El mayor grado de violencia de los delitos cometidos en Uruguay ha llevado a la población a percibir un "aumento de la inseguirdad" y a grupos de ciudadanos a promover formas de autoorganización contra la delincuencia que preocupan al gobierno.
Uno de los más recientes ejemplos de la creciente violencia de los delitos lo constituyó el caso de un banco estatal, que en menos de quince días fue asaltado dos veces por grupos de hombres armados a guerra.
El lunes 3, durante el segundo asalto, un policía de custodia fue tomado como rehén y horas más tarde dejado en libertad, desnudo. Para muchos fue un ejemplo de la impotencia policial ante los delincuentes.
El jefe de Policía de Montevideo, José Nalerio, no cree que sus subordinados sean ineficientes.
Por el contrario, durante 1996 el número de delincuentes presos aumentó ocho por ciento con relación a 1995, dijo.
Pero la visión de los vecinos de la capital uruguaya es diferente.
A fines de febrero, un grupo de ciudadanos realizó una manifestación pública concretando en los hechos una serie de reuniones que diversas asociaciones realizan en distintos barrios de Montevideo, ciudad en la que vive 45 por ciento de los 3,1 millones de uruguayos.
Otto Radiccione, dirigente de ese grupo de ciudadanos, exhortó a los presentes a "cambiar este estado de barbarie" y a unirse para combatir a los delincuentes.
Uno de los carteles pedía terminar con "la violencia y la corrupcion".
"La corrupción policial es uno de los motivos del avance de la violencia, por eso es necesario unirse para trabar el avance de la delincuencia", dijo Radiccione a IPS.
El temor de que los ciudadanos hagan justicia por su propia mano, emulando a escuadrones de la muerte que operan en otros países de América Latina, llevó al gobierno a ordenar a los servicios de inteligencia seguir el desarrollo de esos grupos.
El Ejecutivo no descarta que detrás de esos grupos existan "intereses políticos menores", aludiendo al cogobernante Partido Nacional, segunda fuerza electoral, que desde comienzos de 1997 lanzó una ofensiva crítica por la ola delictiva, señaló una fuente policial.
"Nos parece insólito que se pida a los servicios de inteligencia que sigan a los vecinos, cuando éstos sólo reclaman mayor nivel de seguridad", declaró a IPS, tras reunirse con Nalerio, el diputado Jaime Trobo, del Partido Nacional.
El jefe de Policía admitió que la institución que comanda está dispuesta a coordinar formas de acción con los vecinos.
Esta semana, durante un seminario sobre violencia criminal urbana que se realiza en Río de Janeiro, el ministro del Interior Didier Opertti, admitió que en los últimos años en Uruguay "se ha sumado la violencia como componente" de los delitos.
El gobierno argumenta que en tres años los delitos violentos, la mayoría asaltos a mano armada a instituciones y ciudadanos, aumentaron más de 100 por ciento y que en 30 por ciento de ellos participan menores de edad.
Según Opertti, el número total de delitos disminuyó, pero debido al aumento de la violencia "la percepción de la gente sobre la inseguridad ha crecido".
El 24 de febrero varias organizaciones comerciales emitieron un comunicado reclamando respuestas ante "la angustiante situación de inseguridad y riesgo de vida que enfrentan" sus asociados.
Entre los firmantes están los gremios de farmacias, panederos, hoteles, restoranes, bares y carniceros.
Esta semana el gobierno envió al Parlamento algunas leyes represivas para combatir la delicuencia, agravando la pena para los delitos de homicidio y los actos preparatorios de la rapiña, la extorsión y el secuestro, entre otros.
Asimismo establece la obligación de los ciudadanos de circular con un documento de identidad, porque de lo contrario serán detenidos.
El proyecto también propone sancionar la fuga, aún cuando se concrete sin violencia.
Las dos últimas propuestas han merecido críticas de varios juristas. La primera, porque rememora los años de la dictadura militar (1973-1985) y la segunda porque contraviene normas nacionales e internacionales.
La inseguridad también se ve abonada por las continuas fugas de las cárceles.
El Ministerio del Interior, bajo cuya responsabilidad están los centros de reclusión, responsabilizó por varias fugas al Poder Judicial, porque los jueces otorgan con amplitud "salidas transitorias" a presos que luego no regresan.
Sin embargo, otras fugas parecen hablar de controles inadecuados.
El lunes 3 una joven homicida de 18 años se fugó de la céntrica cárcel del mujeres descolgándose por una ventana de la que ató una cuerda. (FIN/IPS/rr/dg/pr/97
