Ocho años después que un plebiscito ratificó una ley de punto final en Uruguay, un grupo político busca que el gobierno aplique un artículo de esa norma que lo obliga a indagar sobre el destino de los desaparecidos durante la dictadura militar.
El senador Rafael Michelini anunció que este miércoles presentará una denuncia judicial en la cual aportará detalles sobre el destino de varias personas desaparecidas que recabó de fuentes militares.
Michelini, líder y fundador del centroizquierdista Nuevo Espacio, es hijo del ex senador Zelmar Michelini, secuestrado y asesinado en 1976 en Argentina, donde se había exiliado luego del golpe de Estado en Uruguay, que instaló a los militares en el poder entre 1973 y 1985.
El reclamo por conocer el destino de los desaparecidos se instaló en Uruguay el 14 de marzo de 1985, cuando fueron liberados los últimos presos políticos.
Antes de iniciar la actual ofensiva, Michelini realizó una ronda de conversaciones con todos los líderes políticos, que inició con el presidente Julio Sanguinetti.
Michelini pretende que se instale una "Comisión de la verdad" que permita "la reconciliación del país y dar a los familiares de los desaparecidos una respuesta".
El senador aclaró que no pretende identificar a los culpables esas violaciones a los derechos humanos porque este aspecto fue clausurado por una ley de punto final ratificada en un plebiscito en 1989, sino "conocer la verdad".
La ley exime de castigo a los militares y policías acusados de desapariciones, torturas, detenciones ilegales y asesinatos de opositores, tanto en Uruguay como en el exterior (en especial en Argentina, donde 140 uruguayos fueron secuestrados por militares de los dos países en el marco de operaciones coordinadas).
Sin embargo, un artículo de esa norma obliga al Poder Ejecutivo a indagar sobre el destino de los desaparecidos, lo que hasta ahora no ha sucedido.
Fuentes del gobierno dijeron a IPS que Sanguinetti se opone a que se integre una comisión como la que pretende Michelini, porque para el mandatario el tema de los derechos humanos es un "asunto saldado".
Pero para Michelini la cuestión preocupa a Sanguinetti ("por algo ha destinado varias horas a conversar conmigo", dijo) y "a los militares".
Los líderes del Partido Nacional, que integra con el Colorado de Sanguinetti un gobierno de coalición, no se han expedido sobre el tema, pero allegados a los mismos estiman que no apoyarán la iniciativa.
En cambio, Tabaré Vázquez, líder del izquierdista Frente Amplio, que representa a casi un tercio del electorado, dijo que el asunto es "lo suficientemente serio y delicado" como para que sea considerado.
Además de los 140 desaparecidos en Argentina, otros 40 uruguayos fueron secuestrados en su porpio país.
Michelini dijo que los datos sobre el destino de varios desaparecidos le fueron proporcionados por dos altos oficiales.
"Hay militares que quieren cerrar esta página leyéndola como corresponde y dando cuenta de los hechos tal cual son y no como se han presentado hasta ahora", declaró.
El ex capitan de navío Jorge Tróccoli, quien hace pocos meses reconoció haber sometido a torturas a varios detenidos durante la dictadura, dijo que está dispuesto a dar información sobre el destino de los desaparecidos pero sin dar el nombre de los responsables.
Docentes de la Facultad de Humanidades, donde Tróccoli cursa antropología, se negaron a tomarle exámenes en repudio a su trayectoria como torturador. Los estudiantes del mismo establcimiento lo habían declarado antes "persona non grata"
"Hay que dar respuestas, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, hay que medir muy bien las consecuencias", dijo Tróccoli al conocer la propuesta de Michelini.
Agregó que no se arrepiente de haber torturado, porque "arrepentirse significa desear no haber vivido algo. Si no hubiera vivido lo que viví tal vez no tendría conciencia de la gravedad de esos hechos", señaló.
Aclaró que si hoy se dieran las mismas circunstancias, con la madurez del presente no volvería a hacer lo mismo.
Ahora la justicia deberá decidir si encuentra una vía al margen de la ley de punto final para investigar los hechos concretos que se denunciarán.
De lo contrario remitirá los antecedentes al Poder Ejecutivo para que decida si impulsa el mecanismo que lo obliga a averiguar el destino de los desaparecidos. (FIN/IPS/rr/dg/ip/hd/97
