Colombia, Nigeria y Sudán son escenario de violencia endémica contra los sindicalistas, un hecho que se evidencia en asesinatos, desapariciones, intimidación y hostigamiento, denunció el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT).
El organismo aprobó las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT, que reclamó a esos y a otros 17 estados que reformen la legislación y las prácticas laborales.
Desde 1994 se aplica una política de "restricción de los derechos sindicales" en Nigeria, observó la OIT, que insistió en su solicitud al país africano para que permita la visita de una misión de la organización.
Las sesiones de 1995 y 1996 de la Conferencia Internacional del Trabajo declararon que las autoridades de Nigeria no respetan las libertades civiles esenciales que permiten ejercer los derechos sindicales.
El movimiento sindical ha sido "agresivamente atacado" en Colombia, donde se registra una "compleja y grave situación de violencia" que afecta a todos los sectores de la sociedad, dijo el Comité.
El sistema judicial de Colombia es ineficaz y la justicia militar interviene en concurrencia con los tribunales civiles, sostuvo la OIT.
La OIT, que tiene representación de estados, empleadores y obreros, manifestó "grave preocupación" ante las denuncias de asesinato, "desaparición y otros actos de violencia" contra sindicalistas, y a los allanamientos de sedes sindicales y del domicilio de sindicalistas.
La organización describió la lucha civil en Colombia como "una de las más virulentas y persistentes del mundo". El número de asesinatos perpetrados en 1995 osciló entre 25.000 y 30.000 "sin contar otro tipo de agresiones".
El Comité de Libertad Sindical pidió al gobierno colombiano que desarticule los grupos militares "que impiden el normal desarrollo de las actividades sindicales".
Las quejas de la OIT contra Sudán, relacionadas con la detención de sindicalistas, se basan en la denuncia de violaciones presentada por la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Sudán (FSTS).
La central obrera sudanesa reclamó por el despido de más de 95.000 trabajadores de empresas estatales, resuelto de modo inapelable por Jartum.
El Comité pidió a las autoridades sudanesas que investiguen la muerte por torturas, entre 1990 y 1995, de prominentes sindicalistas, como Mohamed Babiki, Yousif Hussain, Abdel Moniem Sulinam, Abdel Moniem Rahma y Wad Medani Gezira.
También solicitó el esclarecimiento de las circunstancias exactas de esas muertes y la adopción de "las medidas necesarias para que los responsables comparezcan ante la justicia".
El Comité de Libertad Sindical se ocupó también de la revisión de las leyes del trabajo emprendida en Corea del Sur, que ocasionaron huelgas y enfrentamientos entre los obreros y el gobierno.
Así mismo, solicitó a las autoridades de Seúl que acepten la visita de una misión tripartita de alto nivel a efectos de garantizar la compatibilidad de la reforma legislativa con los principios de libertad sindical.
El pedido comprende también el reconocimiento y el registro legal para la Confederación de Sindicatos de Corea, la Federación Sindical de la Industria Automotriz de Corea, el Sindicato de Maestros y de Trabajadores de la Educación de Corea, y el Sindicato de Trabajadores del Subterráneo y la Federación de Sindicatos del Grupo Hyundai.
El resumen de las resoluciones del Comité incluye una exhortación al gobierno de Bangladesh para que registre como organización sindical al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Confección.
Al gobierno de Brasil le solicitó la anulación de las multas impuestas a los sindicalistas de la Federación Unica de Petroleros por la participación en huelgas en la empresa Petrobras, en 1995.
El Comité mostró también preocupación por la posibilidad de que la legislación discutida actualmente en el Congreso Nacional de Brasil contemple multas o sanciones por la realización de huelgas legítimas.
Las medidas estudiadas por el Poder Legislativo brasileño pueden tener un efecto intimidatorio sobre los sindicatos y coartar sus actividades legítimas, advirtió el organismo.
Otras observación del Comité lamentó que una ley dictada en Canadá elimine durante tres años cualquier posible foro para la celebración de consultas con los sindicatos sobre la seguridad del empleo.
La OIT pidió a Ottawa que "se abstenga de imponer nuevas restricciones a la negociación de las cuestiones sobre seguridad del empleo". (FIN/IPS/pc/ff/lb hd/97
