Colombia reanudó su programa de destrucción de cultivos ilícitos con una nueva estrategia autónoma, según el gobierno, pero ajustada a las condiciones planteadas por Estados Unidos para otorgar la "certificación" en 1998.
El programa para el que se fijó una meta de erradicación de 30.000 hectáreas de coca, marihuana y amapola en 1997 se inició el día 12, con acciones que incluyen la cooperación del ejército con la policía.
Luego de la polémica entre Colombia y Estados Unidos por la cantidad de cultivos ilícitos sembrados y erradicados, Bogotá y Washington acordaron poner en vigencia un programa de verificación conjunta, que había sido establecido en un protocolo firmado por los dos paises a fines de 1996.
El ministro colombiano de Justicia, Carlos Medellín, dijo que con esta verificación se busca poner término a los inconvenientes creados por las diferentes cifras que otorgan los dos gobiernos.
Estados Unidos consideró sobredimensionada la cifra de 27.000 hectáreas destruidas que dio Colombia en su informe para al proceso de evaluación de su cooperación en la lucha antidrogas, que culminó el 1 de marzo con su descertificación.
Washington consideró que el aumento de cultivos ilícitos, que calcula en 67.000 hectáreas mientras Colombia las estima en 50.900, se debe a la ineficacia del herbicida glifosato, por lo que reclama su sustitución por un granulado de mayor poder.
El programa de erradicación de cultivos en Colombia es supervisado por un satélite estadounidense, que según la policía local ha registrado una cifra muy inferior a la realmente erradicada, por lo que el país sudamericano contratará un satélite francés que hará el papel de arbitro.
El Consejo Nacional de Estupefacientes de Colombia determinó que en principio se continuará aplicando el glifosato, pero el Ministerio de Justicia anunció que se estudia un sustituto granulado, en una lista de 17 productos.
El Consejo de Seguridad aprobó el día 11 el inicio de la primera fase del programa en los departamentos de Guaviare (sudeste) y Huila (centro). La segunda abarcará Caquetá y Putumayo (sur), y Meta (este), y la tercera Vaupés, Guainía, Vichada y Arauca (este), y Bolivar (norte).
El Consejo de Seguridad recomendó además la adquisición de equipos para la lucha antidrogas, que se adquirirán con fondos provenientes de la expropiación de los bienes de narcotraficantes.
El ministro de Defensa, Guillermo González, anunció que con esos fondos se comprarán de ocho a 10 aviones, se alquilará una flotilla de fumigación y elementos de protección para los funcionarios que cumplen estas labores.
Con esta medida se busca "ser ciento por ciento autónomos en la ejecución del programa de fumigación", dijo el ministro de Justicia.
El analista Ricardo Vargas, del Centro de Investigaciones y Cultura Popular (CINEP), sostiene que el gobierno colombiano se enfrenta a una misión difícil, ya que la independencia que se propone buscar se limita sólo al plano técnico y no impedirá que los cultivos ilíicitos sigan creciendo.
Las zonas con dependencia de cultivos ilícitos "necesitan de políticas de Estado concertadas con la sociedad", diferentes al sistema policial contemplado en el plan de guerra a las drogas estadounidense, que eviten que los campesinos sigan cultivando, dijo Vargas.
Cinep estima que hay al menos 20.000 hectáreas más de cultivos ilícitos que la cifra ofrecida por el gobierno, con lo que se aproxima a la de Estados Unidos sobre el área sembrada de coca, marihuana y amapola. (FIN/IPS/yf/ag/ip/97
