NICARAGUA: La manzana de la discordia

Dos hombres, Miguel Márquez Argueta y Jaime Solórzano, sintetizan el drama de la cuestión agraria de Nicaragua. El primero, un ex combatiente beneficiado por la reforma agraria, y el segundo, un antiguo titular de tierras confiscadas, que acaba de recuperar su propiedad.

La manzana de la discordia es la finca Santa Gertrudis, de café y hortalizas, ubicada a unos 60 kilómetros de la capital, en el departamento de Carazo.

La batalla por la posesión de la finca Santa Gertrudis empezó en 1991 y ha dejado un saldo de un muerto y tres heridos, entre los que se cuenta un jefe de policía.

La historia concluyó el martes, cuando el gobierno devolvió la finca a Solórzano. Mientras, Márquez Argueta se encuentra prófugo, acusado de homicidio y exposición de personas al peligro.

"Esto era una cuestión de justicia", comentó Solórzano a un diario local. "Si no recuperaba mi finca, era como renunciar al Estado de derecho", añadió.

"Ahora que lo logré, regalaré una parte (de la propiedad) a Carlos Chávez", indicó, refiriéndose a un trabajador a su cargo que resultó herido en dos intentos por desalojar a Márquez Argueta.

Para Solórzano, quien se exilió en Costa Rica a finales de la década pasada, era de vida o muerte recuperar su propiedad, que adquirió en 1956.

Pero también era cuestión de justicia para Márquez Argueta, un nicaragüense de origen salvadoreño, defender las tierras que le asignó la reforma agraria impulsada por el gobierno sandinista (1979-1990).

La reforma agraria comenzadda por el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y continuada por el gobierno de Violeta Chamorro (1990-enero de 1997) ha dado lugar a problemas múltiples y complejos, ya que está en juego un asunto de redistribución de la tierra.

Hasta 1970, 52,4 por ciento de la superficie cultivable estaba en manos de cuatro por ciento del total de propietarios del campo, según datos oficiales. Mientras, cerca de 60.000 campesinos no tenían tierras.

Ese panorama resultó alterado sustancialmente cuando el FSLN derrocó al dictador Anastasio Somoza para instalar un gobierno revolucionario y lanzar una radical reforma agraria. Primero fueron confiscadas las tierras de los somocistas y luego, de los propietarios radicados fuera del país.

La reforma agraria distribuyó casi 4,5 millones de hectáreas, equivalentes a 34,4 por ciento de las tierras de cultivo, y la superficie en poder de los grandes propietarios se redujo de 52,4 por ciento antes de 1979 a 20,5 por ciento en 1988.

En aras de la pacificación nacional, el gobierno de Chamorro profundizó el proceso de reforma agraria, que orientó a ex miembros de las fuerzas armadas y también a los "contras" antisandinistas desmovilizados.

La administración de Chamorro entregó más de 800.000 hectáreas a casi 25.000 familias campesinas entre 1990 y 1992.

El FSLN propuso dar seguridad jurídica a los beneficiarios de la reforma agraria mediante una ley encaminada a frenar los desalojos y las acciones judiciales de los antiguos propietarios.

Pero los hechos sugieren que el grupo de diputados oficialistas impedirá la aprobación del proyecto del FSLN, que se encuentra a estudio de la Comisión de Justicia del parlamento.

Mónico García, integrante de una cooperativa de producción agraria del occidente del país, murió de un balazo semanas atrás, tras mantener una riña con el antiguo dueño de esas tierras, Carlos Estrada.

"Este gobierno es el culpable de ese derramamiento de sangre, porque enfrenta a los campesinos propietarios con los reclamantes, con la complicidad de jueces corruptos", afirmó el ex presidente Daniel Ortega, líder del FSLN.

El gobierno "quiere arrebatar las propiedades a los pobres para entregarlas a los ricos, que quieren revertir la democratización de la propiedad", dijo Ortega.

Por su parte, el presidente Arnoldo Alemán aseguró que los pequeños productores y los miembros de cooperativas beneficiados por la reforma agraria no deben temer, ya que recibirán títulos de propiedad.

Para este año, el Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria tiene la meta de entregar 6.772 títulos de propiedad al sector reformado. (FIN/IPS/rf/ff/ip pr/97

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