Los desacuerdos en el gobierno y las amenazas de cárteles de la droga podrían bloquear en Colombia el proyecto de ley para la extradición de colombianos requeridos en el exterior por narcotráfico, exigida por Estados Unidos y prohibida por la Constitución nacional.
El gobierno anunció como parte de su estrategia en la lucha contra el narcotráfico que presentaría al Congreso el proyecto de ley para para reformar el artículo 35 de la Constitución, que impide la extradición de connacionales.
Sin embargo, el presidente Ernesto Samper puntualizó el 16, dos días antes del comienzo del periodo ordinario de sesiones del Congreso, que no presentará la iniciativa si no obtiene garantías de su aprobación.
Samper cree que la decisión de reimplantar la extradición de colombianos acusados en el extranjero de tráfico de drogas debe ser precedida de un debate de fondo, semejante al que se realizó para prohibirla.
La extradición de colombianos está prohibida por la Constitución de 1991, cuya promulgación coincidió con el final de la llamada "época del narcoterrorismo".
Más de 1.000 personas murieron en ese periodo, en una serie de atentados de bandas de narcotraficantes que respondieron de ese modo al esfuerzo de las autoridades por detenerlos y remitirlos eventualmente a tribunales del exterior.
La extradición forma parte de las medidas que Estados Unidos evaluará dentro de seis meses para juzgar nuevamente el desempeño de Colombia contra el tráfico de drogas.
Pero Samper considera que "mientras exista presión internacional" para el restablecimiento de la extradición de colombianos, "será muy difícil que el Congreso se pronuncie favorablemente" sobre el proyecto del Poder Ejecutivo.
Pese a la opinión del presidente, el ministro de Justicia Carlos Medellín se declaró partidario de llevar al Congreso el proyecto de ley.
Medellín declaró que no se apartará de su posición aunque sectores del gobierno se manifiesten públicamente contrarios al proyecto.
"Esto apela a la conciencia individual de cada cual porque es un tema muy delicado…pero el ministro de Justicia ha dicho 10.000 veces que está de acuerdo con la extradición", dijo Medellín.
No obstante, el ministro admitió que la "descertificación" de Colombia comunicada por Estados Unidos el 1 de este mes frenó "el impulso" del debate parlamentario sobre la extradición.
Estados Unidos se negó a certificar el esfuerzo de Colombia contra el tráfico de drogras por considerarlo insuficiente y dio al gobierno de Samper un plazo de seis meses para adoptar correctivos entre los que se cuenta la extradición de supuestos narcotraficantes colombianos requeridos en el exterior.
"Con certificación o no, uno fija una política y tiene un criterio sobre un tema". Esa política "no va a cambiar" porque otro país "diga que estamos descertificados", afirmó Medellín, a quien Estados Unidos considera uno de los funcionarios colombianos de mayor credibilidad.
Agregó que este país se enfrenta a "un problema tan grave con el narcotráfico que necesita de todas las armas legales para combatirlo". Pero también condenó la presión de Washington.
Para Ernesto Samper Nieto, ex asesor de la embajada en Washington, las iniciativas de Medellín son saboteadas por el gobierno, "cuya incoherencia, ilegitimidad y debilidad permitieron que Estados Unidos se sienta con autoridad moral para interferir" en asuntos internos de Colombia.
A juicio de Samper Nieto, las veladas amenazas de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del cártel de Cali, "han causado pánico" en sectores que ahora se oponen a derogar la cláusula constitucional que impide la extradición de colombianos,
Miguel Rodríguez Orejuela confirmó el día 10 ante la Fiscalía el testimonio de su ex contador Guillermo Pallomari sobre los aportes del cártel de Cali a dos parlamentarios actualmente investigados.
Así mismo, afirmó que "podría recordar con más exactitud" qué otras personas recibieron ayuda financiera de la organización.
Sus palabras fueron interpretada por el diario El tiempo como "un nítido mensaje" a los políticos que se habrían beneficiado de contribuciones pecuniarias del cártel de Cali y cuyo voto puede influir en la suerte del proyecto de restablecimiento de la extradición.
El embajador de Estados Unidos en Colombia, Myles Frechette, aseguró que Miguel Rodriguez Orejuela también ofreció pruebas contra Samper.
Estados Unidos cree que Samper recibió 6,6 millones de dólares del cártel de Cali para su campaña electoral de 1994.
Edgar Torres, editor judicial de El Tiempo, señaló la coincidencia entre las amenazas de los narcotraficantes y atentados en las ciudades de Bucaramanga y Barranquilla, donde debía desplazarse Samper.
La policía atribuyó a la guerrilla la explosión de "coches bomba" en Bucamaranga y Barranquilla.
Torres también sugirió que el asesinato la semana última de Gerardo Bedoya, editorialista del diario El País, el segundo en circulación en el oeste de Colombia, podría estar vinculado a la escalada terrorísta del narcotráfico contra el restablecimiento de la extradición. (FIN/IPS/yf/ff/ip/97
