El informe sobre Cuba presentado este jueves a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas consigna que persiste el hostigamiento contra los disidentes pero acepta que han disminuido las condenas y el deterioro de la economía parece haberse detenido.
El autor del documento, el relator especial Carl-Johan Groth, de Suecia, se basó en denuncias de ciudadanos y de organizaciones cubanas recogidas en el exterior porque el gobierno de La Habana sigue sin autorizar su visita al país.
Groth refirió que las acciones contra los grupos disidentes cubanos consistieron en un hostigamiento "intenso" por parte de los agentes de la seguridad del Estado.
Los métodos de las autoridades cubanas para desmembrar a la oposición incluyen, dijo, amenazas, visitas intimidatorias a casas de los activistas y sanciones en causas por supuestos delitos económicos cuando en el fondo son actividades políticas las que las provocan.
Sin embargo, constató, el número de procesamientos y condenas, así como su duración, ha disminuido de forma considerable en comparación con años anteriores.
El cambio puede obedecer a razones variadas, evaluó el informe del relator especial, pero entre ellas se cuentan la atención de distintas instancias internacionales y el diálogo crítico que han mantenido con Cuba varios países y grupos regionales, en especial los europeos y latinoamericanos.
De todos modos, insistió Groth, resulta esencial el trabajo realizado por personas y grupos que se dedican a reunir y dar a conocer la información sobre violaciones a los derechos humanos.
Los que trabajan dentro del país merecen reconocimiento y protección de la comunidad internacional, estimó pues "ser disidente en Cuba es hoy tan incómodo y arriesgado como lo ha sido en los últimos años".
En la misión diplomática de Cuba ante los organismos internacionales de Ginebra se informó este jueves a IPS de que no había funcionarios disponibles para comentar el documento del relator.
El informe, que será debatido en el actual período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que concluye el 18 de abril, se ocupó también de la Ley Helms-Burton, una norma dictada por Estados Unidos para endurecer el embargo económico contra Cuba.
La Helms-Burton y la Ley Torricelli, que condicionan el levantamiento del embargo a medidas y plazos específicos, determinan que Estados Unidos se arrogue el derecho de ser el actor externo que aspira a imponer las reglas del cambio del sistema actual por otro más pluralista.
El episodio que desencadenó la sanción de la Ley Helms-Burton, el derribo -el 24 de febrero de 1996- de dos avionetas civiles matriculadas en Estados Unidos por obra de aviones de la Fuerza Aérea de Cuba, fue censurado por el relator especial.
El derribo de las aviones y la muerte de cuatro tripulantes fue "un hecho premeditado y constituye una violación del derecho a la vida de cuatro personas", estimó Groth.
En su informe el relator pregunta si en el gobierno de Cuba existe interés en provocar incidentes que generen nuevos obstáculos en las difíciles relaciones con Estados Unidos.
De la misma manera, el relator consideró legítimo preguntar por qué Washington no tomó medidas efectivas para impedir que los vuelos de esas avionetas continuaran realizándose "de manera tal que era previsible un desenlace trágico".
Groth dedujo que "una posible razón es la existencia en Miami de grupos cuya relevancia depende del mantenimiento de la política de confrontación entre los dos países".
El reporte analizó que "la caída libre de la economía cubana parece haberse detenido".
Llamó también la atención sobre el hecho de que el régimen cubano sobreviva políticamente después de perder abruptamente un tercio de su producto nacional.
De ese fenómeno se desprende -sostuvo- que el régimen gozaba de una mayor credibilidad y reservas de lealtad en amplias capas de la población que lo que muchos observadores estimaban.
El informe resaltó que las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Cuba para sacar al país de la grave crisis "de alguna manera estarían contribuyendo a paliar su crudeza".
El relator especial recibió de agrupaciones que actúan dentro de Cuba una lista de personas que cumplen condenas por delitos de tipo político, que comprende 1.173 nombres.
Si bien en el último año el número de personas procesadas por delitos de tipo político parecería haber disminuido, todas las otras formas de hostigamiento no han seguido la misma tendencia, precisó.
Algunas fuentes no gubernamentales informaron que alrededor de 150 personas que cumplían condena por delitos con connotaciones políticas fueron liberadas en 1996.
El reporte refirió numerosos casos individuales de personas detenidas, procesadas y condenadas.
Las listas incluyen a numerosos periodistas independientes, como Rafael Solano, director de la agencia de prensa Habana Press, y Roxana Valdivia, presidenta de la agencia Patria.
Groth consignó que "entre los colectivos que han continuado siendo víctimas de medidas represivas figura igualmente el de los periodistas que tratan de desempeñar su trabajo al margen de la prensa oficial y que han creado varias agencias de noticias con criterios estrictamente profesionales y sin filiación política". (FIN/IPS/pc/dg/ip-hd/97
