Tres meses después de la toma de la embajada de Japón por un grupo guerrillero, el gobierno de Perú parece haber dado un paso al costado para dejar a Tokio la iniciativa en la búsqueda de una salida pacífica.
Ambos países están asociados inevitablemente en esta crisis, pues si bien corresponde a Perú la responsabilidad política de la solución ésta debe ser aprobada por Tokio, pues el delito se comete en una área diplomática bajo su jurisdicción a la que la policía peruana no puede entrar sin su permiso.
Japón no puede decidir sobre la demanda central del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA): el canje de los 72 rehenes por los 400 emerretistas presos, exigencia que el gobierno de Alberto Fujimori no acepta, de modo que sólo podrá negociar el monto del "impuesto de guerra" pedido por los insurgentes.
En episodios anteriores ocurridos en varios lugares del mundo, Tokio obtuvo la liberación de rehenes japoneses pagando varios millones de dólares, pero su suponçia que en esta oportunidad respaldaría la decisión de Fujimori de no ceder a las demandas de los insurgentes.
Fujimori reiteró el pasado fin de semana su rechazo a la demanda del MRTA de canjear rehenes por guerrilleros presos.
Esa negativa es uno de los límites que tendrá la gestión del vic ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Masahiko Komura, quien llegó este lunes a Lima para conversar con Fujimori, y luego viajará a Cuba y República Dominicana, cuyos gobiernos han aceptado asilar a los guerrilleros si liberan a los rehenes.
Las conversaciones directas entre el gobierno peruano y el comando guerrillero que tomó la embajada fueron interrumpidas la semana antepasada por Néstor Cerpa, jefe del grupo insurgente, quien sostuvo que la policia estaba excavando un tunel para intentar rescatar a los rehenes por la fuerza.
Cerpa no consideró "correcto" que el gobierno de Perú entable negociaciones hacia una liberación pacífica de los rehenes al mismo tiempo que prepara un asalto militar.
La existencia del túnel no ha podido ser comprobada por la prensa, pero tampoco ha sido desmentida por Fujimori, quien se limitó a señalar que mientras los subversivos mantengan en su poder a los rehenes, su gobierno esta en la obligación de preparar planes de contigencia para liberarlos.
El día 11, Cerpa retornó a la sala de conferencias, pero quien no asistió entonces fue el representante del gobierno de Fujimori, el ministro de Educación Domingo Palermo, designado interlocutor oficial.
"Hemos decidido entrar en una fase de reflexión, porque las condiciones no están suficientemente definidas", dijo Palermo, en un críptico comunicado que no satisfizo a la prensa local.
Desde entonces, Cerpa se ha reunido dos veces con los miembros de la Comisión de Garantes, constituida por delegados del Vaticano y la Cruz Roja Internacional y los embajadores de Japón y Canada.
Por la ausencia del representante gubernamental, esa Comisión dejo de ser simple testigo y garante del cumplimiento de los acuerdos entre el Ejecutivo peruano y los guerrilleros, para asumir un papel mediador que antes no tenía.
Hasta el pasado fin de semana, se ignoraba hasta cuándo mantendría el gobierno de Fujimori esa posición, ni cuál era el objetivo de su inasistencia.
Analistas consultados por IPS estimaron que el presidente está aplicando una "táctica de vacío" para presionar a una definición al MRTA.
La iniciativa que asume desde este lunes el gobierno de Japón añade otra explicación: Fujimori deja a Tokio la posibilidad de formular sus propias propuestas, y asumir el costo político y financiero de la solución de la crisis o de su fracaso.
Entre tanto, otros incidentes han ocurrido fuera de la sitiada sede diplomática, que tienen incidencia en el manejo de la crisis.
El miércoles 12 la policía descubrió un túnel por el que planeaban escapar siete militantes del MRTA presos en una cárcel juvenil en Lima.
El sábado, ocho presuntos militantes del grupo guerrillero asaltaron una galería comercial en Lima. Luego de recoger el dinero, incendiaron el local y pintaron las paredes a nombre del MRTA.
Los testigos afirman que los asaltantes buscaban al propietario, quien días atrás habría recibido amenazas de secuestro por negarse a pagar "cupos", contribución monetaria cobrada por los guerrilleros a los empresarios para financiar sus actividades.
Desde Hamburgo, Alemania, la oficina internacional de propaganda del MRTA remitió este lunes a los correos electrónicos de los corresponsales extranjeros en Perú un mensaje afirmando que el asalto fue cometido por el Servicio de Inteligencia para entorpecer una solución pacífica de la crisis de la embajada. (FIN/IPS/al/dg/ip/97
