La nueva ley migratoria de Estados Unidos, que entrará en vigencia este martes ignorando las exhortaciones de suspensión hechas desde México, es el más duro golpe contra los trabajadores ilegales en el siglo y uno de más importantes a la economía del sur del río Bravo.
Multas, cárcel, y deportaciones masivas de indocumentados se esperan con la aplicación de la nueva norma, que según México – país líder en "exportar" mano de obra barata a Estados Unidos- "no contribuye a la comprensión cabal del fenómeno migratorio ni estimula el trato digno a los migrantes".
Autoridades, diputados y grupos humanitarios mexicanos sostienen que la ley estimulará los abusos contra los trabajadores de origen hispano, quienes son tratados cada vez más como delincuentes por Washington, y afectará su contribución a la economía local.
Los alrededor de 5.000 millones de dólares de remesas que anualmente envían a México los más de cuatro millones de inmigrantes que trabajan en Estados Unidos representan una de las cuatro primeras fuentes de ingresos de este país latinoamericano.
A pesar de los esfuerzos para suspender la aplicación de la norma, la "más seria y criminal ley antiinmigrante en el siglo", el gobierno del presidente Bill Clinton la pone en vigencia "atrayendo un nuevo fenómeno de confrontación", señaló Patricia Belman, cónsul mexicana en Dallas, Texas.
Según la ley, todo persona que intente ingresar a Estados Unidos por un lugar no autorizado deberá pagar una multa entre 50 y 250 dólares antes de ser deportado y quienes hayan permanecido como ilegales por más de 180 días serán considerados "inadmisibles" por tres años.
Además, elimina el derecho a juicio de deportación de los ilegales, ordena la detención de todos los extranjeros criminales al término de su condena y agiliza la expulsión de los inmigrantes, reduciendo su derecho a pedir audiencia judicial.
También detemina que los residentes legales empezarán a perder su derecho a recibir asistencia pública del Estado y autoriza a cualquier autoridad a pedir documentación a los "sospechosos" de haber ingresado al país de manera irregular.
En forma paralela a la aplicación de la norma, que la Iglesia Católica de México consideró "muy lamentable", aumentarán los controles policiales en las zonas de frontera especialmente con México y se extenderá la construcción de nuevos muros y sistemas de detección.
Aunque el Servicio de Inmigración de Estados Unidos afirmó que no habrá deportaciones masivas a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, aprobada en septiembre de 1996, el nerviosismo se apoderó de los inmigrantes, quienes acudieron los últimos días en en masa a las oficinas de migración.
Agentes migratorios estadounidenses lanzaron redadas sorpresivas en los últimos días.
El día 26 cerca de 70 mexicanas que trabajaban en hoteles de la ciudad de Nuevo México fueron arrestadas y el sábado 40 personas fueron detenidas en una fábrica de alumino en la ciudad de Chicago y expulsados a México sin más patrimonio que su ropa puesta y unos pocos dólares en los bolsillos.
Informes provenientes de Estados Unidos indican que las últimas semanas miles de hispanos intentaron conseguir licencias de matrimonio, mientras que otros buscaron asesoramiento de abogados y de organizaciones de asistencia.
María Jiménez, directora del proyecto de Inmigración del Comité Americano de Servicio de los Amigos, sostiene que la nueva política migratoria de Estados Unidos está diseñada "para ser discriminatoria, selectiva y por lo tanto injusta".
Tras expresar su preocupación por la nueva norma, el gobierno del presidente Ernesto Zedillo advirtió a Washington, su socio en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que no permitirá que se vulnere la dignidad y los derechos humanos y laborales de sus connacionales.
En los últimos años los gobiernos de ambos países han celebrado varias reuniones sobre el tema de la inmigración, pero Washington en más de una ocasión aplicó medidas unilaterales argumentando su derecho a "decidir quién entra a casa y quién no".
Para José Luis Pérez, ex procurador de Derechos Humanos en el estado mexicano de Baja California y uno de los más importantes estudiosos del fenómeno migratorio, el gobierno de Zedillo ha reaccionado demasiado lentamente frente a la nueva ley estadounidense.
El gobierno retiró en los hechos su respaldo a la población de inmigrantes, a pesar de que ella beneficia al país con el envío de remesas en dólares, sostuvo.
De acuerdo al experto, las deportaciones masivas alentadas por la nueva ley migratoria de Estados Unidos se producirán a mediano y largo plazo, una vez que las autoridades federales de migración firmen acuerdos con la mayoría de los estados. (FIN/IPS/dc/dg/ip-pr/97)
