Las muchas veces reiteradas acusaciones al gobierno de Estados Unidos de entrenar a militares de países del Sur en desarrollo en técnicas de contrinsurgencia violatorias de los derechos humanos, podrían ser probadas tras la difusión de documentos reservados y una investigación del Pentágono.
En octubre de 1989, César Joya, un desertor del ejército de El Salvador que admitió haber torturado y asesinado a dos campesinos de su país en julio de 1989, aseguró que dos oficiales de Estados Unidos trabajaron en su unidad. La labor de uno de ellos consistía en compilar listas de nombres de sospechosos.
En ese momento, Estados Unidos negó terminantemente toda responsabilidad.
"Rechazamos enérgicamente toda acusación de que funcionarios estadounidenses supieran o toleraran la violación de derechos de ciudadanos salvadoreños", declaró el Departamento de Estado, subrayando que "Joya es un torturador y asesino confeso".
Ocho años después, aún no se sabe si Joya decía la verdad, pero la reciente liberación del secreto de varios documentos y una investigación interna del Pentágono podrían avalar sus acusaciones.
El inspector general del Pentágono reconoció que los entrenadores militares de Estados Unidos a fines de los 80 utilizaron copias en español de siete manuales de contrainsurgencia y los distribuyeron entre sus colegas de América Latina.
Los manuales se basaron en los originales en inglés escritos durante la época de la Alianza para el Progreso a mediados de los años 60 como parte de lo que se llamó "Proyecto X".
Recomendaban tácticas como la ejecución de sospechosos de ser guerrilleros, el secuestro de familiares de los insurgentes, chantaje, abuso físico, y el pago de recompensas por la muerte del enemigo.
"Esta es la primera evidencia tangible y documentada del papel de Estados Unidos en la violación de los derechos humanos en el Tercer Mundo", afirmó Carlos Osario, investigador del instituto independiente Archivo de Seguridad Nacional.
Reflejando el testimonio de Joya sobre su compañero de oficina, un manual de contrainteligencia proponía la compilación de listas de objetivos prioritarios divididos en "negro, gris y blanco".
En la lista negra, se recomendaba que los oficiales incluyeran "las identidades y ubicaciones de personas cuya captura y arresto es de máxima importancia para las fuerzas armadas".
Entre los objetivos se encontraban "dirigentes políticos sospechosos de ser hostiles a las Fuerzas Armadas o los intereses políticos del Gobierno Nacional".
Esa recomendación no conduce necesariamente al tipo de escuadrón de la muerte en que operó Joya, pero brinda información sobre la mentalidad antidemocrática que expresaban los manuales.
"En nombre de la defensa de la democracia, los manuales entrenaron a los militares de América Latina con métodos profundamente antidemocráticos", afirma Lisa Haugaard, del Grupo de Trabajo Latinoamericano.
Haugaard sostiene que sus recomendaciones sobre la lista de objetivos, la vigilancia e infiltración de partidos políticos legales, los sindicatos y las organizaciones estudiantiles eran invitaciones para reprimir la oposición legítima.
Por ejemplo, recomienda que las listas de objetivos sean compiladas para su "detección y neutralización", aunque no explica qué significado exacto tiene el término neutralización.
Los objetivos incluyen a "partidos políticos cuyos objetivos, creencias o ideologías sean contrarios u opuestos al Gobierno Nacional (y) grupos u organizaciones hostiles cuyo objetivo sea crear la discordia o provocar la inestabilidad entre la población civil".
"Las organizaciones o grupos que puedan ser una posible amenaza para el gobierno también deben ser identificadas como objetivos", expresa el pasaje tomado de "Terrorismo y Guerrilla Urbana".
"Aunque la amenaza no sea aparente, los insurgentes a menudo esconden su actividad subversiva detrás de grupos paramilitares, sindicatos y grupos disidentes", agrega.
En un pasaje sobre "Guerra Revolucionaria", el manual sugiere que las elecciones pueden ser siniestras. Sostiene que los "insurgentes pueden recurrir a las elecciones para subvertir al gobierno reemplazando un funcionario gubernamental que les sea hostil por otro que apoye su causa".
En otro de "Terrorismo y Guerrilla Urbana", se advierte a los alumnos que "muchos terroristas están bien entrenados para subvertir el proceso democrático y utilizar el sistema para avanzar en su causa. La manipulación conduce a la destrucción del sistema democrático".
El inspector militar sostiene que los originales en inglés fueron entregados a alumnos del Tercer Mundo, incluyendo a los que asistían a la Escuela de las Américas dirigida por el Pentágono en Panamá, desde mediados de los años 60 hasta 1977, cuando la práctica se detuvo con el presidente Jimmy Carter.
Cuando la guerra de Ronald Reagan contra el comunismo se reavivó en América Central en 1982, los manuales se utilizaron otra vez para cursos de inteligencia militar en la Escuela de las Américas.
A pesar del "material censurable" en los manuales que entraban en conflicto con la doctrina legal y militar de Estados Unidos, el Pentágono autorizó su utilización.
El informe del inspector general sostiene que los manuales en español fueron redactados en 1987 por oficiales del ejército estadounidense en Panamá.
Los consejeros de Estados Unidos distribuyeron hasta mil copias en América Latina. En 1989, la Escuela de las Américas los utilizó con estudiantes de Bolivia, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú, Venezuela y Costa Rica.
La distribución se detuvo en 1991 cuando los oficiales del pentágono hallaron "material inadecuado que viola las leyes y políticas de Estados Unidos y el Pentágono".
No se sabe cuántos manuales se entregaron a las unidades de inteligencia militar en el Tercer Mundo, en parte porque los archivos del Proyecto X fueron destruidos sistemáticamente después de la resolución de 1991.
El informe del inspector general sostiene que se utilizaron en la Escuela de Inteligencia de Estados Unidos en Okinawa para entrenar a alumnos de Vietnam y "personal de naciones aliadas" en la década de los 60 y en Irán en los 70.
Hasta el momento, el Pentágono minimizó la importancia de los manuales, subrayando que sólo "dos docenas de pasajes breves" fueron problemáticos en más de 1.000 páginas de texto. El informe del inspector general no halló evidencia de un "intento deliberado y orquestado" de violar las políticas del Pentágono.
Concluyó que no era "necesaria una investigación ulterior para evaluar las responsabilidades individuales".
Pero los críticos, incluyendo al legislador Joseph Kennedy, no están de acuerdo. Una investigación realizada por la oficina de Kennedy reveló que por lo menos dos oficiales de la Escuela de las Américas denunciaron el material censurable ante sus superiores a mediados de los 80 pero fueron desestimados.
El congresista se propone presentar un proyecto de ley que prohíba que un agente de Estados Unidos enseñe o distribuya materiales que toleren o respalden las tácticas citadas en los manuales.
El Pentágono insiste que el problema es cosa del pasado. "Es una cuestión histórica y sujeto de investigación histórica", expresó la semana pasada al diario The Washington Post el vocero del Pentágono, comandante Joe March.
Sin embargo, Osario no está de acuerdo. "Esto no es una cuestión histórica para decenas de miles de latinoamericanos", afirma. (FIN/IPS/tra-en/jl/yjc/aq-jc/hd/97
