?Qué hace una mujer como ésta en un cargo como éste? es la primera pregunta que asalta al ver a Mónica Fernández, una venezolana de 24 años con aires de yuppie que dirige las cárceles del país desde diciembre.
Pero ella lo tuvo claro siempre, asegura, y sus estudios y su activismo voluntario tenían como destino no un puesto que por su edad ni se planteaba, pero sí un reto vocacional: contribuir a rescatar el sistema penitenciario de la inhumanidad actual.
Fernández, directora de Prisiones del Ministerio de Justicia, es una de las apuestas con que su titular, Henrique Meier, busca romper los nudos de corrupción y perversiones en uno de los mayores focos de violación de los derechos humanos en el país.
"Las prisiones representan la imagen más negativa del país", admite en su despacho, en una entrevista con IPS una mañana muy temprano, enfundada en uno de sus habituales trajes de firma y varias joyas de complemento, "porque no creo que tenga que renunciar a lo que soy, ni a cómo me visto".
"No se puede solucionar de golpe lo que se acumula por 30 años, pero sí puedes solventar, mejorar y cambiar", dice antes de explicar que "mi plan maestro atiende la actividad intramuros y el personal, dos problemas básicos que inciden uno en otro".
Venezuela tiene unos 25.600 presos, de los que sólo 6.600 tienen sentencia de la lenta y criticada justicia local, lo que duplica la población que pueden acoger las cárceles, en algunas de las cuales el hacinamiento alcanza niveles inmanejables.
La violencia interna es tan habitual que sólo los muertos en grupo o los grandes motines llaman la atención, después que en 1995 hubo 239 muertes, que bajaron a 181 al año siguiente, cuando se decomisaron 2.689 armas blancas y 638 de fuego.
Pero en 1996 la sensibilidad humana de los venezolanos y del mundo fue golpeada por la imagen de los 25 jóvenes reclusos calcinados en el penal capitalino de La Planta, cuando fueron encerrados por custodios militares en una mínima celda.
Este año comenzó mejor, porque el 30 de enero fue cerrado el también caraqueño retén de Catia, un emblema del horror penitenciario que será demolido el domingo 16 para integrar un parque, en una exorcización que queda saber si será sólo formal.
Una gerencia moderna, a veces paralela a la anquilosada burocracia del ministerio, una política de estímulos dentro y fuera de las cárceles, exigencias personalizadas para cada funcionario y un trabajo de 18 horas siete días a la semana, son las recetas con que Fernández intenta cambiar las cosas.
De larga melena rubia, menuda, con ojos alertas y manos pocas veces en descanso, la directora parece relajarse sólo en los patios de alguna de las 33 prisiones de Venezuela, donde cambia la minifalda y los zapatos de tacón alto por la comodidad de los "jeans" y los "tenis" para jugar "softbol" con los presos.
Estudió las carreras de derecho y educación al mismo tiempo, se graduó con honores en ambas, hizo un postgrado en ciencias penales y criminológicas y pasó mientras a ejercer de docente en una universidad y a actuar brevemente como litigante.
Pero desde antes, el voluntariado en la consultorba jurídica y en áreas deportivas de algunos penales fue el centro de su actividad, hasta que a mediados de 1996 el entonces nuevo ministro la puso al frente del departamento de beneficios para penados y meses después en su actual cargo.
"Cuando llego aquí es claro que hay crisis de gerencia, que se reacciona y no se evalúa ni se sacan lecciones", explica. Además "hay el gran problema de la acción epiléptica ante las emergencias, mientras no se proyecta a largo plazo", resume.
El presupuesto total de su dirección no llega a los 17 millones de dólares anuales para atender a todas las cárceles, los traslados de presos y las 10 unidades a su cargo.
Un personal con sueldos irrisorios, impreparado y desmotivado es otro ingrediente crítico. "Un vigilante gana 64 dólares al mes, mientras soporta un proceso de 'prisonización', porque no es sólo el preso el que lo sufre, sino todos nosotros", explica.
Pero Fernández insiste varias veces en que "nadie te obliga a trabajar en prisiones", y explica que en 1996 se echaron 350 funcionarios y este año hay una depuración en marcha, incluidos muchos directores de penales, para pasar a crear 500 nuevos cargos con un perfil y una selección distinta.
Su salario apenas llega al equivalente de 445 dólares, pero su caso es especial: es soltera, sin hijos y forma parte de una familia de inmigrantes con altos recursos, "lo que siempre me sensibilizó a que tenía que devolver algo de lo mucho recibido".
Otra herramienta es integrar a la sociedad civil. "La cárcel no es del ministerio sino de la sociedad y el preso está ahí por un sistema de punición del Estado", dice, y cuenta que se apoya mucho en los voluntarios y en la colaboración de las empresas.
Reconoce que "las cárceles se han convertido en un negocio", que ha enquistado muchas mafias y admite problemas con la militar guardia nacional, que tiene la custodia externa de los penales, pero también interna en algunos centros explosivos.
"Pero esos problemas los estamos solventando con reuniones semanales muy positivas con su máximo comandante", aclara antes de precisar que "nuestros funcionarios son ahora requisados por la guardia antes de entrar, así que ahora el ingreso de armas o de droga tiene una responsabilidad más clara".
Fernández se humaniza cuando habla de los presos, aunque dice que "acostumbrados a la violencia y al desorden, crear otra cultura carcelaria es difícil y largo y ellos sé que me aprecian y me respetan, pero conocen que exijo disciplina a las reglas".
"Son mis novios y mis hijos, pero no dudo en mandar a alguien personalmente al 'tigrito' (celda de castigo) cuando incumple una norma", dice mientras en su mesa reposan decenas de misivas de presos y presas con sus dramas o con denuncias, y su despacho está adornado con artesanías regaladas por ellos.
Para su manutención tiene menos de un dólar diario, pero asegura que es suficiente para una dieta balanceada y ajustada por nutricionistas. "Pero no voy a engañar: hay un gran desvío de esa partida y eso afecta mucho la alimentación", indica.
Sobre la lenta justicia trata de ser diplomática, aunque señala que "con un índice de procesados sin sentencia de más de 80 por ciento, no hay ninguna solución profunda posible".
Añade que se está haciendo un gran esfuerzo para agilizar los traslados a los tribunales cuando el interno es requerido, con compra de vehículos y alquiler de otros, "pero nos pasan cosas como que un tribunal pide 45 procesados, los llevamos y sólo atiende a siete".
Se queja de un sensacionalismo informativo que pone exclusivo acento en lo negativo, "lo que ni quiero ni pido que se calle". Pero se interroga, por qué no se habla nunca de las multiplicadas actividades deportivas y culturales, los nuevos programas de trabajo o los premios y estímulos a internos y carceleros.
"Tenemos una de los mejores orquestas de salsa del país, formada por presos, pero jamás he logrado que un periodista vaya a verlos cuando actúan", asegura.
No sabe cuánto permanecerá en el cargo, "sé que es quemante y pueden echarme en cualquier momento", más cuando es políticamente independiente y no tiene padrinos en los partidos.
"Cuando llegué, el Congreso pidió mi currículo, y cuando no pudo decir nada, algunos comenzaron a criticar que soy demasiado joven, y aún peor, mujer". Tampoco faltó quien asegurara q ser una vergüenza ante nosotros y ante los demás, y la sociedad entera es corresponsable en esta tarea", concluye. (FIN/IPS/eg/jc/pr-ip/97
