Los mercenarios sudafricanos que contrató el gobierno de Papúa-Nueva Guinea para reprimir la rebelión secesionista en la isla de Bougainville abandonaron hoy el país, mientras la violencia se apoderaba de la capital.
La profunda crisis política que cunde en Papúa-Nueva Guinea a apenas cuatro meses de las elecciones se cocinó a fuego lento el último mes y derivó en pedidos de renuncia al primer ministro Julius Chan formulados por altos oficiales militares, opositores, activistas y estudiantes.
El viceprimer ministro Chris Haiveta y el ministro de Defensa, Mathias Ljape, también son blanco de los reclamos de dimisión. Se estima que, mientras la mayoría de la policía defiende a Chan, el ejército reclama su renuncia.
El conflicto tuvo también derivaciones internacionales, pues el primer ministro de Australia, John Howard, declaró que la potencia regional se opone a la contratación de mercenarios. Funcionarios australianos se reunieron el martes en Port Moresby para considerar el asunto con sus homólogos papuenses.
Los centros de enseñanza primaria y secundaria y numerosos negocios cerraron sus puertas por tiempo indefinido debido a la tensión. La Universidad de Papúa-Nueva Guinea suspendió sus cursos esta semana. El jueves se registraron saqueos en comercios de Port Moresby.
La raíz del conflicto es la contratación por 25 millones de dólares de la empresa británica Sandline International para "entrenar" funcionarios a cargo de la represión de la insurgencia separatista que ya dura nueve años en la isla de Bougainville, 800 kilómetros al este de Port Moresby.
El gobierno alegó que los "asesores extranjeros", de los cuales medio centenar ya operan en el país, ayudarían a combatir la alta criminalidad.
Pero el luego depuesto comandante de la Fuerza de Defensa, general Jery Singirok, hoy acuartelado con las tropas que le son leales, reveló el viernes que los mercenarios lanzarían una ofensiva en Bougainville para recuperar la mina de cobre de Panguna, una de las dos más grandes del mundo.
Activistas de derechos humanos aseguraron que se trata de mercenarios procedentes de Sudáfrica que ya tienen una reputación de brutalidad ganada por sus actividades "tipo Rambo" en su continente de origen.
"Lo que sucedió es que el gobierno enfrenta una crisis de popularidad y la gente se expresa abiertamente contra el contrato con Sandline", dijo a IPS Ray Anere, encargado del departamento de Política de la Universidad de Papúa-Nueva Guinea.
La controversia explotó esta semana, cuando Singirok hizo pública su oposición a la contratación de mercenarios y fue cesado por ello. El militar ordenó a sus soldados que detuvieran a los sudafricanos y pidió la renuncia de Chan.
El despido de Singirok fue el detonante de las protestas contra el gobierno. Multitudes de civiles salieron esta semana a las calles para respaldar al militar.
Altos oficiales del ejército presentaron el jueves una petición que contiene 4.700 firmas para reclamar el regreso de Singirok a su antiguo puesto y una investigación sobre el contrato con Sandline.
Singirok permanece en su cuartel, fuertemente armado y protegido por soldados que le son leales, pero asegura que no encabeza un golpe contra el gobierno de Chan.
Chan reaccionó a la presión popular. Suspendió el contrato y accedió a la creación de una comisión investigadora, pero no dijo aún quiénes la integrarán.
Algunos de los mercenarios abandonaron Papúa-Nueva Guinea el jueves y el resto del contingente se retiró el viernes, en un avión rumbo a Hong Kong.
La mina de Panguna, propiedad de empresarios australianos, fue clausurada en 1989, luego que los terratenientes del lugar, molestos por los escasos beneficios financieros y el impacto ambiental de sus operaciones, bloquearon sus caminos.
Estas protestas alimentaron una escalada de insurgencia separatista en la isla.
Anere pronosticó que la contratación de Sandline generaría un endurecimiento de la actividad insurgente del Ejército Revolucionario de Bougainville (BRA), que controla el área donde se ubica la mina de Panguna.
"Los separatistas pueden procurar asistencia militar de países como Holanda, donde reside su representante en el exilio, Martin Miriori", agregó el experto.
La inestabilidad se agravaría si el gobierno intentara operar en secreto con respecto al contrato con Sandline, sostuvo Anere.
Las diferencias entre la policía y el ejército podrían generar problemas en el proceso electoral que culminará en junio, pero el presidente de la Comisión Electoral, Rueben Kalulo, aseguró que ambas instituciones "cooperarán en las cuestiones de seguridad de los comicios".
De todos modos, la actual crisis política, según Anere, no afectará las tendencias electorales. "Los ciudadanos seguirán votando como antes, especialmente en las áreas rurales, donde la mayoría aún respeta a los líderes en funciones", dijo.
De ser así, Chan volverá a conquistar su escaño por Namatanai. (FIN/IPS/tra-en/ep/js/mj/ip/97
