El Banco Mundial, que procura cerrar el paso a nuevas críticas por su participación en proyectos de desarrollo, no se decide a respaldar la construcción de una nueva represa en Laos.
El organismo estableció un Grupo Asesor Internacional sobre Proyectos de Energía Hidroeléctrica (IAG) para evaluar si la realización de la represa de Nam Theun 2 implicaría un riesgo político excesivo.
El gobierno de Laos pretende construir la represa para vender a Tailandia parte de la generación eléctrica nacional anual, que se estima en 250 millones de dólares y constituye la cuarta parte del producto interno bruto del país.
Esos ingresos financiarían programas de salud y educación en una de las naciones más pobres del mundo.
Un consorcio internacional que encabezan la compañía australiana Transfield Holdings y la francesa Electricite de France se haría cargo de la construcción y la administración de la represa.
Esta central hidroeléctrica se convertiría en una necesaria fuente adicional de divisas. Laos recibe la mayor parte de sus ingresos en moneda extranjera de las tarifas que cobra a los vuelos internacionales que atraviesan su espacio aéreo.
Grupos ambientalistas sostienen que la concreción del proyecto sería desastrosa, pues destruirá la flora, la fauna y la cultura locales, y que su construcción y mantenimiento costarán más que las ganancias que se obtengan.
La organización ambientalista regional TERRA, con sede en Bangkok, sostuvo que el proyecto inundaría la planicie de Nakai, 450 kilómetros cuadrados de tierra cerca de la frontera con Vietnam, lo cual supondrá la eliminación de tres zonas nacionales de conservación de biodiversidad.
Cerca de 5.000 indígenas de 21 aldeas tendrían que ser reubicados, algunos sin haber tenido contacto previo con la sociedad moderna.
Otras 7.000 personas podrían resultar desplazadas de la zona de recolección de agua y de preservación forestal que se crearía alrededor del embalse de Nam Theun 2, sostuvo un funcionario del Banco Mundial.
Pero la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre, de Estados Unidos, defendió los planes del consorcio alredor del embalse porque gran parte de la tierra que se inundará ya fue talada y, por lo tanto, no hay allí bosques vírgenes que corran peligro.
El costo oficial de la represa se estima en 1.200 millones de dólares, pero cálculos independientes destacaron que la cifra podría ascender a 1.400 millones, lo que equivale a la producción económica de Laos en un año.
El consorcio pretende que la Asociación Internacional del Desarrollo (IDA), el organismo del Banco Mundial que ofrece préstamos blandos a los países más pobres, extienda una garantía contra riesgos políticos para los inversores en el proyecto.
La operación protegería a los inversores en caso de nacionalización de la represa o de modificación de la política del gobierno. Hasta el momento, el Banco no ha otorgado ese tipo de garantías en países que reciben ayuda de la IDA.
Las compañías también pretenden que la Corporación Internacional de Finanzas (IFC), la filial del Banco para el sector privado, les otorgue créditos e inversión, aunque no es considerado tan importante como la garantía de IDA.
El Banco Mundial es reacio a respaldar el proyecto debido a las críticas que recibió, aunque sus informes revelan que la represa es la mejor opción que tiene Laos.
A lo largo de su historia, el Banco fue criticado por participar en la construcción de represas. En 1993, en la de Sardar Sarovar, en India, se formó un comité de inspección independiente que analizó las quejas de las comunidades que se vieron perjudicadas.
El nuevo grupo del Banco sobre energía hidroeléctrica irá a Laos en mayo para asesorar al organismo sobre las cuestiones ambientales y sociales relacionadas con el proyecto. El Banco también cuenta con los estudios económicos, ambientales y sociales que realiza de forma rutinaria.
El IAG también evaluará el riesgo que correrá el Banco al respaldar el proyecto de Nam Theun 2.
En el futuro, el grupo asesor investigará la forma "sustentable de mejorar el desarrollo de la energía hidroeléctrica para el ambiente y la sociedad en los proyectos del Banco en todo el mundo".
El IAG estará integrado por David McDowell, director general de la Unión Mundial para la Conservación, Emil Salim, ex ministro de Ambiente de Indonesia, Kazuo Takahashi, director del Instituto de Investigación para el Desarrollo Internacional de Japón, Margaret Taylor, ex embajadora de Pápua-Nueva Guinea, y Dirk de Zeeuw, vicepresidente de la Comisión para la Evaluación del Impacto Ambiental de Holanda.
Si el grupo tiene una opinión positiva sobre la represa, el proyecto sería considerado por el consejo ejecutivo del Banco Mundial a fines de 1997 o principios de 1998. (FIN/IPS/tra- en/aa/yjc/aq-mj/en dv/97
