Ruanda manifestó al secretario general de la ONU, Kofi Annan, así como al Consejo de Seguridad del cuerpo, numerosas quejas en torno al tribunal internacional que juzga crímenes de guerra en ese país (ICTR).
En un memorando de 10 páginas, Kigali enumeró sus quejas, entre ellas acusaciones de incompetencia contra sus funcionarios y falta de determinación para castigar a los responsables del genocidio que sufrió Ruanda entre abril y julio de 1994, en el que murieron cientos de miles de personas.
La fiscal del ICTR, la canadiense Louise Arbour, fue el blanco principal de los cuestionamientos, remitidos a las autoridades de la ONU (Organización de Naciones Unidas) a fines de febrero.
El gobierno de Ruanda afirmó que la justicia debería ser "una herramienta para promover la reconciliación y la paz", en el país africano, pero "la actual fiscal no parece creer que esa sea la razón de ser de la existencia del tribunal".
Para Kigali, Arbour no comprende el papel y las obligaciones del ICTR, pues "instruyó a sus abogados a no oponerse nunca a las solicitudes de aplazamiento de los procesos" interpuestas por los defensores de los acusados, "pese a que las dilatorias son evidentes y están bien documentadas".
El gobierno de Ruanda afirmó que la fiscal era insensible frente al genocidio de los judíos durante la segunda guerra mundial en base a las sentencias que adoptó en su tribunal en Ontario, Canadá.
En 1992, la entonces jueza Arbour absolvió a Imre Finta, gendarme en Hungría durante el régimen nazi, de acuerdo con el informe. "Finta fue acusado de trasladar a más de 8.000 judíos a los campos de exterminio", según Kigali.
En 1993, Arbour "estuvo de acuerdo con una sentencia que revirtió la acusación contra Paul Moyer, imputado de tomar fotografías antisemitas en un cementerio judío de Ontario". Ese fallo fue revertido luego por la Corte Suprema de Canadá, agregó el informe.
Los informantes consultados por IPS en Nueva York confirmaron la participación de Arbour en la absolución de Finta y la reversión de la acusación contra Moyer, pero indicaron que sus decisiones se basaron en las leyes de Canadá y no en sentimientos antisemitas.
Según Ruanda, las posiciones de Arbour respecto de la violación sexual, una de las armas empleadas por milicias hutu durante el genocidio, la incapacitan para ser fiscal del ICTR.
Cuando era jueza en Canadá, afirmó Kigali, la jurista se pronunció públicamente por la derogación de leyes contra los abusos sexuales.
Arbour "no está capacitada para manejar los juicios", lo que "deja solos" a los jueces del tribunal, sostuvo el gobierno de Ruanda.
Sin embargo, en una visita a Naciones Unidas, la magistrada declaró que consideraba la violación sexual una violación de los derechos humanos y de las reglas militares.
El portavoz de la ONU Yasuhiro Ueki dijo a IPS que el cuerpo estudia las acusaciones de Kigali.
Ueki sostuvo que el ex secretario general de la ONU Boutros Boutros-Ghali consideró que Arbour estaba calificada para ejercer su actual función, y recordó que su designación contó con el voto unánime del Consejo de Seguridad a la hora de subrogar a su antecesor, Richard Godstone.
"Nadie cree que no cuente con calificaciones. Nadie cuestionó su candidatura", agregó el portavoz, para quien quizás la ONU no responda las acusaciones de Kigali "debido al tono" de la carta.
El cuerpo mundial respalda el trabajo de la fiscal en el ICTR, sostuvo Ueki.
El ministro de Justicia de Ruanda consideró en febrero que el tribunal acusó a los personajes "secundarios" del genocidio pero dejó impunes a sus "autores intelectuales", posición que se reiteró en la carta remitida a las autoridades de la ONU.
Los investigadores del ICTR "exhumaron tumbas colectivas sin informar a las autoridades ni a los familiares de los muertos y dejaron los restos en el lugar, una abominación en nuestra cultura", agregó el informe.
Kigali también se quejó de que los crímenes de guerra en Ruanda y la antigua Yugoslavia eran considerados por un único fiscal, lo cual centralizaba la toma de decisiones al respecto en La Haya, Holanda, donde se desempeña.
Ese fiscal tiene poco contacto con los juicios en Kigali, lo que ubica los crímenes en la antigua Yugoslavia "en el centro de la atención", según el gobierno de Ruanda. (FIN/IPS/tra-en/jbk- fah/kb/mj/hd ip/97
