Un proyecto de ley para regular las relaciones obrero patronales cuando el canal de Panamá pase a la jurisdicción de este país el 31 de diciembre de 1999 generó temor e inquietud entre los sindicatos.
El proyecto presentado por el gobierno, que además establece la creación de la Autoridad del Canal de Panamá y la figura del fiscalizador general para el control y manejo de los recaudos de la vía interoceánica, propone prohibir el derecho a huelga a los 7.000 trabajadores canaleros.
La iniciativa podría generar una larga controversia política, demandas de inconstitucionalidad, protestas y quejas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros organismos internacionales.
Durante una audiencia realizada esta semana en una comisión del parlamento panameño, el presidente del Sindicato de Pilotos del Canal, Jorge Terán, rechazó la propuesta por estimar que viola la Constitución nacional y las leyes internacionales.
Aunque admitió que en 82 años bajo administración de Estados Unidos tampoco rigió el derecho de huelga, Terán señaló que el sistema de incentivos y mecanismos de compensación establecidos en las leyes federales de ese país hicieron innecesarios los conflictos laborales durante el período anterior.
A pesar de ello, el canal se mantuvo cerrado por 48 horas durante la invasión estadounidense del 20 de diciembre de 1989 que derrocó el gobierno del general Manuel Noriega.
Los sindicatos de trabajadores canaleros temen que una vez bajo administración panameña "el canal se transforme en un receptáculo de clientelismo político del partido de turno en el poder" que ponga en peligro la estabilidad laboral, así como los ingresos y derechos adquiridos por los trabajadores.
El Sindicato de Pilotos y otras organizaciones laborales del canal reclaman el derecho a huelga como última alternativa de protesta "luego que los conflictos sean sometidos a arbitraje sin encontrar una solución satisfactoria".
En caso de llegar a esa medida extrema, los trabajadores estarían obligados a dejar funcionando 50 por ciento de la parte operativa y 25 por ciento de la administrativa del canal, indica la propuesta de los sindicatos.
La panameña Ivette Bourette, representante de la Organización Internacional de Capitanes, Oficiales y Prácticos del Canal y del Caribe, indicó ante el Parlamento que si el gobierno no respeta el derecho a huelga será denunciado ante la OIT.
Bourette dejo sentado que la aprobación del proyecto tal cual fue presentado por el gobierno "violará la Constitución política de la República y los convenios internacionales como el de la OIT".
Pese a los alegatos de Terán y Bourette, el ex canciller y actual director de la Comisión de Transición del Canal Jorge Ritter advirtió que el gobierno no está dispuesto a ceder en ese punto en virtud de que el canal "es un servicio esencial" para el país y la marina mercante internacional.
Además de prover en forma directa e indirecta alrededor de 25 por ciento del Producto Interno Bruto panameño, el canal da paso a más de cuatro por ciento del total de mercancías que se comercializan a nivel mundial.
Ritter indicó que el proyecto de ley presentado por el gobierno mantendrá prácticamente el régimen laboral actual.
El artículo 81 establece que la relación laboral estará basada en un sistema de méritos "y que (la Autoridad del Canal de Panamá) adoptará un plan general de empleo que mantendrá como mínimo las condiciones y derechos existentes".
A pesar de ello, el abogado constitucionalista Humberto Ricord advirtió que presentará un recurso constitucional contra el artículo de la ley que prohíbe el derecho de huelga.
La Constitución y el Código de Trabajo de Panamá garantizan el derecho de huelga en todo el territorio nacional.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Asuntos del Canal del parlamento Abel Rodríguez adelantó que no se iniciará formalmente el debate legislativo hasta que concluyan los consultas con todos los representantes de la sociedad civil. (FIN/IPS/sh/dg/lb-if/97)
