Sindicatos y grupos de derechos humanos expresaron su beneplácito por la suspensión de los privilegios comerciales a Birmania decidida por la Unión Europea (UE) debido al uso sistemático de trabajo forzado en el país asiático.
El Consejo de Ministros de la UE afirmó el martes que las preferencias establecidas para la importación de productos manufacturados y agrícolas birmanos serán retiradas "hasta que se concluya que las prácticas de trabajo forzado llegaron a su fin".
La Confederación Internacional de Sindicatos Libres (ICFTU) y la Confederación de Sindicatos Europeos (ETUC) saludaron la decisión.
"Es un mensaje claro e inequívoco a Birmania y a todos los gobiernos de que el mercado europeo no está a disposición de países que apelan o toleran la explotación de los trabajadores a través del trabajo forzado o abusos de los derechos humanos", se congratularon ambas en un comunicado conjunto.
"También es una señal dirigida a aquellas compañías que continúan haciendo negocios con la junta militar, que directa o indirectamente se benefician de la brutal explotación, de que llegó el tiempo de retirarse del país o enfrentar el oprobio de sus consumidores y accionistas responsables", agregaron.
Las exportaciones de Birmania a la UE ascienden a 75 millones de dólares anuales. Dos tercios de esas mercancías se importan con reducciones sustanciales de aranceles dispuestas por el selectivo Esquema Generalizado de Preferencias (GSP) dispuesto por el bloque.
El GSP permite a los países en desarrollo acceder a los mercados europeos, pero también establece estrictas cláusulas que prohíben, por ejemplo, la apelación a mano de obra forzada o abusos de derechos humanos en los lugares de trabajo.
Esta es la primera vez que se niega a Birmania el acceso al mercado europeo a través del GSP, lo cual fue considerado por los sindicatos un reconocimiento del vínculo entre el comercio y los criterios laborales.
Sindicatos y organizaciones no gubernamentales reclaman a la Organización Mundial de Comercio (OMC) que incorpore "cláusulas sociales" para asegurar el respeto de los derechos laborales.
Entre las cláusulas propuestas figuran el respeto al derecho a crear e integrar sindicatos, a la negociación colectiva con los empleadores, la prohibición del trabajo infantil y forzado y la no discriminación por género, raza y religión, tanto en la obtención del empleo como en la remuneración.
La negativa de los privilegios comerciales a Birmania es la culminación de una queja presentada por la ETUC y la ICFTU ante la UE en 1995.
La demanda documentaba el uso de trabajo forzado en el país asiático, implementado directamente por el gobernante Consejo de Restauración de la Ley y el Orden del Estado (CRLOE).
La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, comenzó en enero de 1996 una investigación que pudo corroborar las acusaciones a pesar de la negativa del CRLOE a admitir el ingreso de observadores a Birmania.
La organización no gubernamental Human Rights Watch/Asia brindó su testimonio ante la Comisión Europea en marzo y septiembre de 1996. El proceso fue plenamente respaldado por Aung San Suu Kyi, la encarcelada líder de la oposición democrática birmana ganadora del premio Nobel de la Paz.
Una entrevista filmada a Suu Kyi, cuyo registro fue llevado subrepticiamente a Bruselas desde Birmania, fue presentada como evidencia en septiembre.
El Comité Económico y Social, cuerpo consultivo de la UE, manifestó en el proceso que "el gobierno de Birmania, lejos de querer el fin del trabajo forzado, está activamente comprometido en la promoción" de esta práctica.
Por su parte, el CRLOE afirma que el trabajo forzado se basan en la tradición budistas de las tareas voluntarias.
Human Rights Watch/Asia estimó que alrededor de dos millones de birmanos fueron obligados a trabajar sin paga entre 1992 y 1995, con frecuencia en condiciones horrorosas, en obras de infraestructura que promovían la captación de inversiones extranjeras y del turismo.
Con su decisión, la UE "aumenta la presión económica dirigida a poner fin al uso masivo de trabajo forzado", dijo Sidney Jones, director ejecutivo de Human Rights Watch/Asia.
El activista agregó que "la UE debería seguir reclamando el acceso irrestricto de grupos de derechos humanos independientes" a los lugares de trabajo donde se denuncien esas prácticas.
Los sindicatos aseguran que el CRLOE mantiene una "reserva rotativa" de un millón de trabajadores forzados. Aquellos que se rehúsen a integrarlo deben huir del país o, de lo contrario, se arriesgarán al arresto, la tortura y la ejecución.
El trabajo forzado representa 10 por ciento del producto interno bruto de Birmania, según la ICFTU y la ETUC.
"Miles de birmanos murieron después de haber sido reclutados por el ejército para la construcción de carreteras, caminos, puentes y otras obras de infraestructura, incluso centros turísticos", sostuvieron los sindicatos.
"Poblados enteros han sido evacuados por el gobierno para la construcción del gasoducto a cargo de las gigantescas compañías petroleras Total y Unocal", agregaron.
Ambas multinacionales invirtieron en conjunto alrededor de 1.000 millones de dólares en la explotación del depósito de gas de Yanada y en la construcción de un gasoducto entre el golfo de Mataban, en el mar Andaman de Birmania, hacia Tailandia y el golfo de Siam, en el mar del Sur de China.
A fines de 1996, el CRLOE dijo que Birmania recibiría este año más de 4.000 millones en inversiones extranjeras. La mitad de esta suma corresponde a los sectores de petróleo y gas, y la mayor parte del resto se destinará al turismo.
Los principales inversores proceden de Singapur, con 896 millones de dólares, y de Malasia, con 420 millones. (FIN/IPS/tra- en/ns/rj/mj/ip hd if lb/97
