Recién un año después de las elecciones que le permitieron acceder al poder y diez de haber asumido la presidencia del Ejecutivo español, el centroderechista José María Aznar logra consolidar su gobierno.
En los últimos minutos de aquel 3 de marzo que se preanunciaba como el día del gran salto adelante del Partido Popular (PP), Aznar recibió una ducha de agua helada: las urnas le daban un ajustado triunfo, muy alejado de la rotunda y amplia victoria que le otorgaban las encuestas.
Esa noche tuvo que asumir que, al quedarse lejos de la mayoría absoluta, no podría formar un gobierno sólo con el voto de los parlamentarios de su partido, el PP, sino que tendría que negociar otros apoyos.
Descartado un acuerdo con el hasta entonces gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) e impensable uno con Izquierda Unida (IU, una coalición basada en el Partido Comunista), sólo tenía la opción de negociar con los nacionalistas moderados del País Vasco y Cataluña y con algún grupo regional minoritario.
Esa fue su opción, su calvario y también la razón que lo obligó a desoír a la derecha de su propio partido y a enterrar sus previas declaraciones "españolistas" y "centralistas".
La primera consecuencia de su pacto con los nacionalismos vasco y catalán fue su compromiso, que está cumpliendo, de ampliar las competencias de los gobiernos autónomos respectivos.
Aznar, quien años atrás criticó a los socialistas por sus "concesiones" a los nacionalistas, avanzó más que aquellos, incluso en la cesión de impuestos.
Como contrapartida recibe el apoyo de los grupos parlamentarios del Partido Nacionalista Vasco (PNV), de la coalición catalana Convergencia y Unión (CiU) y de los regionalistas canarios y valencianos.
Ocupado en sus primeros meses en consolidar esos apoyos a su gobierno, Aznar buscó también neutralizar al PSOE.
Lo logró al negarse a anular el carácter secreto de unos documentos oficiales que comprometían al gobierno del socialista Felipe González en una "guerra sucia" contra el separatismo vasco, que ocasionó más de 40 atentados y 27 muertes entre 1983 y 1986.
Esos documentos, aunque fueron publicados por la prensa local sólo pueden ser utilizados por la justicia si son oficialmente desclasificados.
Al no hacerlo y dejar la decisión en el Tribunal Supremo de Justicia, Aznar ganó tiempo, ya que durante el primer semestre de su gobierno González mantuvo una oposición sumamente moderada.
Pero ambas decisiones (pactar con los nacionalistas, hasta entonces sus grandes adversarios y evitar, o al menos demorar, la desclasificación de los documentos secretos de la guerra sucia) le costaron una fuerte pérdida de apoyo en la opinión pública.
Así, las primeras encuestas tras asumir el Gobierno pusieron al PP por debajo del PSOE.
Recién en enero el partido gobernante volvió a colocarse a la cabeza de las encuestas electorales, y tanto Aznar como sus ministros levantaron puntos en la consideración de los ciudadanos, según los sondeos del oficial y respetado Centro de Investigaciones Sociológicas.
Las razones de ese repunte admiten varias explicaciones: la notoria mejoría de la situación económica y la imagen de sensatez y cordura emanada del Ministerio del Interior ante la ola de violencia de la organización ilegal vasca ETA y organizaciones afines.
A ello se suma la convicción de que el Tribunal Supremo dispondrá la desclasificación de los cuestionados documentos secretos de la guerra sucia.
Con todo esto por delante, Aznar presidirá el lunes en su cuna política, la ciudad de Avila, los actos organizados por su partido para conmemorar el primer aniversario de las elecciones que lo llevaron a la jefatura del gobierno. (FIN/IPS/td/dg/ip/97
