El chileno Juan Pablo Orrego y el ruso Alexander Nikitin, quien podría ser condenado a muerte por acusaciones de traición, fueron dos de los siete activistas que recibieron el Premio Ambiental Goldman por su esfuerzo de preservación de la naturaleza.
El Premio Goldman, que incluye 75.000 dólares para los ganadores, es quizá el más prestigioso galardón internacional entregado a los activistas defensores del medio ambiente.
En una ceremonia realizada en San Francisco en la noche de este lunes, Orrego fue premiado por su intento de salvar uno de los últimos ríos de libre curso de Chile, convirtiendo el tema en foco de debate en el país.
El Grupo de Acción por el Bío Bío (GABB), coordinado por Orrego, organizó una campaña contra la construcción de la represa Ralco, la cual inundaría más de 70 kilómetros del valle del río y desplazaría al grupo indígena pehuenche.
ENDESA, la empresa que pretende construir la represa, intenta lograr apoyo financiero internacional, pero ha enfrentado serias dificultades debido a la campaña y los esfuerzos legales de GABB, y a una queja presentada al panel de inspecciones del Banco Mundial, indicó la Fundación Goldman.
Nikkitin, ex oficial naval ruso acusado de traición por exponer el peligro de la catástrofe nuclear de la deteriorada flota submarina rusa, sirvió como ingeniero jefe de submarinos alimentados con energía nuclear de la Flota Norte Soviética entre 1974 y 1985. Luego trabajó en el Ministerio de Defensa, hasta retirarse en 1992.
En 1995, Nikitin comenzó a trabajar con la Fundación Bellona, un grupo ambientalista noruego para el cual ayudó a publicar el informe "La Flota Norte Rusa, fuente de contaminación radiactiva".
El informe confirmó temores sobre la posibilidad de un gran desastre nuclear en cientos de submarinos en decadencia basados en la península de Kola.
Nikkitin fue detenido por autoridades rusas en febrero de 1996, bajo acusaciones de espionaje, pero fue liberado en diciembre después de protestas internacionales, incluyendo una resolución del Parlamento Europeo. Pero los cargos, que implican la pena de muerte, no fueron retirados.
El jefe del Consejo Tribal Bentian Loir Botor Dingit forjó en Indonesia un frente común con tribus bentian y dayak para proteger sus bosques de la tala de corporaciones internacionales.
Las tribus dayak ganaron una importante batalla en septiembre, cuando el Ministerio de Forestación anunció su intento de lanzar un proyecto piloto en el cual las comunidades recibirán derechos legales sobre 10.000 hectáreas de bosques.
Esta fue la primera vez que el gobierno reconoció los derechos de los grupos indígenas Kalimantan. Luego, la oficina regional de forestación decidió que la tala de madera en el área bentian es ilegal, en otra disposición sin precedentes en Indonesia.
Fuiono Senio, gran jefe samoano, trabajó junto a otro ganador del Premio Goldman, el profesor estadounidense Paul Alan Cox, para salvar la selva de la Isla Savai'i en Samoa occidental, en Polinesia, de la tala masiva que ya destruyó gran parte de los árboles de la isla.
También recibió la distinción el activista de Gran Bretaña Nick Carter, quien vio los primeros resultados de cuatro décadas de esfuerzos por proteger la vida silvestre cuando Zambia, Uganda, Lesotho, Kenia, Sudáfrica y Swazilandia firmaron el Acuerdo de Lusaka.
El acuerdo fue diseñado para estimular la cooperación entre agencias nacionales encargadas de promover la vida silvestre, y auspiciantes de programas de capacitación de personal para ese fin.
Terri Swearingen, enfermera estadounidense del estado de West Virginia, fue galardonada por su campaña contra la construcción de icineradores de desechos tóxicos, muchos de los cuales han sido instalados cerca de comunidades pobres en Estados Unidos.
Los icineradores liberan metales pesados, incluyendo dioxinas, causantes de cáncer y otros problemas.
Detenida más de una docena de veces por participar en protestas comunitarias, la campaña de Swearingen, según la Fundación Goldamn, logró concitar la atención de la opinión pública estadounidense.
Asimismo, influyó en la declaración del gobierno de Bill Clinton de 1993 que fijó una moratoria de 18 meses para la construcción de nuevos icineradores y una declaración del gobernador de Ohio que prohibe la construcción de nuevas instalaciones. (FIN/IPS/tra-en/jl/yjc/lp/en/97
