Mientras el gobierno de Nicaragua no priorizará en sus planes de salud la labor de prevención y de lucha contra el sida por considerar que su impacto es mínimo en el país, organizaciones sociales alertan contra la posibilidad de un "boom" de esa enfermedad.
"La incidencia del sida en Nicaragua es mínima, ha afectado a sólo 80 personas. Lo que pasa es que los casos son sonados porque no hay esperanza de vida", dijo a IPS el ministro de Salud, Carlos Quiñónez.
"Se mantendrá el programa (contra el sida), pero nuestra principal prioridad son otras epidemias y el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria", aseguró.
En cambio, Pascual Ortells, directivo de la Fundación Nimehuatzin de lucha contra el sida, sostiene la posición del gobierno es lamentable, ya que la situación es más grave que lo que indican las cifras oficiales.
Según Ortells, los seropositivos son 450 y podría haber hasta 15.000 infectados por la enfermedad que ni siquiera conocerían su situación.
De cara al año 2000, Nicaragua podría registrar "un boom" de casos de sida si no se hace nada al respecto y esta enfermedad se podría convertir en el problema número uno de epidemiología del país, alertó.
De acuerdo a datos oficiales, Nicaragua es el país con la menor tasa de prevalencia de sida en toda América Central, con 26,6 casos por millón de habitantes en el período comprendido de 1983 a 1995.
Honduras, el de mayor incidencia en la región, registra 816,9 casos por millón de habitantes, El Salvador 247,3, Costa Rica 244,2 y Guatemala 60.
Hasta 1996, el Ministerio de Salud nicaragüense registraba 246 casos de contagiados por el virus VIH, que transmite el sida. De ellos 124 estaban en la fase asintomática. De los 122 restantes, 76 habían fallecido.
La gran mayoría de los casos (86 por ciento) son hombres y la principal vía de transmisión son las relaciones heterosexuales (53,5 por ciento).
"La lucha contra esta enfermedad es muy costosa, y el gobierno carece de suficientes recursos", comentó Quiñónez a IPS.
"El programa contra el sida goza del apoyo de los organismos internacionales, que han donado un stock de medicamentos, el cual ya está a disposición de los enfermos", añadió.
Ortells también cuestiona que el actual y el anterior gobierno se negaran a suscribir la Declaración de París de diciembre de 1994, en la cual 42 jefes de Estado del planeta reafirmaron la necesidad de que "los líderes políticos hagan de la lucha contra el VIH/sida una prioridad".
A fines de 1996, los diputados nicaragüenses aprobaron la ley "de promoción, protección y defensa de los derechos humanos ante el sida", pero el Ejecutivo no la ha sancionado hasta ahora.
La ley establece que nadie podrá ser sometido a pruebas de VIH- sida sin su consentimiento expreso, y tiene derecho a conocer los resultados de esos tests forma confidencial, personal, y con una consejería.
También establece que no podrá considerarse la infección por VIH como impedimento para trabajar, ni como causal de despido, ni para que un niño afectado sea impedido de estudiar.
La iniciativa jurídica propugna que el Estado garantice la atención médica de las personas que sufren del sida, sin que sean aisladas o rechazadas. También establece el derecho a acceder a los servicios de salud reproductiva y planificación familiar.
"Apoyamos la ley porque está encaminada a neutralizar la histeria social que lleva consigo hablar del sida en algunos sectores sociales", dijo Ortells.
Ese texto "creará un clima razonable, humano, para que podamos abordar el problema del sida como algo que tiene que ver con la salud, la cultura, y el comportamiento individual y social", añadió el activista.
No obstante la batalla social se vislumbra difícil, ya que el nuevo Ministro de Salud es considerado por laqs organizaciones sociales como "ultraconservador", cercano al cardenal Miguel Obando, líder de la jerarquía católica. (FIN/IPS/rf/dg/he-pr/97
