En Venezuela hay un sistema penitenciario medieval, donde los mayores abusos contra los presos provienen de otros reclusos, por hacinamiento y falta de control, dijo hoy un activista internacional al entregar un informe al gobierno.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división americana de Human Rights Watch, se entrevistó con el presidente Rafael Caldera este viernes, para entregarle el informe "Castigo antes del juicio: las condiciones carcelarias de Venezuela".
Vivanco indicó después que el extraordinario hacinamiento, las malas condiciones físicas de los penales, los muy negativos niveles de alimentación y salud, la falta de control interno y los abusos de los custodios militares convierten la vida de los presos en "absolutamente indigna".
El directivo de la organización humanitaria dijo que Venezuela tiene una de las peores condiciones carcelarias de América Latina, por su violencia, hacinamiento e impunidad, y consideró que sólo Brasil presenta características similares.
Tres abogados de la organización con sede en Estados Unidos visitaron hace un año un tercio de las 33 cárceles venezolanas, recogiendo elementos como acciones "brutales" de la militar Guardia Nacional, que tiene su control externo, pero también interno en las penitenciarias mas explosivas.
Vivanco destacó que la investigación contó con "plena cooperación" de las autoridades locales y reconoció que el gobierno de Caldera y el ministro de Justicia, Henrique Meier, han adoptado decisiones "alentadoras" aunque insuficientes.
Entre lo positivo, remarcó la demolición el proximo domingo del "infernal" Retén de Catia, en esta capital, porque "es un paso importante en la línea correcta, que sienta un precedente".
Meier indicó que desde que se recogió información para el informe, se han tomado medidas de peso, con programas para descongestionar los penales y mejorarlos, desarmar a los reclusos y depurar a los funcionarios.
Pero el ministro insistió en denunciar que 75 por ciento de los reclusos no tienen sentencia por la lentitud de la justicia, lo que dificulta la adopción de medidas profundas, así como la existencia de un codigo penal anacrónico, que impone la prisión preventiva ante delitos menores.
Vivanco indicó que dentro de los muchos e impunes problemas que soportan los 25.600 presos venezolanos destaca que "están librados a su suerte" por falta de custodios.
"Predominan las violaciones y abusos de presos por otros presos porque no hay supervisión, la autoridad carcelaria no controla y cuando lo hace es en forma brutal y poco profesional", dijo Vivanco, de nacionalidad chilena.
El problema de las cárceles no es sólo del gobierno, sino que son corresponsables los tribunales y el parlamento, además de la Guardia Nacional que ni sabe ni puede manejar presos y concentra la corrupción de los penales, destacó.
Se calcula que en promedio, hay un vigilante civil por cada 200 reclusos, y en 1996 murieron dentro de las penitenciarías 181 presos, aunque la cifra es menor a la de años precedentes.
Criticó a la Fiscalía General (garante de la legalidad y los derechos humanos) porque se concentra en realizar informes sobre los abusos de la Guardia y los agentes penitenciarios pero no impulsa procesos para que sean castigadas esas violaciones.
"Su ineficacia promueve y consolida la impunidad y hace más recurrentes los abusos", declaró el directivo de Human Watch.
Vivanco denunció también a los tribunales, que abusan de la detención preventiva, mantienen a presuntos autores de delitos menores presos cuando podían estar en libertad provisional, y con su lentitud violan derechos elementales.
El activista demandó el retiro gradual pero definitivo de la Guardia Nacional de su actividad en las cárceles, pidió la creación de una policía penitenciaria especializada y suficiente para atender la población penal y la mejoría general de la dotación física de las instalaciones.
Vivanco planteó que su organización considera indispensable la pronta clasificación de los internos entre sentenciados y procesados y entre los que son peligrosos y los que no, lo que no sucede en la actualidad.
Denunció el caso de "refugiados" dentro de los mismos penales, que se atrincheran por semanas o meses en algunas áreas para huir de la violencia física de todo tipo de otros reclusos y de sus mafias impunes.
La mejor situación en la investigación de marzo de 1996 se vio en las cárceles de mujeres, resaltó. Un nuevo informe será dado a conocer en diciembre, anticipó, tras otro recorrido por los penales venezolanos, previsto para junio. (FIN/IPS/eg/dg/ip-hd/97
