paraguay, mientras en otros países se le introducen importantes variantes.
En Bolivia se adoptó un mayor reconocimiento de la compensación por aportes previsionales anteriores y tratamientos preferenciales para grupos de potenciales jubilados, según se consignó en el seminario de Cepal.
En Argentina se implantó una mezcla que consiste en "un sistema único mixto con un componente solidario de reparto y un sistema de capitalización individual complementario".
Colombia puso en ejecución una reforma en que operan en forma paralela y competitiva una fórmula de prima media con prestación definida y una modalidad de ahorro en cuentas individuales con un sistema solidario.
El inventario de búsquedas previsionales se expresa en Uruguay en un esquema mixto con dos pilares complementarios: un régimen de reparto y uno de capitalización individual.
En Costa Rica, por último, se plantea un primer mecanismo de protección general básica unificado, para a partir de ahí redefinir requisitos de cotización y revalorización de pensiones, e incluir a todos en el sistema general básico sólo una vez que se hayan cubierto esas otras instancias. (FIN/IPS/ggr/ag/if/97
