La industria manufacturera de Estados Unidos solicitó la renuncia a las sanciones unilaterales que Washington y autoridades de estados y municipios aplican a varios países para obligarlos a realizar cambios políticos.
La Asociación Nacional de la Industria Manufacturera (NAM) identificó en un informe 61 leyes y decretos promulgados de 1993 a 1996 para sancionar a 35 naciones.
El informe de la NAM señala el punto de partida de una anunciada campaña de las corporaciones estadounidenses contra la política de sanciones económicas unilaterales que, según los empresarios, se traducen la pérdida de empleo y de oportunidades comerciales multimillonarias.
Los autores del documento creen ver una creciente tendencia en la política exterior de Estados Unidos a recurrir a medidas que van del completo embargo comercial hasta la prohibición de ayuda y el control de las exportaciones del país sancionado.
El presidente de la NAM, Jerry Jasinowski, afirmó que las sanciones unilaterales generalmente no son útiles al propósito de promover cambios en un determinado país, pero tienen un costo real en Estados Unidos en materia de empleo.
"Los hechos demuestran que las sanciones unilaterales no rinden frutos", dijo Tracy O'Rourke, presidenta de Varian Associates, una firma fabricante de productos de alta tecnología radicada en California.
El informe, titulado "Catálogo de nuevas sanciones económicas unilaterales para propósitos de política exterior, 1993-1996", advierte que las empresas estadounidenses pierden valiosos contratos a manos de competidores extranjeros no sujetos a restricciones de política internacional.
"Debemos ser socios comerciales fiables, si pretendemos competir en el mercado mundializado. Las sanciones unilaterales debilitan en el exterior la confianza en las compañías estadounidenses", afirmó O'Rourke.
Encabezadas por la NAM y el Consejo Nacional de Comercio Exterior, una asociación de empresarios opuestos a las sanciones, las corporaciones privadas reaccionaron ante una serie de hechos que, a su juicio, indican una tendencia alarmante.
El primero fue la aprobación hace un año de la ley Helms- Burton, destinada a fortalecer el embargo económico que Estados Unidos aplica a Cuba desde 1962.
La Helms-Burton faculta a los antiguos titulares de propiedades expropiadas por el gobierno de Cuba a perseguir judicialmente en Estados Unidos a las empresas extranjeras que negocien con esos bienes.
Canadá y la Unión Europea (UE) rechazaron esa ley, a la que consideran de aplicación extraterritorial y violatoria de las reglas internacionales de comercio.
La mayoría de las corporaciones estadounidenses no están interesadas en comerciar con Cuba, pero destacan que la ley Helms- Burton "ha creado nuevos problemas comerciales" y puede exponerlas a represalias, según la NAM.
El presidente Bill Clinton y el Congreso también aprobaron en 1995 y 1996 iniciativas para prohibir a las compañías estadounidenses el comercio con Libia e Irán y penalizar a las empresas extranjeras que participen en operaciones de cierto monto en el sector energético de esos dos países.
Esas decisiones irritaron a la UE y a corporaciones estadounidenses que hasta hace sólo dos años figuraban entre los principales socios comerciales de Irán.
El tercer factor determinante de la campaña contra las sanciones unilaterales es la proliferación de medidas de boicot de estados y concejos municipales contra Birmania, Nigeria e Indonesia.
Esas leyes y disposiciones locales, que no están comprendidas en el informe de la NAM, prohiben a los gobiernos locales realizar contratos con los países señalados. Ese tipo de medidas fueron especialmente eficaces en apoyo de la presión internacional contra el régimen racista que gobernó Sudáfrica hasta 1994.
Veintidós de las 61 sanciones adoptadas en los últimos cuatro años por el gobierno estadounidense tuvieron de objetivo la democratización y la defensa de los derechos humanos en los países afectados, de acuerdo con el informe.
Esas medidas fueron dispuestas contra Angola, Bosnia- Herzegovina, Birmania, Burundi, China, Croacia, Cuba, Gambia, Guatemala, Haití, Nigeria y Yugoslavia (Serbia y Montenegro).
Mientras, 14 disposiciones se orientaron a castigar a gobiernos acusados por Estados Unidos de patrocinar el terrorismo: Corea del Norte, Cuba, Irán, Iraq, Libia, Sudán y Siria.
También se aplicaron sanciones para evitar el desarrollo de tecnologías nucleares en Irán, Libia, China, Cuba y Pakistán, y para lograr la estabilidad política en Afganistán, Palestina, la antigua Unión Soviética, Ruanda, Angola, Yugoslavia y Zaire.
Otro grupo de medidas tuvo el propósito de luchar contra el narcotráfico en Cuba, Colombia, Birmania, Afganistán, Nigeria y Haití.
Así mismo, Washington dispuso sanciones económicas en defensa de los derechos laborales en Pakistán, China, Mauritania, Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos y Qatar, y para la protección del ambiente en China, Taiwan.
Por último, la legislación de Estados Unidos contempla acciones contra los países que no tomen medidas para evitar la muerte de tortugas de mar en las redes de los camaroneros.
"Unos 2.300 millones de consumidores potenciales de los bienes y servicios producidos en Estados Unidos, que representan 42 por ciento de la población mundial, habitan los países que soportan la presión de las sanciones", advirtió la NAM.
Se trata, en conjunto, de un mercado para exportaciones anuales por valor de 790.000 millones de dólares", según el informe.
La NAM arguyó que las sanciones unilaterales causan a Estados Unidos la pérdida de exportaciones y empleo y ponen en ventaja a competidores extranjeros.
Las sanciones económicas unilaterales "rara vez son eficaces" y a menudo "proporcionan un chivo expiatorio externo a los regímenes" supuestamente presionados, que de ese modo "pueden compensar deficiencias internas", afirmaron los redactores del informe.
Esas medidas también vuelven dificultan la necesaria "activa presencia de las empresas estadounidenses, que favorecería la democratización" de la nación del caso "en mayor medida que su ausencia", agregaron.
Pero los partidarios de la política de sanciones discrepan de la afirmación de que se trata de medidas inconducentes.
Irán, por ejemplo, admitió grandes dificultades para hallar socios extranjeros para su industria del petróleo y gas natural desde que la legislación estadounidense entró en vigor.
Así mismo, el diario Miami Herald informó que el grupo mexicano Domos, el mayor inversionista extranjero en Cuba, intenta marcharse de ese país como conecuencia de la ley Helms-Burton.
"Ha habido una auténtica huida de inversiones de Cuba en los últimos meses". Las grandes empresas observan con prepcupación las sanciones, pues "quieren ganar dinero", dijo Marc Theissen, portavoz de prensa del senador Jesse Helms, corredactor de la ley Helms-Burton.
Holly Burkhalter, directora en Washington de la organización Human Rights Watch, declaró que las sanciones, especialmente cuando bloquean la exportación de bienes que enriquecen o favorecen a gbiernos abusivos, son útiles para promover cambios.
"No sería posible lograr acuerdo para la aplicación de sanciones multilaterales si ningún gobierno tomara la iniciativa", dijo Burkhalter.
La NAM sostiene que las sanciones económicas sólo deberían aplicarse cuando no hubiera posibilidad de alcanzar su objetivo por otros medios.
A su juicio, Washington debe abstenerse de aplicar sanciones si los bienes y servicios bloqueados por éstas pueden ser provistos por otros países, .
"Todas las sanciones económicas deben ser multilaterales, excepto en casos extremos o en circunstancias extraordinarias", según la NAM. (FIN/IPS/tra-en/jl/yjc/ff/ip/97
