Nuevos casos de asesinato y fuga en prisiones de México demuestran el fracaso del sistema penitenciario, en opinión de diputados que pidieron el reemplazo de las autoridades carcelarias por militares.
Más de 98.000 reclusos, de los cuales 45 por ciento no tienen sentencia judicial, se hacinan en las 438 cárceles del país, la mitad de las cuales son viejas, sin infraestructura adecuada, y su personal de custodia no está suficientemente capacitado.
Siete presos murieron y 45 resultaron heridos el lunes como consecuencia de un motín en un penal del sureño estado de Oaxaca. El fin de semana, la policía mató a dos personas cuando intentaba impedir una fuga de otra cárcel, concretada finalmente por seis reclusos.
Es penosa la situación de los penales, "mal llamados centros de rehabilitación", pues además de la injusticia reinante en sus instalaciones, los guardias permiten el ingreso de armas y el consumo de drogas, advirtió Pedro Peñaloza, presidente de la comisión de Seguridad Pública del parlamento.
Por los últimos hechos debería renunciar en forma inmedita el director general de reclusorios, Raúl Gutiérrez, demandó Peñaloza, luego de afirmar que las autoridades transformaron los centros de detención en "bodega de delincuentes".
El diputado Rafael Luviano, miembro también de la comisión de Seguridad, propuso entregar temporalmente la administración de las cárceles a militares, para capacitar a los guardias y terminar con las mafias internas.
Una decena de reclusos se fugaron en los dos últimos años de las prisiones en acciones violentas en las que murieron siete personas.
Los penales "son espacios útiles para mantener el poder político, para reproducir la corrupción. Los funcionarios carcelarios deciden en mayor medida la duración de las penas que los mismos jueces", señala un documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El número de presos crece en México a un promedio de 25,5 por ciento por año, y su hacinamiento aumenta en forma proporcional a los episodios de violencia, mientras las autoridades vuelven a repetir la promesa de que construirán nuevos centros penitenciarios y que modernizarán los actuales.
Según estudios oficiales, 57 por ciento de los presos no tienen talleres donde trabajar, no estudian y tampoco practican deportes. Por el contrario, un alto porcentaje consume drogas y alcohol.
Apenas 28 por ciento de los 30.000 funcionarios que trabajan en las cárceles han recibido capacitación. Además, su bajo salario vuelve vulnerables a la corrupción a quienes tienen título profesional, como los piscólogos o pedagogos empleados en el sistema penitenciario.
No existe claridad en la administración de los penales y dentro y fuera prevalece la injusticia, sostiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El gobierno gasta 7,5 dólares diarios en mantener a cada uno de los 700 internos de las dos cárceles de alta seguridad del país, donde están detenidos el hermano del ex presidente Carlos Salinas, dos generales involucrados con narcotraficantes y algunos ex jefes de los carteles de la droga.
En contraste, en los otros 436 centros, donde periódicamente se registran fugas y motines, el gobierno gasta en cada interno menos de tres dólares por día.
"Las autoridades no parecen tener interés en reformar los reclusorios porque significan millones y millones en ganancias. Todo el mundo sabe que los penales son ahora un bazar de armas, mujeres, drogas y asesinatos", expresó Peñaloza.
El escritor Carlos Monsiváis se declaró consternado, al igual que varios políticos y analistas, ante las imágenes del motín de Oaxaca difundidas por la televisión y los periódicos. Decenas de heridos aparecían confundidos con los muertos en el patio central de la prisión, mientras otros reclusos continuaban golpeándose.
"El sistema penitenciario necesita un cambio esctructural. Está en crisis, está en un momento de abandono, de insatisfacción de necesidades. En la condiciones actuales, la sociedad no puede sentirse tranquila, pues genera mayor delincuencia", advirtió la Comisión Nacional de Derechos Humanos. (FIN/IPS/dc/ff/hd/97
