La tentativa de un grupo político de conocer el destino de los prisioneros desaparecidos demostró que la tensión persiste en Uruguay entre la sociedad y los militares, 12 años después de la restauración del régimen democrático.
El reclamo ante la justicia del senador Rafael Michelini, líder del centroizquierdista Nuevo Espacio, de búsqueda de los restos de uruguayos secuestrados por motivos políticos durante el régimen de facto (1973-1985), provocó una fuerte reacción del gobierno, de los partidos políticos y de los militares.
Michelini aseguró al juez Alberto Reyes que una cantidad indeterminada de cadáveres de desaparecidos están sepultados en el cuartel del batallón 13 de infantería, en Montevideo y en el 14 de paracaidistas, en Canelones, próximo a la capital del pais.
El senador Zelmar Michelini, padre del denunciante, fue secuestrado y asesinado en mayo de 1976 en Buenos Aires, donde estaba exiliado con su familia.
Grupos humanitarios afirman que 164 uruguayos fueron secuestrados por militares o policías en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, cuyas Fuerzas Armadas se asociaron en los años 70 y a principios de los 80 para reprimir a opositores.
Michelini dijo que obtuvo la información sobre los supuestos cementerios clandestinos del general retirado Alberto Bellestrino, quien durante la dictadura ocupó cargos de relevancia, y que el intermediario entre ambos fue el secretario de la Presidencia, Elias Bluth.
Ballestrino, a quien se le atribuyen simpatías por el nazismo, nunca fue acusado de intervenir directamente en violación grave de los derechos humanos.
El juez Reyes decidirá a partir de este lunes si la denuncia de Michelini está comprendida en la ley de 1986 que anuló los juicios contra policías y militares acusados de participar en la represión ilegal, o por el contrario, si procede la investigación solicitada.
De pronunciarse por la segunda de las dos hipótesis, Reyes encontrará un muro difícil de sortear.
En efecto, el comandante en jefe del ejército, general Raúl Mermot, ordenó a todas las unidades de su fuerza que impidan el acceso del juez si éste pretende realizar la investigación.
Las instrucciones cursadas por Mermot a sus subalternos "consolidan la solidaridad de la cadena de mando" frente a la cuestión de los desaparecidos, según destacó el comandante en su comunicado.
Mientras, el general retirado Daniel García, ex jefe del ejército, advirtió que la iniciativa de Michelini supone una "apuesta a la confrontación" con las Fuerzas Armadas.
"Si buscan guerra, no tenga duda que la van a tener. A quien siembre vientos de guerra, fatalmente los vientos de la guerra lo van a abrazar", declaró García.
El camino iniciado por el legislador parece difícil de transitar.
Pocas horas después de la denuncia de Michelini, Bluth hizo pública una carta para reprochar al senador haber "quebrado innecesariamente la reserva" de la conversación entre ambos, que habrían compartido "la misma preocupación humanitaria".
La carta de Bluth refleja el pensamiento del presidente Julio Sanguinetti e indica que se abrió "un precipicio" entre Michelini y el gobierno, cuyas relaciones siempre fueron cordiales, dijo a IPS un informante presidencial.
También Ballestrino contradijo al senador, que aguardaba su testimonio, al afirmar que no está dispuesto a prestyar declaración a la justicia.
En otra carta pública, Ballestrino aseguró desconocer el objetivo de Michelini durante las conversaciones que mantuvo con él y negó haberle proporcionado información.
"Es falso que (yo) haya abierto opinión sobre la realidad o falsedad histórica de la muerte violenta, el sepelio clandestino y/o la transferencia ilícita de cadáver alguno", dijo.
Michelini cree que Ballestrino fue presionado por los oficiales de su promoción, pues todos ellos tuvieron cargos de relevancia en la dictadura.
Los hechos también revelaron discrepancias en la izquierda sobre el camino a seguir.
Tabaré Vázquez, líder del Frente Amplio, una coalición de socialistas, comunistas, democristianos y ex guerrilleros, tomó distancia de Michelini y durante una reunión con militares dijo que es respetuoso de la ley de 1986, refrendada en 1989 por el electorado uruguayo.
Vázquez se declaró partidario de la promulgación de una ley para declarar muertos a los desaparecidos y de que se cumpla el artículo 4 de esa norma, que obliga al Poder Ejecutivo a averiguar el destino de aquellos.
Una encuesta marcó un fuerte descenso de la popularidad de Michelini y señaló que el senador tuvo su mejor momento el último año, cuando encabezó una marcha por "verdad y justicia" en la cuestión de los desaparecidos.
Vázquez, favorito de momento en las encuestas a ganar las elecciones de 1999, comenzó la semana pasada sus primeros contactos con jefes militares.
Los familiares de desaparecidos harán a medidados de abril un planteo formal para que se aplique el artículo 4.
Mientras, la masa de información continúa creciendo. El diputado socialista Guillermo Chifflet anunció que la justicia recibirá información sobre desaparecidos de un país europeo que no identificó.
Según el matutino La República, se trata de información microfilmada que tuvo origen en oficiales desertores de los servicios de inteligencia uruguayos. (FIN/IPS/rr/ff/hd/97
