La corrupción tiene alcance internacional por efecto de la globalización y la liberalización del comercio y combatirla exige decisiones concertadas entre todos los países del mundo.
Esa fue una de las principales conclusiones de un grupo de expertos reunidos este mes en la capital argentina por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para elaborar un plan de acción mundial contra la corrupción, que será presentado en mayo ante la Comisión de Prevención del Delito del foro internacional.
Como antecedente de ese plan mundial, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó hace ya un año la Convención Interamericana contra la Corrupción, que obliga a sus partes a adoptar una serie de medidas legales.
Esas medidas son la eliminación del secreto bancario, la penalización del enriquecimiento ilícito de funcionarios y del soborno internacional, que sólo era castigado hasta ahora en Estados Unidos, y el intercambio de información sobre personas o empresas sospechosas.
La Convención fue firmada por 23 países del continente, pero hasta el momento sólo la ratificaron Argentina, Bolivia y Paraguay. El gobierno argentino todavía no cumplió con el requisito de la comunicación a la OEA, indispensable para que las cláusulas tengan fuerza vinculante en este país.
El argentino Carlos Manfroni, que participó en la redacción de la Convención Interamericana, explicó a IPS que, cuando la corrupción se convirtió en factor distorsionante del libre comercio, comenzó el esfuerzo por impedir su avance sobre el mercado.
Hasta ahora, sólo eran sancionadas, en su país, las empresas de Estados Unidos que intentaban sobornar a un funcionario en cualquier país del mundo para ganar una licitación de obra pública u obtener alguna ventaja.
En algunos países de Europa, un continente en que no existe esa norma, los sobornos son deducibles de impuestos. Según la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos), en los últimos tres años las empresas estadounidense perdieron 100.000 millones de dólares en el exterior a causa de distorsiones creadas por la corrupción.
"En verdad, la corrupción siempre fue un problema. Pero cuando un imperativo moral está sostenido por intereses económicos es mas fácil que prospere", admitió Manfroni, presidente de la Fundación Etica Pública, de Argentina.
La Convención Interamericana surgió con los auspicios de Estados Unidos, y luego de la cumbre hemisférica de Miami, celebrada en diciembre de 1994.
Mientras, el plan de acción de la ONU tuvo origen ese mismo año en Italia, impulsado por la necesidad de combatir la delincuencia mundial organizada.
El combate contra la corrupción fue incorporado a las agendas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y más tarde recibió el apoyo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.
En la elaboración del documento de Buenos Aires participaron el ex ministro de justicia de Estados Unidos Dick Thornburgh, el jefe de asesores del servicio de prevención de la corrupción en Francia, Laurence Giovacchini, y representantes oficiales de Argentina, Filipinas, Rumania y Rusia, entre otros.
Los expertos consideran que "el éxito de la lucha contra la corrupción" exige "un fuerte y sostenido compromiso de los gobiernos para combatir el fenómeno en todas sus manifestaciones", según un borrador al que tuvo acceso IPS.
También advierten que todo programa de prevención y control está condicionado a la presencia de un sistema judicial independiente, una prensa libre y un equipo de profesionales preparados para la tarea de investigar y vigilar las acciones de gobierno.
Como medidas concretas, los expertos recomendaron obligar a los funcionarios a presentar su declaración patrimonial, elaborar guías de conducta que ayuden a éstos a resolver dilemas éticos, crear cuerpos de auditoría y especializados en la lucha contra la corrupción, independientes del gobierno.
También propusieron simplificar y aumentar la transparencia de los sistemas de licitación de obras públicas, para evitar el soborno, eliminar el secreto bancario y fomentar la participación ciudadana a fin de reducir la tolerancia frente a la corrupción.
Así mismo, el documento recogió una serie de iniciativas básicas que ya fueron planteadas en la OEA, la OMC y la OCDE.
Se trata de penar la corrupción en el comercio internacional, prohibir que los sobornos sean deducibles de impuestos, decomisar los bienes adquiridos con fondos procedentes de actos delictivos, y promover programas de cooperación técnica dirigidos a los países más amenzados por estas prácticas.
Para Manfroni, presidente en Argentina de la no gubernamental Fundación Etica Pública, la sugerencia de inversión de la carga de la prueba en los casos de enriquecimiento ilícito es una iniciativa "revolucionaria" en el documento de los expertos.
Significa que el funcionario señalado debe aclarar cómo adquirió el patrimonio bajo sospecha.
"Por lo general, el corrupto siempre gasta. Es casi imposible que en algún momento no haga ostentación de lo que consiguió, porque estamos hablando de una persona que no es austera ni ahorrativa, sino que su motivación es mostrar a los demás lo que ha logrado obtener", destacó Manfroni.
Agregó que en Argentina, la privatización de empresas públicas y la eliminación de regulaciones a la actividad privada permitieron bloquear fuentes de corrupción sistemtica.
Sin embargo, admitió que el soborno sigue siendo un delito muy grave y muy serio en Argentina. Por úlltimo, manifestó confianza en que en un futuro, la sociedad civil reclame cada vez mayor transparencia en los actos de gobierno. (FIN/IPS/mv/ff/ip if/97
