La detención de un ex funcionario del gobierno de Abdalá Bucaram provocó hoy en Ecuador una guerra de acusaciones que involucran a gran parte de los parlamentarios e incluso al presidente provisional, Fabián Alarcón.
Enrique Villón, jefe financiero de la presidencia en la administración del destituído Bucaram, fue detenido el sábado en Túmbez, una población peruana en la frontera con Ecuador, por no contar con los documentos necesarios para ingresar a ese país.
Los primeros informes de las autoridades peruanas señalaron que Villón portaba unos 3,4 millones de dólares en efectivo. Sin embargo, esta versión fue rectificada posteriormente y se estableció la cifra en 3.400 dólares.
Sobre Villón pesaba una orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia de Ecuador, ya que habría sido el encargado de retirar unos 30 millones de dólares de la cuenta de gastos reservados de la Presidencia el 6 de febrero, el día en que el Congreso destituyó a Bucaram.
Bucaram calificó este domingo de ridículas las acusaciones contra Villalón y dijo que debería investigarse a "los verdaderos corruptos que están sentados en sus curules y en el sillón presidencial", en una entrevista concedida en Panamá a la televisora Ecuavisa.
El diputado Andrés Romo, del Partido Roldosista Ecuatoriano que lidera Bucaram, dijo que el dinero sustraído de las cuentas bancarias de la Presidencia habría servido para "pagar a varios legisladores".
Estos pagos se habrían realizado en los seis meses que duró el gobierno de Bucaram y más de la mitad de los 82 miembros del Congreso "recibieron dinero de esta procedencia", aseguró Romo.
Alarcón, quien era el presidente del Congreso cuando Bucaram fue destituido, habría recibido unos 13 millones de dólares, que habría repartido con otros parlamentarios de la oposición.
Napoleón Saltos, jefe del bloque parlamentario del Movimiento Nuevo País-Pachakutik, dijo a IPS que esa fuerza propondrá que se levante la inmunidad parlamentaria para iniciar procesos judiciales contra todos los diputados que hayan recibido fondos del Estado, de forma ilegal.
"De hecho se debería pensar en la posibilidad de que el Congreso se autodesintegre para convocar a una asamblea constituyente. La corrupción ha llegado a niveles insospechados y debe ser atacada frontalmente", dijo Saltos.
El coronel Héctor Estrella, miembro del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, consideró que todo proceso judicial carece de legitimidad "si no se comienza por fiscalizar a todos los funcionarios".
Estrella se refirió en particular al comandante general de la policía nacional, Marco Hinojoza, quien "tiene un gran número de propiedades de dudosa procedencia".
"Sería peligros iniciar una cacería de brujas mientras cerramos los ojos a los actos de corrupción que realizan varios funcionarios en funciones", apuntó el militar.
Errol Cartwrith, gobernador de la provincia fronteriza de El Oro, dijo que "existen varios informes que demuestran que se trataba de 3,4 millones de dólares y cualquier alteración a esta cifra debe de investigarse", pues se trata de fondos del Estado ecuatoriano".
Cartwrith consideró la posibilidad de que las autoridades peruanas aceptaran "un millonario soborno para dejar en libertad al detenido".
Según Horacio Sevilla, embajador de Ecuador en Perñu, la extradición de Villalón se realizará en las próximas horas.
"No tienen argumentos para iniciar un juicio en mi contra y por eso están buscando todas las formas posibles para inculparme", dijo Bucaram desde Panamá y aseguró que quienes lo acusan están dispuestos a "pasar sobre la ley y violar las garantías individuales de cualquier ciudadano". (FIN/IPS/mg/ag/ip/97
