La Corte Constitucional de Colombia excluyó la extradición de ciudadanos colombianos, pese a que se encuentra vigente un tratado en la materia firmado con Estados Unidos en 1979.
Con los votos de seis magistrados y la oposición de tres, la Corte se pronunció esta semana contra la posibilidad de la extradición de colombianos, por considerarla inconstitucional
La decisión sepultó la opción que tenía Colombia para ganar puntos ante el gobierno estadounidense, que incluyó el restablecimiento de la extradición entre los elementos de su evaluación de la cooperación de este país en la lucha antidrogas.
Washington negó efectivamente el viernes la certificación a Colombia, que se expone ahora a eventuales sanciones económicas.
La Corte determinó que ninguna autoridad política puede "ofrecer, conceder o solicitar la extradición de nacionales" ni extranjeros por delitos políticos o de opinión, mientras esté vigente la Constitución promulgada en 1991.
El magistrado Fabio Morón, ponenente de la sentencia, manifestó que la decisión hace inaplicables los tratados sobre la materia firmados antes de 1991, aunque se encuentren en vigor.
La Constitución establece en su artículo 35 que ningún colombiano de nacimiento ni extranjero nacionalizado podrá ser extraditado por delitos políticos o de opinión.
Morón explicó que en la decisión se tuvo en cuenta la interpretación jurídica internacional de que la "Constitución es la norma de normas" y por tanto prevalece sobre los tratados.
Los tres magistrados que votaron en contra -Hernando Herrera, Vladimiro Naranjo y José Hernandez- sostienen que los tratados internacionales firmados antes de 1991 prevalecen sobre el derecho interno y deben ser aplicados, salvo que una de las partes lo denuncie ante la Corte Internacional de Justicia.
El jurista Marco Monrroy consideró que Colombia podría ser obligada por la Corte Internacional de Justicia a cumplir el tratado con Estados Unidos ante una demanda de ese país.
Estados Unidos pidió en 1996 la extradición de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del narcotraficante Cartel de Cali, pero la solicitud no había sido respondida a la espera que que la Corte Constitucional se pronunciara sobre la vigencia del tratado.
El tratado con Estados Unidos, declarado inconstitucional en 1987, fue reactivado dos años después, tras el asesinato del candidato presidencial liberal Luis Carlos Galán, por el gobierno de Virgilio Barco (1986-90).
La decisión de Barco fue respondida por los carteles de la droga con una escalada terrorista que se prolongó hasta 1991, dejando un saldo de más de 1.000 muertos.
Tras el fallo de la Corte, al gobierno de Colombia sólo le queda acudir al Congreso para restablecer la extradición, mediante la reforma del artículo 35 de la Constitución en las sesiones ordinarias que se iniciarán en marzo. (FIN/IPS/yf/ag/ip/97
