La "globalización" del narcotráfico obliga a los gobiernos de todo el mundo a actuar en conjunto y supone un gran desafío para jueces y policías, según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas (JIFE).
De constituirse, como considera la Organización de Naciones Unidas (ONU), una corte criminal mundial, la JIFE aspira a que el narcotráfico se incluya entre los delito bajo su jurisdicción, según el último informe de la agencia difundido este lunes.
El aflojamiento de los controles fronterizos y los avances en las comunicaciones y el transporte, atribuidos al proceso de globalización, imponen obstáculos adicionales a la lucha contra el narcotráfico, así como el desarrollo de métodos que mejoran el rendimiento agrícola, explicaron los expertos de la agencia.
Los jefes de las redes criminales pueden residir en un país, los productores en otro territorio y los distribuidores y consumidores en un tercero, mientras el dinero obtenido se "lava" en un cuarto país, indica el informe, difundido de forma simultánea en 30 ciudades.
"Atrapar a los productores o distribuidores de drogas en un país o en otro es como cortar algunas ramas de un árbol mientras las raíces permanecen intactas", según la JIFE.
Los policías y funcionarios aduaneros solo pueden operar en sus respectivas jurisdicciones nacionales. Las normas del derecho internacional impiden a un país aplicar sus leyes en el territorio de otro sin un consentimiento en tal sentido.
El informe establece los mecanismos que pueden aplicar los países para sortear los obstáculos jurisdiccionales y destruir por completo la estructura de una red de narcotráfico, así como incautarse del producto financiero de sus actividades.
El informe recomienda una mayor asistencia legal mutua entre los estados en lo que refiere a investigaciones, extradiciones y procedimientos judiciales, así como iniciativas internacionales tales como fuerzas conjuntas de combate contra los cárteles.
Uno de los capítulos del informe pasa revista a las fuerzas y debilidades de los sistemas de justicia penal de todo el mundo en relación al comercio de drogas y recomienda también formas en que policías y jueces pueden mejorar la eficacia de la guerra contra la droga en sus jurisdicciones.
Los mercados negros emergentes para adelgazantes y el aumento del abuso de estos productos, tanto de origen lícito como ilegal, constituyen un nuevo problema de graves dimensiones, según el informe.
Otra de las preocupaciones de esta agencia de la ONU con sede en Viena es el resurgimiento de la prescripción de drogas estimulantes en el tratamiento de problemas de conducta en niños.
A estas cuestiones se suma el cultivo en gran escala de cannabis, la difusión del consumo de cocaína en Africa occidental y Europa oriental y el abuso cada vez mayor de anfetaminas y otros estimulantes sintéticos, entre ellos el "éxtasis", "ecstasy" o "XTC".
El informe estableció que la aplicación de tratados internacionales dificultó a los laboratorios clandestinos la obtención de productos químicos para la elaboración de cocaína, heroína y estimulantes como anfetaminas, metaanfetaminas y éxtasis.
Las autoridades impidieron en 1996 el desvío de al menos 300 toneladas de anhídrido acético (suficiente para la fabricación de 1.000 dosis de heroína) y casi 1.800 toneladas más de productos que podrían haberse utilizado para el procesamiento de más de 100 toneladas de cocaína, según la JIFE.
Muchos sistemas policiales y judiciales se ven superados por la magnitud internacional de abuso de drogas. La expansión de la producción, el tráfico y el consumo en nuevas regiones genera una inundación de casos.
Pero la mayoría de los juicios y procedimientos policiales se refiere a pequeños traficantes, lo que deja pocos recursos libres para perseguir a los grandes.
"La impunidad de los cabecillas del narcotráfico daña la confianza del público en la justicia penal", según la JIFE.
Por lo tanto, la junta sugirió a los gobiernos que fijen su prioridad en la detención y castigo de narcotraficantes de alto nivel y la consideración de penas alternativas a la prisión para los poseedores de pequeñas cantidades de drogas.
La JIFE fue creada en 1968 como órgano independiente de naturaleza casi judicial para la implementación de los tratados y convenciones sobre control de drogas de la ONU.
El último estudio de la agencia detectó sobornos e intimidaciones a policías, funcionarios judiciales, de recaudación de impuestos y aduaneros y dirigentes políticos en relación con el narcotráfico, debido al "inmenso poder económico" que poseen quienes se dedican a esta actividad.
Para acabar con estos problemas, la JIFE recomendó a los gobiernos el establecimiento de controles antes de que se registren actos de corrupción y mejoras sustanciales de los salarios y condiciones de trabajo de los funcionarios públicos que trabajan en el combate contra las drogas.
La JIFE percibe en el aumento de los arrestos y de captura de drogas (que, desde 1980, se quintuplicó en materia de opiáceos y se decuplicó respecto de la cocaína) señales no solo del crecimiento del tráfico, sino de mejoras en la capacitación y desempeño de los funcionarios a cargo del problema. (FIN/IPS/tra- en/raj/rj/mj/ip/97
