La detención en el sureño estado de Chiapas de dos sacerdotes acusados de participar en una emboscada contra la policía constituye una provocación del gobierno de México contra el proceso de paz, señalaron sectores de la Iglesia Católica, políticos opositores y grupos humanitarios.
Los sacerdotes no participaron en ningún hecho delictivo como sostienen las autoridades y se falsea la realidad para "montar una grave provocación en contra del Estado de derecho", aseguró en un comunicado la Compañía de Jesús, orden a la que pertenecen los detenidos.
El sábado fueron detenidos en Chiapas los sacerdotes Gonzalo Rosas y Jerónimo Hernández, acusados de organizar una emboscada para evitar el desalojo de campesinos de tierras supuestamente invadidas, en la que murieron dos policías y tres resultaron heridos.
El portavoz oficial Dionisio Pérez rechazó las acusaciones de los jesuitas y arguyó que el gobierno considera que nadie es impune y serán las investigaciones las que demuestren si los sacerdotes son o no culpables.
En este "difícil contexto de violencia es sumamente irresponsable la provocación montada", señaló la Compañía de Jesús. "Pese a las difamaciones que se realizan para involucrar a los sacerdotes, la labor de los jesuitas se mantendrá fiel a su misión en el servicio de la fe y la promoción de la justicia".
Tras afirmar que los sacerdotes estaban en otro lugar en el momento del enfrentamiento entre policías y campesinos, la diócesis de San Cristobal, Chiapas, que preside el obispo Samuel Ruiz, mediador en el diálogo entre la guerrilla zapatista y el gobierno, reclamó la inmediata liberación de los detenidos.
Según el Centro de Derechos Humanos Augustín Pro, en la detención se violaron varios derechos, pues los sacerdotes fueron sometidos a tortura y permanecieron 20 horas incomunicados.
El centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática, tercera fuerza política mexicana, dijo que la detención de los sacerdotes demuestra que la Secretaría de Gobernación (Interior) actúa más por motivos políticos que policiales y añadió que se aplican represalias a quienes luchan a favor de los indígenas.
El Congreso Nacional Indígena, que reúne a organizaciones nativas del todo el país, demandó la inmediata liberación de los detenidos, pues el hecho "pone en peligro del proceso de paz".
El diálogo directo entre la guerrilla zapatista y el gobierno del presidente Ernesto Zedillo se encuentra suspendido desde septiembre pasado, mientras la presencia militar en Chiapas aumenta al igual que los problemas sociales y la tensión entre campesinos y las fuerzas de seguridad.
Actualmente, los mediadores del Congreso Federal buscan vías para acercar a las partes, separadas por diferencias en cuanto al cumplimientos de acuerdos y a la definición de reformas legales a favor de los indígenas. (FIN/IPS/dc/ag/ip/97
