Estados Unidos certificó el esfuerzo de México contra el narcotráfico, pese a la oposición de varios miembros del Congreso, y negó su aval por segundo año consecutivo a Colombia.
La Secretaria de Estado, Madeleine Albright, confirmó en conferencia de prensa que el gobierno de Bill Clinton resolvió certificar que México es un buen aliado de Estados Unidos en la guerra contra las drogas.
Albright también comunicó que la certificación fue negada a Colombia, que a juicio de Estados Unidos sólo realizó progresos limitados en 1996 en el combate contra el narcotráfico.
Clinton debe ahora resolver si impone a Colombia las sanciones contempladas para el caso de "descertificación".
La decisión desfavorable para Colombia fue influida al parecer por el desenlace del juicio político realizado el año último por el parlamento colombiano al presidente Ernesto Samper.
Samper, acusado de conocer los aportes financieros del nacrotraficante cartel de Cali a su campaña electoral de 1994, fue absuelto por los legisladores.
Mientras, integrantes del Congreso de Estados Unidos recibieron con sorpresa la certificación de México, que parece ignorar denuncias de corrupción vinculadas con la droga en altas esferas del gobierno de Ernesto Zedillo.
Los anuncios del viernes forman parte de la controvertida práctica anual por la que Washington evalúa los esfuerzos antidrogas de 31 países de todo el mundo, considerados actores clave en el narcotráfico internacional.
La evaluación requiere del presidente de Estados Unidos la decisión de "certificar" a aquellos países que colaboran con la estrategia antidrogas de Washington y "descertificar" a aquellos que no lo hacen.
Si un país es descertificado, Clinton tiene la opción de imponerle duras sanciones o de eximirlo de ellas en base al argumento de que su imposición perjudicaría los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos.
Las posibles sanciones varían entre la cancelación de toda ayuda y préstamos propuestos a ese país en el Banco Mundial y otras instituciones financieras multinacionales hasta la abolición de beneficios comerciales para sus exportaciones.
El mandatario también puede optar por descertificar a un país pero imponerle sólo sanciones limitadas. En el caso de Colombia el año último, por ejemplo, Washington limitó sus acciones a detener cierta ayuda bilateral y cancelar la visa estadounidense del presidente Ernesto Samper.
Al igual que en 1996, Clinton descertificó este viernes a Colombia, Nigeria, Irán, Siria, Afganistán y Birmania. Excepto por Colombia, Washington ya había cortado la mayor parte de sus vínculos con todos esos países en los últimos años.
Sin embargo, en contraste con lo ocurrido el año pasado, nuevas revelaciones sobre el grado de penetración de la corrupción relacionada con las drogas en el gobierno del presidente mexicano Ernesto Zedillo provocaron crecientes especulaciones sobre la decisión de Clinton.
Las autoridades mexicanas detuvieron a comienzos de este mes al general Jesús Gutiérrez Rebollo, el principal funcionario antidrogas del país, acusado de trabajar estrechamente con Amado Carillo Fuentes, identificado por el diario The New York Times como "uno de los más despiadados y agresivos zares de la droga de México".
La detención causó sensación en Washington, no sólo porque ofreció pruebas de que el narcotráfico involucra a tan altos funcionarios del gobierno de Zedillo, sino también porque evidenció graves deficiencias en el propio servicio de inteligencia de Estados Unidos.
Sólo dos semanas antes de la detención de Gutiérrez, su homólogo estadounidense, el general retirado Barry McCaffrey, lo había elogiado como "un hombre de absoluta e incuestionable integridad".
La detención de Gutiérrez, así como un irrecusable testimonio en el Congreso sobre la penetración del narcotráfico en otras agencias gubernamentales de México, ofrecido por el jefe de la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos) esta semana, hicieron que varios políticos reclamaran la descertificación de México y la posterior "exoneración" de las sanciones.
Una carta circulada por la senadora californiana Dianne Feinstein, que exhortaba a la adopción de tales medidas, obtuvo más de 40 firmas de ambos partidos para el mediodía de este viernes.
De acuerdo con la ley que estableció el proceso de certificación, aprobada en 1986, el Congreso puede rechazar la decisión de Clinton.
La mayoría de los analistas creen que el anuncio de este viernes dará lugar a nuevas audiencias y posiblemente a una resolución no obligatoria contra la certificación de México, pero descartan la posibilidad de que el Congreso anule la decisión del presidente.
"Las consecuencias de un repudio formal a la certificación serían demasiado explosivas, especialmente en las relaciones entre Estados Unidos y México", dijo a IPS un colaborador del Congreso.
Este fue en realidad el mensaje sugerido por ambos gobiernos esta semana. El canciller mexicano José Angel Gurria Trevino, quien visitó Washington para celebrar reuniones urgentes, advirtió que una descertificación causaría una "fractura" en los vínculos bilaterales.
Mientras, el ministro de Finanzas, Guillermo Ortiz, sugirió que la medida también dañaría las perspectivas de la frágil recuperación económica de México, sólo semanas después de que el gobierno reembolsó la cuota final de un enorme préstamo de emergencia otorgado por Clinton en 1995, en medio de la crisis del peso mexicano.
Irónicamente, la creciente demanda de un castigo al menos simbólico para México dio lugar a nuevos reclamos para que Washington reconsidere la práctica de la certificación en su conjunto.
El proceso no sólo deteriora las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, según Los Angeles Times y otras importantes publicaciones, sino que también hace preguntar "con qué autoridad moral Washington juzga a otros países, si los estadounidenses son los principales consumidores de drogas ilegales".
Otras voces cuestionan cada vez más la eficacia de los esfuerzos bilaterales de Washington en el combate a las drogas. Pese al publicitado éxito en Perú y Bolivia, McCaffrey admitió a fines de 1996 que, en general, los programas antidrogas en la región no lograron reducir el suministro de drogas en las calles de Estados Unidos.
"Es hora de que el Congreso enfrente la verdad sobre la guerra contra las drogas: debe pelearse más en nuestro propio suelo y menos en territorio extranjero", publicó esta semana The Journal of Commerce.
Clinton parece estar moviéndose en esa dirección. En su última medida doméstica contra las drogas, dada a conocer el miércoles, solicitó modestos incrementos en los fondos para el tratamiento y la prevención de la adicción a las drogas. (FIN/IPS/tra- en/jl/ff-ml/97
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