La promulgación de una ley que consagró la autonomía sobre el territorio de los indigenas ngobe- buglé de Panamá provocó una división entre sus dirigentes y amenaza opacar un sueño de casi tres décadas.
La ley, entregada a los indigenas por el presidente de Panamá, Ernesto Pérez Balladares, durante un acto realizado el día 7 en el poblado indígena de Chanquintú, en la occidental provincia de Bocas del Toro, segregó unos 7.000 kilómetros cuadrados de territorio para uso exclusivo de los ngobe-buglé.
La etnia, radicada en Bocas del Toro y las provincias de Chiriquí y Veraguas, en el oeste de Panamá, reclamaba desde 1968 un territorio de 11.000 kilómetros de extensión para establecer su comarca autónoma.
Asimismo, demandaba derechos sobre las utilidades generadas por la explotación de minerales y otros beneficios del subsuelo y la potestad de ser consultados por las autoridades nacionales antes de acometer proyectos económicos en su territorio.
Ambas reivindicaciones no fueron incluidas en la ley, pese a que se les reconoce el derecho a regirse por las autoridades tradicionales de la etnia y a ser tomados en cuenta en los programas de desarrollo impulsados por el gobierno central.
No obstante ello, Marcelino Montezuma, presidente del Congreso General de los alrededor de 180.000 ngobe-buglé, estimó que lo conquistado es de suma importancia para la sobrevivencia de la cultura y la vida de su pueblo.
"Antes al indígena se lo consideraba una cosa, tanto por las autoridades como por los terratenientes, pero ahora con la ley de la comarca (autonomía) nos vamos ha hacer respetar", indicó Montezuma tras la promulgación de la ley por Pérez Balladares.
El presidente afirmó, por su parte, que la ley de autonomía garantiza los derechos de los indígenas "a quienes ahora nadie podrá arrebatarle sus pertenencias, nadie podrá atentar contra sus creencias religiosas, ni contra su idioma y sus costumbres".
Sin embargo, el cacique de Veraguas Camilo Ortega y el secretario del Congreso Regional de esa provincia, Francisco Acosta, rechazaron la ley y advirtieron que tomarán medidas de fuerza contra la misma.
El Congreso General es la máxima autoridad política de la etnia y es elegido cada dos años por votación mayoritaria de representantes de los tres Congresos Regionales reunidos en asamblea general.
El cacique de cada una de las tres provincias posee el cargo de por vida, aunque su designación también se realiza por votación popular.
Ortega acusó a Montezuma y otros dirigentes del Congreso General de "traidores y vendepatria" y de haber negociado "a espaldas de los indígenas" y sus autoridades tradicionales el proyecto de comarca autónoma que promulgó el gobierno central.
El cacique dijo que "el gobierno se valió de unos traidores para imponer una comarca que en Veraguas dejó por fuera tres corregimientos" poblados por indígenas y de propiciar con ello "la venta de tierras que pertenecían a los ngobe-buglé".
Acosta afirmó, por su parte, que el descontento indígena abarca también a Bocas del Toro y Chiriquí, ya que "la ley negociada por la dirigencia traidora con el gobierno no recoge el sentir y las aspiraciones de la mayoría de los ngobe-buglé".
El dirigente indígena dijo a IPS que el congreso regional de Veraguas "destituyó a Montezuma y el resto de la dirigencia del Congreso General porque nunca fueron comisionados por el pueblo ngobe-buglé para negociar un nuevo proyecto de ley de comarca con el gobierno".
Acosta precisó que la posición de su pueblo era la acordada "en el proyecto original" aprobado en 1968.
Unos 300 indígenas de Veraguas protestaron el fin de semana pasado en la comunidad de Las Palmas, unos 350 kilómetros al oeste de la capital, contra la promulgación de la ley de autonomía.
En tanto que la presidenta del Congreso Regional ngobe-buglé de Bocas del Toro, Hermelinda Bonilla, advirtió que su pueblo "continuará la lucha por la expulsión de los proyectos mineros que no cumplan con los requisitos legales", a pesar de la promulgación de la ley de autonomía.
Bonilla consideró positivo aquellos aspectos de la ley de autonomía que protegen el medio ambiente y obligan a las compañías mineras a realizar estudios de impacto ambiental antes de iniciar sus proyectos de extracción.
Un grupo de compañías mineras extranjeras planean invertir más de 1.000 millones de dólares en proyectos de explotación de cobre, oro, plata y otros minerales localizados dentro de la comarca ngobe-buglé y en el territorio autónomo de los indígenas kunas, localizado en el litoral caribe.
Sin embargo, la resistencia de estos últimos a esos proyectos, así como el rechazo de los ngobe-buglé de Veraguas a la ley de autonomía promulgada por Pérez Balladares, puso un enorme signo de interrogación sobre la futura explotación de dicho recurso y las relaciones entre los indígenas y el gobierno. (FIN/IPS/sh/ag/pr/97
